La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio perjudica la lucha contra el fraude

 Para Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) la medida podría vulnerar los principios del sistema tributario español, regulados en la Constitución, al suponer un avance más hacia la primacía de los impuestos indirectos sobre los directos.

Ver texto original en la web de los IHE: http://www.inspectoresdehacienda.org/upload/archivo/Documento26.pdf   

       LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
       PERJUDICA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

        Para Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) la medida podría vulnerar
        los principios del sistema tributario español, regulados en la Constitución, al
        suponer un avance más hacia la primacía de los impuestos indirectos sobre
        los directos.
        Se proponen modificaciones en la normativa del impuesto para cumplir con
        sus funciones de control en el fraude fiscal, de blanqueo de capitales y de
        corrupción urbanística.
1.- LAS JUSTIFICACIONES PARA LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO.
En la pasada campaña electoral una de las medidas anunciadas, dentro de la carrera de
rebajas que se produjo entre los diferentes partidos políticos, fue la supresión del Impuesto
sobre el Patrimonio. En cumplimiento de dicha promesa, el Consejo de Ministros aprobó el
pasado 13 de junio el anteproyecto de Ley de supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
Si bien en dicho anteproyecto se habla de supresión, técnicamente lo que se hace es
establecer una bonificación del 100% de la cuota y eliminar la obligación de declarar. Así
pues, lo que queda es un impuesto “fantasma” en el que nadie paga ni nadie declara.
Ninguna de las razones que se han alegado para suprimir este impuesto puede ser
aceptada. En primer lugar, se esgrime el argumento de que es una Impuesto que grava el
patrimonio de las clases medias. Para Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) este
argumento no es admisible, ya que dicha situación viene provocada, fundamentalmente,
porque el impuesto se ha ido desvirtuando a lo largo de los años, ante la falta de tributación
de las grandes fortunas por el valor real de su patrimonio, mediante la utilización de
instrumentos financieros o de otro tipo no regulados convenientemente en la normativa del
impuesto. Por ello, la medida correcta no sería suprimir el impuesto, sino modificarlo para
gravar el valor real de los patrimonios pero incrementando, a su vez, los mínimos o las
reducciones en base para que sólamente paguen cuota tributaria los grandes patrimonios.
Se justifica también la supresión del impuesto al considerar que se produce un doble
gravamen, por la percepción de la renta en el IRPF, y por la posesión de los bienes en que
se materializa la misma. Tampoco este argumento es cierto, ya que siempre ha existido una
limitación conjunta de la cuota de este impuesto y la del IRPF para evitar ese doble
gravamen, regulado actualmente en el 60% de la base imponible del IRPF.
Otra razón utilizada para explicar su supresión por parte del Gobierno es que el impuesto
sobre el patrimonio no existe en muchos países de nuestro entorno. Sería necesario destacar
que, en el caso de España, su existencia responde a dos de los principios fundamentales del
sistema tributario reflejados en el artículo 31 de la Constitución, como son los principios de
progresividad y de tributación, de acuerdo con la capacidad económica.
Por todo lo anterior, si la única razón que queda es el cumplimiento de la promesa electoral,
Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) solicitan al Gobierno la no supresión de este
impuesto y piden que, por el contrario, se modifique su normativa para adaptarlo a la
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realidad económica del país y para cumplir los principios que, según la Constitución
española, debe cumplir el sistema tributario.
2. LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL IMPUESTO.
Según consta en la exposición de motivos de la Ley 19/1991 que regula el Impuesto sobre el
Patrimonio, este da cumplimiento a lo que deben ser sus objetivos primordiales de equidad,
gravando la capacidad de pago adicional que la posesión del patrimonio supone; de
utilización más productiva de los recursos; de una mejor distribución de la renta y la riqueza
y de actuación complementaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Pero lo más importante es que en la citada norma también consta que el Impuesto sobre el
Patrimonio tiene principalmente una función de carácter censal y de control.
Para Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) los objetivos del impuesto, expresados en su
ley de creación, siguen plenamente vigentes, fundamentalmente el que se refiere a su
función de carácter censal y de control.
Las características esenciales del Impuesto sobre el Patrimonio son las siguientes:
     a) Se trata de un impuesto de carácter estatal, cedido totalmente a las Comunidades
        Autónomas.
     b) Los tipos de gravamen son muy reducidos, correspondiendo el tipo más alto, 2,5%,
        a un patrimonio superior a 10.695.996,06 euros. (A excepción de la Comunidad de
        Cantabria que ha aprobado tipos diferentes).
     c) Se tributa, de forma individual, a partir de un patrimonio de 108.182,18 euros,
        estando exenta de tributar la vivienda habitual hasta un determinado importe.
     d) Los ingresos tributarios en el año 2006 fueron los siguientes (millones de euros):
               Territorio de Régimen Fiscal Común                    40,877
               Andalucía                                            122,734
               Aragón                                                50,456
               Asturias (Principado de)                              32,172
               Balears (Illes)                                       41,922
               Canarias                                              37,213
               Cantabria                                             27,353
               Castilla-La Mancha                                    25,711
               Castilla y León                                       61,755
               Cataluña                                             362,929
               Comunidad Valenciana                                 147,344
               Extremadura                                           9,460
               Galicia                                               65,086
               Madrid                                               412,132
               Murcia (Región de)                                    27,244
               Rioja (La)                                            16,677
               Navarra (Comunidad Foral de)                          53,199
               País Vasco                                           127,069
               Nacional                                           1.661,333
                               (Fuente: AEAT. Financiación autonómica)
En la campaña actual se prevé la presentación de 1.050.000 declaraciones del Impuesto,
con una cuota a ingresar por importe de 2.075 millones de euros.
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3. SUPRESIÓN DE LOS                      IMPUESTOS            DIRECTOS.     UNA    MEDIDA
INCONSTITUCIONAL.
La Constitución, que es la norma principal de nuestro sistema democrático, reflejó en su
texto de 1978 los principios que debían regir los impuestos que pagan los ciudadanos. Así,
en su artículo 31 se definen los principios inspiradores del sistema tributario español,
reflejándose que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Teniendo en cuenta dicho precepto, los principios que el sistema tributario en su conjunto
ha de cumplir son los de generalidad, tributación de acuerdo con la capacidad
económica, justicia, igualdad y progresividad. Se diseñó un sistema tributario que
cumplía dichos principios, integrado por unos impuestos directos, con unos tipos impositivos
progresivos que gravaban la obtención de renta, o la titularidad o transmisión de
patrimonio, y unos impuestos indirectos, con unos tipos proporcionales que gravaban el
consumo de bienes y servicios.
La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio se suma a la supresión en la práctica
también del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ambos de carácter directo y cedidos
a las Comunidades Autónomas. Dicha situación supone un avance más en el sistema
tributario español hacia la primacía de los impuestos indirectos sobre los directos, pudiendo
vulnerar los principios del sistema tributario regulados en la Constitución.
Algunos aspectos del sistema tributario español que podrían incumplir los
principios mencionados serían:
    1. La primacía de la imposición indirecta, basada en el consumo, sobre la directa,
        basada en la obtención de renta vulneraría los principios de capacidad económica y
        progresividad.
    2. La tributación de los rendimientos de los instrumentos de inversión de las grandes
        fortunas, (entre ellas las SICAVs), en el Impuesto sobre Sociedades al tipo del 1%
        vulneraría el principio constitucional de tributación de acuerdo con la capacidad
        económica.
    3. La tributación en el IRPF al tipo único del 24% de determinados rendimientos
        obtenidos por no residentes (entre ellos, los altos ingresos de futbolistas) vulneraría
        los principios de justicia, capacidad económica y de progresividad.
    4. La tributación al tipo del 18% en el IRPF de los productos del ahorro vulneraría los
        principios de justicia, capacidad económica y de progresividad.
A pesar de que, a juicio de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), las situaciones
anteriores podrían vulnerar los principios constitucionales del sistema tributario español, al
no existir partes interesadas en recurrir la normativa, no existe un pronunciamiento en este
sentido del Tribunal Constitucional.
A continuación se incide sobre la evolución del sistema tributario español hacia la imposición
indirecta, agravada por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y
Donaciones.
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En el cuadro siguiente se presenta la evolución de los diferentes impuestos en tres
momentos temporales diferentes, 1986,1996 y 2006:
 CÓDIGO                                                   AÑO          AÑO           AÑO
                           TRIBUTO
   SERIE                                                     1986          1996         2006
  1.1.00    IRPF                                      10.244,209  34.345,762    67.576,948
  1.2.00    I. Sociedades                           3.350,402   8.917,391    39.418,487
  1.3.00    I. Renta de no Residentes                         -           -        1.574,813
  1.4.00    I. Sucesiones y Donaciones       240,225     768,989      2.708,120
  1.5.00    I. Patrimonio                               192,727     650,505      1.661,333
  1.0.00    Impuestos directos                14.172,569  44.683,140    112.940,982
  2.1.00    IVA                                             686,662   24.151,118    60.420,129
  2.2.00    I. Especiales                              2.780,685   12.439,71    20.509,573
            I. Ventas Minoristas Determinados
  2.3.00                                                              -            -                  1.282,635
            Hidrocarburos
  2.4.00    I. Transmisiones Patrimoniales    632,866    1.876,732    10.566,758
  2.5.00    I. Actos Jurídicos Documentados 507,026    1.204,068     8.266,195
  2.6.00    Tráfico exterior                                       -       596,901      1.595,391
  2.7.00    I. Primas de Seguros                                     -           -        1.477,538
            Cotización y exacción de azúcar e
  2.8.00                                                                        -         54,566        7,916
            isoglucosa
  2.9.00    Resto Capítulo II                               2.466,506     18,806        7,833
  2.0.00    Impuestos indirectos                         7.073,744  40.341,922    104.133,968
  3.1.19    Tasas sobre el juego                           711,112    1.348,226     1.893,459
  3.2.00    Otras tasas                                                     -        143,383       853,071
  3.3.00    Recargo de apremio                                       -        124,100       192,196
  3.4.00    Intereses de demora                                      -        251,445       160,088
  3.5.00    Sanciones Tributarias                                      -         88,691       197,204
  3.6.04    Resto Capítulo III                                    15,037      113,970       146,653
  3.0.00    Tasas y otros ingresos                         726,149    2.069,815     3.442,671
          TOTAL                                                   21.972,462  87.094,877    220.517,621
(Fuente AEAT)
La primera conclusión que se obtiene es que la importancia de los impuestos directos ha
cedido a favor de los indirectos en un porcentaje muy alto. Así, en el año 1986 los impuestos
directos representaban un 64% y los indirectos un 32%, pasando a ser dichos porcentajes el
51% y 47% de los ingresos totales en el año 2006.
Hay que resaltar que con la imposición indirecta, que grava el consumo, no se puede
efectuar una redistribución de la renta y riqueza, uno de los fines principales de los sistemas
tributarios modernos. Por otro lado, en época de crisis económica, los ingresos tributarios
procedentes de los impuestos indirectos se ven enormemente mermados, reduciendo el
margen de maniobra del Estado.
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4. EL IRPF COMO ÚNICO IMPUESTO DIRECTO.
Con la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, unido a la supresión del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones anunciada por la mayoría de las CCAA, el único impuesto directo
que va a quedar en nuestro sistema tributario es el IRPF. Pero a ello, hay que añadir la
situación actual de este impuesto, que tiene actualmente las siguientes características
básicas:
    a) Se ha convertido en un impuesto sobre las rentas del trabajo, que representan un
         80% de su base imponible.
    b) La media de las rentas de trabajo declaradas es de 18.000 euros y las
         correspondientes a actividades empresariales de 11.000 euros.
    c) Se ha suprimido la progresividad para las rentas del ahorro, a pesar de ser uno de los
         principios reflejados en el artículo 31 de la Constitución. Así, por ejemplo, unas rentas
         de trabajo de 100.000 euros tributarían al tipo marginal del 43% y un “pelotazo
         urbanístico” de 1.000.000 de euros tributaría, “si quieren declararlo todo” al tipo del
         18%.
Después de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio no existe en el sistema tributario
español ningún impuesto que grave la capacidad económica real de los contribuyentes que
obtengan rentas diferentes a las de trabajo o empresariales y profesionales; y tampoco se
va a gravar la titularidad del patrimonio, como reflejo de una capacidad económica. Todo
esto supone una situación muy ventajosa para las grandes fortunas en España, ya que no
tributan por las rentas obtenidas, al utilizar las SICAVs, ni tampoco tributarán por su
patrimonio, con la supresión de este impuesto. No es de extrañar este trato favorable hacia
las grandes fortunas, que ya se puso de manifiesto cuando todo el mundo acudió en su
ayuda al comprobar la inspección que estaban tributando al 1%, incumpliendo los requisitos
legales para ello.
5. REDUCCIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS CCAA.
Los dos impuestos a suprimir son de titularidad estatal, pero su recaudación está cedida
totalmente a las Comunidades Autónomas, suponiendo dichas medidas una disminución de
aproximadamente 4.000 millones de euros en sus ingresos. No se entiende esta medida
cuando es un hecho constatado las graves deficiencias que presentan servicios básicos
como la sanidad, educación o justicia, todos ellos con las competencias transferidas a las
CCAA, y la falta de medios manifestada por ellas para poder corregir dichas deficiencias.
6. PERJUICIOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, BLANQUEO
DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN URBANÍSTICA.
Uno de los efectos negativos de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio es su
repercusión negativa en uno de los problemas pendientes de resolver en nuestra sociedad,
como es la situación de enorme fraude fiscal existente.
Con la supresión de este impuesto, se está eliminando un instrumento muy útil para poder
descubrir las variaciones anormales de patrimonio que se suelen producir cuando se ponen
bienes a nombre de testaferros, y esa circunstancia se produce tanto en casos de delito
fiscal, como en los relativos a delitos de blanqueo de capitales o de corrupción urbanística.
Las autoridades tributarias han manifestado que están estudiando implantar una declaración
informativa para suplir dichos efectos, por lo que aún se entienden menos las razones para
su supresión, ya que la medida correcta sería modificar el impuesto para lograr estos
objetivos y no imponer nuevas obligaciones tributarias a los contribuyentes.
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Entre las medidas que los Inspectores de Hacienda propusimos hace unos meses para
combatir la corrupción urbanística figuraba la comprobación de la situación tributaria de
alcaldes y concejales de Urbanismo de los Ayuntamientos con población superior a 50.000
habitantes, así como el control de las declaraciones de bienes y derechos que estaban
obligados a presentar, de acuerdo con lo establecido en la reciente Ley del Suelo. Esta
última declaración no ha tenido ningún efecto práctico, ya que estaba condicionada al
cumplimiento de otros requisitos que no se han producido.
Ante las dificultades existentes en la aplicación de las medidas anticorrupción, creemos que
el Impuesto sobre el Patrimonio podría ser un instrumento muy útil, si se incluye, entre sus
modificaciones, la obligación de presentar la declaración a los alcaldes y concejales de todos
los Ayuntamientos de España, con independencia del valor de su patrimonio.
7. PROPUESTAS DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO (IHE)
Primera. No establecer la bonificación del 100% de la cuota. Dicha medida supone suprimir
en la práctica el Impuesto sobre el Patrimonio, de carácter directo y con tipos impositivos
progresivos, avanzando hacia el incumplimiento de los principios básicos del sistema
tributario regulados en la Constitución española.
Segunda. No suprimir la declaración del impuesto, ante los enormes efectos negativos que
esta medida tendrá en la lucha contra el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales.
Tercera. Modificar la normativa en los siguientes aspectos:
    a) Reflejar en la declaración todos los bienes a partir de un valor individual
        significativo.
    b) Declarar los bienes y derechos por su valor real.
    c) Establecer un mínimo exento para evitar el gravamen del patrimonio de las
        clases medias, que podría se de 3.000.000 de euros (6.000.000 en caso de
        matrimonio).
    d) Obligar a presentar la declaración del Impuesto a todos los Alcaldes y
        Concejales de España, con independencia del valor de su patrimonio.
               Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)
                                                                                  Junio 2008
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