Fondos públicos, negocios privados

“A la espera de la publicación del informe completo, Omal junto con Paz con Dignidad, nos adelantan este informe ejecutivo imprescindible.
El apoyo de los estados a las empresas transnacionales radicadas en su territorio (España en este caso) se realiza a través de un rosario de instituciones: BEI, ICO, CESCE, COFIDES y FIEM que con la excusa de aportar efectos positivos a la pequeña y mediana empresa favorecen mayoritariamente a las grandes sin que por ello se las exija ni se hayan producido avances significativos contra los impactos en materia de Derechos Humanos, sociales, económicos ambientales y culturales que provocan.

 (Informe OMAL nº 22, marzo de 2020)

Resumen ejecutivo

Los gobiernos de origen de las empresas transnacionales desarrollan un mosaico de políticas, medidas y órganos para favorecer la internacionalización de los negocios de las grandes corporaciones. Los Estados impulsan la política de internacionalización empresarial a través del fomento de la exportación de bienes y servicios, la promoción de la inversión fuera de las fronteras o la atracción de inversiones extranjeras en el propio territorio.

El apoyo financiero con fondos públicos a la inversiones de las empresas españolas en otros países se materializa mediante diferentes entidades: unas que ejercen de banca pública, otras que gestionan seguros por cuenta del Estado, otras que disponen de fondos específicos para la internacionalización. Las principales entidades y mecanismos que han puesto en marcha la Unión Europea y el Estado español para apoyar la expansión global de las grandes empresas son el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), la Compañía de Financiación del Desarrollo (COFIDES) y el Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM).

El Estado español ha sostenido un importante apoyo financiero a la internacionalización empresarial de grandes dimensiones: entre 2006 y 2018, ha gestionado un total de 16.662 millones de euros, fundamentalmente en créditos y participaciones de capital. A esto hay que añadir la actividad aseguradora de CESCE: en 2018, los riesgos en vigor de los seguros por cuenta del Estado de esta compañía sumaban un valor de 15.154 millones de euros. El BEI, en ese mismo período, ha concedido créditos a las inversiones españolas en América Latina por un valor de 2.636 millones de euros.

Oficialmente, el respaldo de los Estados a la internacionalización suele justificarse por sus efectos positivos para las pequeñas y medianas empresas. La realidad, sin embargo, es que las grandes empresas están muy presentes en todos estos mecanismos de apoyo estatal. Estos proyectos de internacionalización empresarial apoyados con fondos públicos, como ilustran los casos que se exponen en este informe, están asociados a toda una serie de impactos sociales, económicos, ambientales y culturales. Sin embargo, a pesar de las reclamaciones de las organizaciones de la sociedad civil, no se han producido avances significativos a la hora de promover mecanismos efectivos de evaluación, seguimiento y control de los impactos de estas actividades empresariales sobre los derechos humanos.

Seguir leyendo...

Top