Derechos humanos y fraude -de Ucrania a Nicaragua-

Imprimir

- Las ONG de derechos humanos financiadas por los las élites corporativas occidentales y sus gobiernos, despliegan falsas afirmaciones sensacionalistas...

- Las élites gobernantes occidentales han corrompido organizaciones e instituciones de derechos humanos en prácticamente todos los niveles con subvenciones y financiación 

 

Stephen Sefton, Tortilla con Sal

La práctica actual de la industria occidental de los derechos humanos no tiene nada que ver con la búsqueda por la verdad. Cada vez más en los últimos años, las élites estadounidenses y aliadas han tratado de legitimar la agresión ilegal, manipulando y explotando el tema de los derechos humanos en sus intentos de recolonizar el mundo mayoritario.

En cualquier crisis, las ONG de derechos humanos financiadas por los las élites corporativas occidentales y los gobiernos que ellas controlan, despliegan falsas afirmaciones sensacionalistas, por ejemplo que las fuerzas policiales están asesinando a manifestantes pacíficos. Estas acusaciones, generalmente falsas, se hacen con el fin de crear un limbo cognitivo de duda y sospecha destinado a incapacitar la oposición a las campañas de recolonización de Occidente. A mediano y largo plazo, el goteo constante de falsas acusaciones contra los países que se resisten a la recolonización, como Siria e Irán, o Cuba, Venezuela y Nicaragua, crean falsos recuerdos, corrompiendo y distorsionando el registro histórico y oscureciendo los crímenes de Occidente contra esos y tantos otros países del mundo mayoritario.

Las élites gobernantes occidentales han corrompido las organizaciones e instituciones de derechos humanos en prácticamente todos los niveles utilizando subvenciones corporativas y financiación gubernamental. Las prácticas corruptas que resultan de este proceso reflejan las técnicas corporativas para cometer el fraude contable y lograr la evasión estratégica de la regulación. Escritores sobre economía como Michael Hudson y William Black, entre otros, han explicado cómo las corruptas corporaciones estadounidenses han explotado estos abusos fraudulentos durante décadas.  El fraude contable no es diferente esencialmente de otras prácticas muy antiguas, por ejemplo de degradar las monedas, adulterar los productos alimenticios o vender productos defectuosos como si fueran aptos para usar. Todas ellas engañan a la gente para que acepten algo que les causa pérdidas, daños y perjuicios.

En los Estados Unidos, las poderosas corporaciones controlan la vida política e institucional lo suficiente como para poder cooptar la justicia y escapar a la persecución penal. Esta realidad desplaza del mercado a las prácticas comerciales y financieras honestas y socialmente responsables. Paralelamente al fraude contable por parte de las principales instituciones financieras, otras empresas multinacionales, por ejemplo las empresas petroleras, mineras o de tecnología de la información, aplican lo que varios escritores llaman una estrategia de "un velo de niveles" que falsea o esconde sus ganancias a fin de evitar la reglamentación fiscal o el enjuiciamiento judicial. Más legítimamente, en el ámbito de los seguros, la estrategia del "velo de los niveles" difunde de manera dispersa los riesgos asociados a posibles litigios. La industria internacional de los derechos humanos utiliza técnicas similares para justificar y disfrazar los ataques de Occidente contra los pueblos del mundo mayoritario.

La dependencia de las ONG internacionales de derechos humanos de la financiación corporativa y gubernamental y de la publicidad a través de los medios corporativos y las relaciones públicas a lo largo del tiempo ha generado la ósmosis de la práctica corporativa corrupta a la industria de los derechos humanos. Escritores como Cory Morningstar han analizado exhaustivamente cómo esta toma de control por parte de la cultura corporativa del "complejo industrial sin fines de lucro sirve a la hegemonía como un sofisticado mecanismo simbiótico afinado en un continuo estado de metamorfosis y refinamiento. La élite gobernante canaliza una cantidad inconmensurable de recursos y herramientas a través de estas organizaciones para fortalecer, proteger y expandir aún más las formas existentes de estructuras de poder y dominación global".

En el contexto de los derechos humanos, el fraude contable empresarial adopta la forma de acusaciones políticamente motivadas, falsas y sensacionalistas, basadas en investigaciones atrozmente unilaterales, a menudo vacíos de acontecimientos verdaderos, que a veces utilizan falsas reconstrucciones pseudocientíficas. La responsabilidad por estas falsas acusaciones se difumina de manera dispersa mediante una estrategia del "velo de niveles" que comienza en un nivel bajo con pequeñas ONG de derechos humanos locales o nacionales. Luego progresa a través de ONG internacionales de derechos humanos más grandes y también contratistas privados auxiliares hasta llegar a las instituciones regionales de derechos humanos, para finalmente llegar a las organizaciones de las Naciones Unidas y, en última instancia, a los niveles más altos del sistema jurídico internacional de derechos humanos. Al excluir la corroboración independiente, el intercambio de un nivel a otro imparte una espuria legitimidad mutua de grados variables entre las organizaciones e instituciones involucradas.

El proceso es cuasijudicial y las organizaciones no enfrentan ningún interrogatorio externo, de modo que intentar contrarrestar las falsas acusaciones es sumamente difícil, si no imposible, especialmente a corto plazo. En todo caso, la industria de los derechos humanos es aún menos regulada que las empresas multinacionales. Dos ejemplos recientes, entre otros innumerables, confirman la monopolización progresiva de la industria de los derechos humanos por las prácticas corruptas corporativas. Tanto contra el gobierno de Ucrania en febrero de 2014 como contra el gobierno de Nicaragua en mayo de 2018, las ONGs occidentales de derechos humanos hicieron acusaciones muy similares de que sus fuerzas policiales asesinaron indiscriminadamente a manifestantes pacíficos. En ambos casos, las acusaciones eran falsas.

En ambos casos, el contexto de las muertes fue un violento intento de cambio de régimen por parte de una oposición política financiada por el gobierno de los Estados Unidos. En el caso de Ucrania, la oposición había sido apoyada durante más de veinte años con fondos del gobierno de los Estados Unidos que ascendían a más de US$5,000 millones, como confirmó en 2013 Victoria Nuland, entonces Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Esa financiación del gobierno de los Estados Unidos se sumaba a la financiación de parte de oligarcas corporativos de los Estados Unidos como Pierre Omidyaar y George Soros. El acontecimiento más notorio de la campaña de cambio de régimen en Ucrania tuvo lugar entre el 18 y el 20 de febrero de 2014, cuando más de 70 personas fueron asesinadas en la plaza Maidan de Kiev durante los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La masacre condujo al derrocamiento del gobierno legítimo y su sustitución por un régimen fascista cliente de EE.UU.

Después del evento, incluso la CNN se sintió obligada a informar sobre una conversación filtrada entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas Paet, y Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión de Relaciones Exteriores, en la que Paet confirmó que un médico pro-oposición que atendía a los manifestantes heridos afirmó que eran los francotiradores de la oposición, y no las fuerzas de seguridad del gobierno, que habían disparado a los manifestantes. Ese reporte fue seguido por la emisión de entrevistas del la televisión italiana aquí y aquí, con francotiradores mercenarios que confesaron haber disparado tanto a los manifestantes como a la policía durante las protestas de Maidan en febrero de 2014. Los mercenarios fueron agraviados por no haber recibido el pago prometido por las personas alineadas de la oposición que los contrataron. Aun así, las autoridades ucranianas anunciaron que su investigación sobre los disparos había concluido, simplemente repitiendo las falsas acusaciones contra el anterior gobierno ucraniano, a pesar de las pruebas categóricamente claras de lo contrario.

Una parte prominente de la falsa argumentación de los fiscales del nuevo gobierno de Ucrania fue una reconstrucción virtual de los acontecimientos por un contratista privado de Nueva York llamado SITU Research, cuyo trabajo en materia de derechos humanos es financiado por algunas fundaciones privadas de oligarcas estadounidenses, como la Fundación MacArthur, la Fundación Oak y las Fundaciones Open Society. En un detallado estudio académico, Ivan Katchanovski, de la Universidad de Ottawa, ha expuesto como falsa la reconstrucción por parte de SITU Research de los tiroteos de Maidan, demostrando, por ejemplo, que en varios casos las imágenes de SITU Research desplazaron la ubicación en los cuerpos de los víctimas de las heridas indicados en los respectivos informes de las autopsias forenses para así ajustarse a las conclusiones del vídeo. El análisis detallado de Katchanovksi se basa en otras pruebas omitidas por SITU Research que también contradicen las afirmaciones de su reconstrucción virtual, por ejemplo, el testimonio de 25 manifestantes heridos de la oposición que declararon que les dispararon desde edificios controlados por la oposición.

Katchanovski señala que numerosas imágenes de vídeo y de diferentes canales de la televisión muestran a francotiradores y tiradores de la oposición en edificios controlados por la oposición. Esas imágenes están respaldadas por más de 150 testimonios que confirman que los francotiradores dispararon desde esos lugares. Katchanovski también señala que Brad Samuels, socio fundador de SITU Research "dijo en un video [que comienza a las 55:16] que '...eventualmente, hay un consenso de que había un tercero actuando. Está claro por las pruebas forenses que la gente fue disparada por la espalda. Alguien estaba disparando desde los tejados". " Katchanovski comenta que la "impactante observación de Samuels no fue incluida en ningún lugar del informe del modelo 3D de SITU que él produjo." El análisis crítico de Katchanovski del material de la investigación de SITU Researchy de la investigación oficial del nuevo gobierno de Ucrania sobre la masacre de Maidan nunca ha sido seriamente cuestionado.

Similares acusaciones falsas que ignoran mucha evidencia contradictoria, fácilmente disponible y también usando un modelo virtual de SITU Research, se han hecho contra el gobierno de Nicaragua. El 30 de mayo un órgano subsidiario de la Organización de Estados Americanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y SITU Research publicaron conjuntamente un video que supuestamente prueba que la policía de Nicaragua disparó y mató a manifestantes desarmados en una manifestación el 30 de mayo de 2018. Sin embargo, un análisis detallado del vídeo muestra que también en este caso SITU Research ha tergiversado los datos, específicamente la distancia entre la policía y los manifestantes en el lugar, que en realidad era de unos 175 metros, a fin de armonizar la realidad de lo ocurrido con su reconstrucción virtual, que afirma que los francotiradores de la policía dispararon desde una distancia de unos 250 metros.

En las imágenes de vídeo de las protestas en Nicaragua no hay escenas en las que la policía nicaragüense utilice sus armas de fuego. Del mismo modo, al igual que en su falsa reconstrucción de los acontecimientos en la plaza Maidan de Kiev, SITU Research omitió un importante conjunto de información que contradice su relato de los tiroteos en Managua el 30 de mayo. El contexto en este caso también fue de protestas extremadamente violentas de organizaciones financiadas por el gobierno de los Estados Unidos con más de 15 millones de dólares sólo en el período2017-2018. Por ejemplo, tres organizaciones nicaragüenses de derechos humanos recibieron más de US$3 millones de dólares  del Gobierno de los Estados Unidos ese año, al igual que una ONG parte de los medios de comunicación locales. Aunque dos organizaciones de solidaridad escribieron y publicaron una carta abierta a las organizaciones que produjeron el vídeo, cuestionando respetuosamente sus conclusiones, hasta la fecha sólo ha recibido un acuse de recibo formal de la carta sin responder a las preguntas.

Tanto en Ucrania como en Nicaragua, el Gobierno de los Estados Unidos financió a ONGs locales y otras organizaciones de la oposición política en esos países para que hicieran denuncias falsas de violaciones muy graves de los derechos humanos. Un contratista de una empresa privada estadounidense fue financiado por intereses corporativos de los Estados Unidos para producir falso material pseudocientífico que incriminaba injustamente a los gobiernos por esas violaciones. Las ONG internacionales de derechos humanos repitieron las falsas acusaciones sobre la base de esas mismas pruebas falsa y suprimieron abundantes pruebas contradictorias. En su turno, las instituciones regionales de derechos humanos también acusaron a los gobiernos e individuos en cuestión en base a ese mismo material defectuoso.

Las acusaciones son falsas, pero al gobierno nicaragüense y a los miembros acusados del antiguo gobierno ucraniano se les niega una defensa justa. Este mismo proceso se ha repetido una y otra vez contra los gobiernos que se resisten a las políticas de los Estados Unidos y sus aliados. Las organizaciones occidentales de derechos humanos comparten la misma metodología corrupta que sus patrones corporativos y gubernamentales. Hacen afirmaciones falsas, suprimen pruebas inconvenientes, hacen todo lo posible para evitar el escrutinio independiente y evitan sistemáticamente una rendición de cuentas adecuada.

www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9817

http://asturbulla.org/index.php/politica/neoliberalismo/41645-derechos-humanos-y-fraude-de-ucrania-a-nicaragua