Burocracia sindical, UGT: un gran negocio de más de 40 milones para algunos

- El exsecretario general de UGT Andalucía F. Fernández Sevilla, con otros cuatro excargos y diez proveedores se sentarán en el banquillo, acusados de urdir una supuesta trama para financiarse de manera irregular.

- En Asturias también están procesados: el exsecretario general Justo Rodríguez Braga y otros cuatro cargos más de UGT, junto con tres empresas colaboradoras

 

Joe Molina, Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57

 

El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general de UGT-Andalucía Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda exsecretario general de Administración y extresorero de UGT-A, María Charpín secretaria de gestión económica y Enrique Goicoechea consejero delegado de Soralpe, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía y el destino del cual fue la presunta financiación ilegal de sindicato.

Se los acusa de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante las cuales habrían sido defraudados 40.750.047 de euros de subvenciones públicas destinados a la formación de parados y trabajadores.

Todos ellos tienen que hacer frente de manera conjunta a una fianza por responsabilidad civil de 40,7 millones, y compromete también las finanzas de la federación regional del sindicato, a la cual se le requiere la misma fianza de 40,75 millones de euros «en concepto de responsable civil subsidiaria

En el banquillo de los acusados se sentarán, además, diez administradores de ocho empresas proveedoras del sindicato como «cooperadores necesarios» en el desvío de fondos públicos. Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte, y Carpetas Abadía, y se enfrentan a fianzas que suman mes de 4 millones de euros.

La manera de llevar adelante tales desfalcos eran: por un lado los llamados “rappel”, procedimiento mediante el cual el sindicato se beneficiaba de descuentos realizados por los proveedores sin que fueran declarados a la Administración, por otro se generaban pagos a proveedores mediante facturas simuladas que no se correspondían a ningún servicio prestado, y finalmente la cesión en usufructo de locales propios de UGT a la mercantil Soralpe, de la cual UGT-A era socio único, lo cual generaba un gasto en alquileres falso.

Lamentablemente no todo se cirscunscribe en Andalucía. Ya en marzo de 2019, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de las Palmas de Gran Canaria, Florencio Luis Barrera, dictó un auto de procesamiento contra 26 personas que irán a juicio por el llamado caso Fundescan (Fundación Canaria para el Desarrollo Social). De nuevo se investigan los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude por la adjudicación de subvenciones públicas a miembros de este patronato que también pertenecen a UGT Canarias y la finalidad de la cual era tapar agujeros del sindicato. Entre los investigados está el consejero de Ocupación del Cabildo grancanario, Gilberto Díaz y los exsecretarios generales de UGT Carlos Ucha y Juan Francisco Font

El fiscal Ricardo de Mosteyrín, encargado del caso Fundescan, en su escrito de acusación pide multas y responsabilidad civil que suman en total más de 40 millones de euros para los nueve acusados en este procedimiento, además de penas de prisión que van desde los tres hasta los nueve años por la presunta autoria de tres delitos contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de subvenciones.

Una vez recibidas las subvenciones entre 2006 y 2009 , según el acto, en lugar de transferirlas directamente a la fundación, una parte de estas se desviaron a UGT Canarias y destinadas a cubrir gastos propios del sindicato.

Y por si no fuera suficiente, en diciembre del pasado año en Asturias, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo dictó un acto por el cual acuerda el procesamiento de seis exdirigentes y técnicos de UGT Asturias y del propio sindicato como persona jurídica por su responsabilidad en cinco delitos de fraude de subvenciones en los cursos de formación por un importe de 1,46 millones de euros entre 2010 y 2014.

En este caso los procesados son: el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, Manuel Díaz Cancio, exsecretario de formación, Alberto González Castaño, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones, Silvia Sariego Ferrero, encargada de las mismas funciones en la delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación del sindicato, que recibió más de 750.000 euros, Mónica Menéndez Vázquez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y María Jesús Ocaña Clemente, administradora única de Localmur, una de las tres organizaciones implicadas en la trama junto a Infastur y Formación 2020.

El procedimiento es el mismo básicamente. La presunta creación de un sistema de facturación de horas de alquiler de locales y aulas facturando un coste superior al valor de mercado, el alquiler de equipos didácticos sin que conste la adquisición de estos equipos, o la justificación de gastos de personal sin ninguna relación directa o indirecta con los cursos subvencionados.

No parece haber suficientes calificativos para estos “presuntos” defraudadores. Resulta impensable creer que desde las altas direcciones sindicales tales comportamientos pasen ocultos una y otra vez. Estamos hablando de unas cantidades de dinero inmensas. No están defraudando al Estado solo, nos están robando a todos el trabajadores apropiándose de partidas de dinero destinadas a la formación de trabajadores tanto activos como en situación de paro y que tienen el fin de mejorar el nivel de formación necesario que te permita acceder a un trabajo calificado en algunos casos o simplemente aspirar a una ocupación en el caso de otros muchos.

El sindicalismo hace años que está podrido. En las cúpulas como fieles servidores de las patronales y el capital, aceptando y donante por buena la política de ocupación precaria e insegura. Llevan décadas de un pactisme vergonzoso colocando a la clase trabajadora en un alambre de funambulista del cual te puedes caer en cualquier momento y debajo no hay red que te salve, y en las jerarquías intermedias porque estos tres ejemplos nos dan una idea de lo que se cuece aquí dentro.

Tenemos que luchar por organizaciones sindicales transparentes, que realmente estén junto a sus representados y sean capaces de dar el puñetazo en la mesa para decir basta!!!! y esto se consigue con una unidad de los y las trabajadoras organizándonos en los propios centros de trabajo y haciéndole frente al sistema.

http://www.izquierdadiario.es/UGT-un-gran-negocio-de-mas-de-40-milones-para-algunos

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