Lecciones y aprendizajes políticos en una Europa en crisis

La experiencia Syriza a cinco años vista 

 

1. Introducción

El 25 de enero de 2015 la coalición de la izquierda radical griega, Syriza, obtuvo la victoria en las elecciones parlamentarias griegas, convirtiéndose en el primer partido a la izquierda de la socialdemocracia clásica en llegar a un gobierno estatal a nivel europeo desde el estallido de la crisis capitalista de 2008. Syriza se presentó a las elecciones como la única opción política que podía revertir los programas de austeridad aplicados al país heleno en el marco de los distintos acuerdos de rescate firmados por los anteriores gobiernos. La propuesta estrella del Gobierno de Tsipras, y la que le permitió llegar al poder institucional, fue la de una reestructuración ­­—sin excluir la posibilidad de una quita parcial— de la inmensa deuda griega. Pero esta medida debía ser aceptada por los principales acreedores de Grecia, es decir, las instituciones de la denominada Troika: Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional.

Pese a que Grecia supone menos del 2% del PIB total de la Unión Europea, el caso griego pone de manifiesto la interconexión político-económica de todo el sistema-mundo capitalista europeo. Las decisiones político-económicas que se tomaron en el país heleno podían tener una serie de consecuencias en cadena en el resto de los países de la Unión y, sobre todo, en aquellos Estados periféricos que se encontraban en una situación parecida. Por eso, las negociaciones entre el Ejecutivo griego de Syriza y las instituciones de la Troika como el Eurogrupo serían cruciales para el futuro del euro y del propio proyecto de integración europeo.

Finalmente, y tras un referéndum que fue obviado, Tsipras optó por aceptar un tercer memorando de rescate que supuso más austeridad y ajustes para el país heleno. Es por esta razón, que lo acaecido en Grecia no solo posibilita el análisis de un gobierno y su gestión gubernamental, sino que puede ofrecernos orientaciones político-económicas generales sobre la articulación y gestión del actual marco de poder europeo. Así mismo, sienta precedente sobre los límites y dificultades que un gobierno del mismo signo político puede tener en caso de llegar al poder, como estamos viendo actualmente en el caso español con el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

2. Unos apuntes básicos sobre la deuda pública y su relación con la crisis capitalista

La economía-política clásica ha definido históricamente la deuda soberana o pública como aquella que un Estado mantiene frente a sus acreedores en el mercado internacional y doméstico. Ya sean estos acreedores otros Estados, bancos privados o entidades financieras supranacionales. La deuda es usada por los distintos Estados, principalmente, como mecanismo para obtener recursos financieros que su propia economía no puede generar, sin necesidad de aumentar los ingresos del Estado vía impuestos. Es decir, es un mecanismo de captar fondos que deben ser devueltos en un tiempo y a una tasa de interés estipulados con anterioridad.

Sin embargo, desde la visión de la crítica de la economía política marxista, la deuda pública es un mecanismo de convertir el dinero puro en capital. Sin la necesidad de invertir este en el siempre peligroso proceso de producción. Marx ya describió este proceso en su primer tomo de El Capital, en el que definía a la deuda pública como una “varita mágica que infunde virtud procreadora al dinero improductivo y lo convierte en capital sin exponerlo a los riesgos ni al esfuerzo que siempre lleva consigo la inversión industrial e incluso la usuraria” (Marx, 1973, p. 641).

Es por esta cualidad que Marx define a la deuda pública como la capacidad de “enajenación del Estado”. El poder de crear una fuente de valorización de capital ajeno al proceso productivo es, en última instancia, muestra del poder de la burguesía financiera y del nexo que vincula al Estado con los bancos privados, vía deuda pública y privada. Ya que el Estado es el creador de dinero que a posteriori se ve obligado a pedir prestado a los bancos para financiar su deuda:

Desde el momento mismo de nacer, los grandes bancos, adornados con títulos nacionales, no fueron nunca más que sociedades de especuladores privados que cooperaban con los gobiernos y que, gracias a los privilegios que éstos les otorgaban, estaban en condiciones de adelantarles dinero […] No transcurrió mucho tiempo antes de que este mismo dinero fiduciario fabricado por él [Estado] le sirviese de moneda para saldar los empréstitos hechos al estado y para pagar por cuenta de éste, los intereses de la deuda pública (Marx, 1973, p. 642).

Marx adelanta aquí el problema que hoy día vincula a los distintos gobiernos nacionales a la hora de gestionar su prima de riesgo y asegurarse su financiación crediticia, así como el poder del BCE como posible prestamista de última instancia. Ya que la deuda pública se ha convertido, más que en un simple modo de gestionar el gasto público, en un medio de acumular poder de mando social a nivel internacional por las grandes corporaciones financiera y acreedoras.

Sin embargo, no olvidamos que la deuda pública no es más que la forma fenoménica que adopta la crisis capitalista, que en su núcleo se trata de una imposibilidad de rentabilizar los distintos capitales, de una caída efectiva de la ganancia en la economía productiva. El recurso masivo al crédito es una forma de hacer más suaves los retrocesos y dificultades en que cae la economía al entrar en un largo periodo depresivo:

Pero la expansión del crédito es al mismo tiempo la expansión de la deuda, y, si la depresión es larga, la continua expansión del crédito para contrarrestar una caída persistente de la demanda significa una acumulación de deuda que se constituye en una carga cada vez más pesada para la continuidad de la senda de crecimiento a largo plazo de la economía (Guerrero, 2018, p. 190).

3. Grecia como eslabón débil de la eurozona: un marco restrictivo

Toda la construcción de la eurozona se basó en la máxima de mantener la independencia del BCE, cuyo principal objetivo sería el de contener la inflación, dejando en segundo plano otras políticas como el crecimiento o la estimulación productiva. Además, el BCE se vio privado de poder prestar dinero directamente a los Estados, ya que son los bancos privados los que reciben liquidez por parte de la institución central, para luego actuar de prestamistas de los distintos gobiernos. La mayoría de veces lo hacen a tasas de interés más altas de lo recibido.

El BCE, en principio, tiene prohibido intervenir en la financiación o compra de deuda de un Estado miembro. Pero a partir del agravamiento de la crisis de la eurozona, tal y como ocurrió con Grecia, la institución liderada por Mario Draghi comenzó a comprar deuda de los Estados en los mercados secundarios y actuó como prestamista de última instancia. La estrategia denominada como expansión cuantitativa se aceleró a partir del año 2015, bajo el plan del Public Sector Purchase Programme (PSPP). Planes de expansión en los que la entidad monetaria europea ya ha invertido casi 3.0000 billones de euros1.

El plan Draghi se puso en marcha básicamente porque el proyecto de la Unión Económica y Monetaria (UEM) se cerró sin un mecanismo estabilizador que permitiese compartir el riesgo en todo el conjunto monetario. Sin crear algún tipo de mecanismo fiscal que permitiera redistribuir los flujos de capital hacia las zonas menos desarrolladas productivamente. Ante esto, se confió en la estabilización que generaría la propia integración económica y monetaria, que por sí sola tendería hacia una mayor paridad productiva y de renta entre todos los países de la Unión.

Sin embargo, en el marco del euro conviven países de alta productividad y exportadores netos, con otros de economías productivas pauperizadas y centrados en el sector interno de la demanda de servicios. A partir de la introducción definitiva del euro en 2001, estas tan dispares economías convivirían bajo un mismo tipo de cambio gestionado por el BCE. Ya sin poder devaluar su moneda propia, las grandes potencias exportadoras europeas –como una de las más beneficiadas la alemana– encontraron mayores facilidades para el comercio de sus mercancías en las zonas periféricas.

No es de extrañar, pues, que los países con superávit comercial quieran proteger su ventaja exportadora, y que desde el 2010 sus gobiernos se hayan convertido en los principales defensores de las políticas de austeridad. Así, la postura que lideró el Ejecutivo de Merkel durante la crisis de la eurozona buscaba defender su propia industria exportadora ante el riesgo que supondría una política expansiva de estímulos del comercio en los países periféricos.

En consecuencia, y para paliar sus cadencias estructurales, los países de débil base productiva recurrieron a la financiación vía crédito para costear sus gastos públicos. Ya que, sin un banco central que los respaldase, ni mecanismos monetarios soberanos, esta fue la vía que los países como Grecia escogieron. Una gestión que hacía imposible el descenso de la deuda nacional.

Además, el sistema de emisión diseñado por el BCE facilitó que los bancos privados especularan con los bonos de deuda de los Estados miembros. Ya que, los bancos privados europeos pueden financiarse vía BCE si proveen a este de un colateral aceptable, en la mayoría de casos bonos del gobierno de alta calificación. Así, tanto los bancos privados griegos como los extranjeros se dedicaron durante años a comprar bonos gubernamentales griegos, que no tenían una tasa de interés mucho mayor que los de deuda alemana, y se los entregaban al BCE como colateral para financiarse a un coste muy bajo y quedarse con una buena diferencia (Astarita y Tapia, 2011, p. 122).

Obviamente, los bajos tipos de interés de los bonos griegos se sustentaban en el “ocultamiento” sistemático que ejercieron los gobiernos griegos durante años sobre su déficit y cuentas fiscales. Cuando en el 2010 se descubrió la verdad, los inversores huyeron y todo este sistema se derrumbó. Con la deuda griega en manos de distintos bancos europeos, el tema de su rescate se convirtió también en una prioridad europea.

Concretamente, según datos publicados en 2017 por el Ministerio de Finanzas griego, en el 2010, al inicio de la crisis, el 84% de la deuda pública griega se encontraba en manos de acreedores privados. Un estudio realizado por el Comité para la Verdad de Deuda Pública Griega (2015), impulsado por el Parlamento heleno y basado en datos del Banco de Pagos Internacionales (BIS), estimó con anterioridad al estallido de la crisis económica en el 2008, en torno a un 89% de esa parte de la deuda pertenecía a bancos privados europeos. Y, más concretamente, el 57% a bancos privados alemanes y franceses. Sin embargo, dos años más tarde, y tras los rescates de las instituciones europeas formados por préstamos públicos de los Estados miembros, solamente quedaba un 18% de la deuda griega en manos de entidades privadas.

GRÁFICO I:

La estructura de la deuda pública griega por categoría de acreedores.

Gráfico 2

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas griego.

Además, dentro de la parte que correspondía a acreedores públicos, el 67% de la deuda se encontraba directamente en manos públicas de instituciones de la UE, lejos del 84% que correspondía a entidades financieras privadas al inicio de la crisis en el 2010.

4. Qué proponían Syriza y Varoufakis para resolver la crisis griega

Para cuando Syriza llegó a gobernar, existía un amplio consenso entre los economistas sobre la necesidad de una reestructuración de la deuda griega, y no solo por parte de economistas progresistas, ya que muchos economistas más liberales y ligados al FMI también lo defendían. Un día después, de que Syriza consiguiera la victoria en las elecciones de enero de 2015, el Financial Times publicó un artículo de Reza Moghadam, ex jefe del Departamento Europeo del FMI y que formó parte en la elaboración de los anteriores rescates, en el que defendía una quita del 50% de la deuda griega.

Es más, la propia normativa de la UE contemplaba la posibilidad de realizar una auditoría de la deuda pública para esclarecer su procedencia, lo que era uno de los puntos clave del programa de Syriza. El Reglamento Nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, del 21 de mayo de 2013, establece lo siguiente en el punto 9 artículo 7:

Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad (Parlamento Europeo Y Consejo de la UE, 2013, p. 8).

A inicios de 2015, la Troika no era el bloque cohesionado y conjunto que había sido durante los dos primeros rescates griegos. Existían divergencias entre las distintas instituciones, y la propia legitimidad de la Troika como ejecutora de los planes de rescate era puesta en duda. En 2014, un informe de investigación especial sobre la Troika realizado por el Parlamento Europeo afirmaba que “no existe una base legal apropiada para imponer la Troika como negociador en términos de la ley primaria europea”. Además, el informe también aseveraba que el papel jugado por la Comisión Europea dentro de la Troika “no respeta lo establecido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE” (Parlamento Europeo, 2014).

Ante este contexto, Syriza presentó las líneas generales de su acción de gobierno en el llamado Programa de Tesalónica, el 13 de septiembre de 2014. Sus propuestas generales se resumían en una renegociación y reestructuración de la deuda, así como en la aplicación de un amplio programa de gasto público que revertiera los programas de austeridad. Estos serían los puntos a destacar:

  • Básicamente, Syriza exigía una “conferencia europea de la deuda” para poder reestructurar su inmensa deuda soberana. Sin ningún límite a priori, incluida la posibilidad de una importante quita de su cuantía total.
  • La deuda y sus intereses debían financiarse a base de crecimiento y riqueza real, no a base de superávits primarios conseguidos mediante recortes. Syriza proponía incluso un periodo de gracia hasta que el crecimiento volviera al país heleno. Es decir, proponía incluir una “cláusula de crecimiento” para intercambiar la deuda griega por unos nuevos tipos de bonos ligados al crecimiento, por los cuales Grecia solo pagaría en caso de alcanzar su economía cierto crecimiento del PIB.
  • Un aumento inmediato de la inversión pública de al menos 4.000 millones de euros y restaurar gradualmente los salarios y las pensiones, con el fin de aumentar el consumo y la demanda. De estos 4.000 millones de euros, 1.882 millones serían destinados a crear una “red de protección para los estratos más vulnerables de la población”. Además, en el ámbito laboral, se proponía reinstaurar el salario mínimo a los 751 euros y restituir los suprimidos convenios colectivos.

Este era el plan oficial que Syriza presentó ante sus bases, simpatizantes y posibles votantes. Un plan basado en una política de corte keynesiano, que proponía alcanzar el crecimiento de la economía mediante el fomento del consumo de la población. Para ello, debía dejarse de lado el programa de austeridad y acometer un plan de inversiones en infraestructuras y elevación del salario directo e indirecto.

Sin embargo, la estrategia económica real se había configurado con anterioridad, de la mano del que iba a ser el futuro ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis. Es más, el antiguo profesor de economía de la universidad de Austin mostró su desavenencia con el programa de Tesalónica públicamente y estuvo dispuesto a rechazar el puesto de ministro si estas eran las líneas del programa económico de Syriza. Para Varoufakis, el Programa de Tesalónica proponía inversiones “imposibles o directamente ilegales”, además de “obstaculizar cualquier estrategia de negociación que pudiera mantener a Grecia dentro de la eurozona” (Varoufakis, 2017, p. 142).

Por ello, Tsipras y los futuros viceprimer ministro económico y ministro de Comunicaciones y Tecnología, Yanis Dragasakis y Nikos Pappas, concretaron una reunión con Varoufakis en noviembre de 2014. En esta reunión autorizaron a Varoufakis, junto a su grupo de asesores y estrategas económicos, a elaborar un plan mucho más modesto y moderado que guiaría las negociaciones con las instituciones de la Troika. El plan se basaba en cinco puntos, y fue nombrado como “una estrategia en cinco flancos para una Grecia sostenible en una eurozona sostenible” (Varoufakis, 2017, pp. 129-133):

  • Mantener la liquidez por parte del BCE. Varoufakis y su equipo apostaban por permanecer dentro de la eurozona. Pero sabían que, en una tensa negociación por la reestructuración de la deuda griega, Mario Draghi podría amenazarles con el cierre de los bancos si les cortaba a estos la liquidez de emergencia (ELA, Emergency Liquidity Assistance por sus siglas en inglés) a la que estos estaban sujetos. Ante esta amenaza, Varoufakis sugería implementar una quita unilateral de los antiguos bonos de deuda del Estado griego que estaban en manos del BCE.
  • Negociar con la Troika que la gestión de los bancos griegos rescatados pasara a manos de las instituciones europeas. Este punto tenía como fin desvincular las deudas de los bancos de la deuda estatal.
  • Conseguir un pequeño superávit primario que no excediese el 1,5 por ciento de la renta nacional, para así poder hacer frente a los pagos de una deuda reestructurada. Es decir, se aceptaba el pago de la deuda mediante recortes de gasto público, pero estos no debían exceder el superávit de 1,5 puntos.
  • Por último, mantener una postura pública en favor de la eurozona y rechazar la salida del euro como opción política de Syriza.

Poniendo en el punto de mira la política del BCE, Varoufakis también buscaba socavar la unidad interna de las instituciones de la Troika. Ya que, las políticas monetarias adoptadas por el BCE bajo la expansión cuantitativa habían sido criticadas en más de una ocasión por el banco central alemán, el Bundesbank, y los tribunales germanos. Para las autoridades monetarias alemanas, la compra de deuda de países periféricos excedía el mandato del BCE, además de suponer un riesgo a la sostenibilidad de las deudas.

5. ¿Por qué Syriza no pudo implementar su programa?

Ni el programa oficial de Syriza, más ambicioso, ni la moderada propuesta de Varoufakis pudieron llevarse a cabo bajo el mandato de Syriza. Al contrario, la coalición de izquierdas terminó aceptando y ejecutando un tercer paquete de austeridad acordado con las instituciones acreedoras. La respuesta la encontramos tanto en la estrategia que desarrollo Syriza, en la correlación de fuerzas desfavorable que existía en el seno del Eurogrupo para los intereses de Syriza y en el modo de gobernanza que ejerció el BCE mediante su regulación de la liquidez. Convirtiéndose este último en el gran juez de las negociaciones. Ya que, Syriza se halló con un Estado en quiebra técnica y con una débil base productiva, por lo que si quería seguir haciendo frente a los gastos públicos de la población dependía totalmente de la liquidez de emergencia a la que el país se veía supeditado por parte del BCE.

De hecho, pese a que según los tratados de la Unión el BCE es una institución técnica y apolítica en su gestión, el banco central tomó la decisión a 8 de enero de 2015, en plena campaña electoral griega, de que el acceso de los bancos griegos a su financiación más allá del mes de febrero de 2015 dependía de que el Estado heleno completase con éxito la revisión final del segundo rescate y alcanzara un nuevo acuerdo con las instituciones de la Troika. En este sentido, se supeditaba cualquier eventual apoyo de liquidez al sistema financiero griego a que el nuevo gobierno llegara a un acuerdo inmediato con la Troika. Una manera de condicionar las futuras negociaciones, sin siquiera saber qué gobierno saldría electo de las urnas.

Es decir, la no consecución de acuerdo político sobre la extensión del segundo rescate o sobre un nuevo rescate, llevaría a que el BCE dejara de aceptar los colaterales que le ofrecían los bancos griegos para obtener liquidez. La insolvencia de los bancos nacionales fue un problema desde el inicio de las negociaciones que Syriza tuvo que afrontar. La retirada de depósitos masivos dejaba expuestos a los bancos griegos a la liquidez de emergencia ofrecida por el BCE. Para marzo de 2015, los fondos que permanecían en el sistema financiero heleno eran de 148.000 millones, mientras que, a inicios de la crisis en el 2010, dichos fondos superaban los 240.000 millones (Rodríguez Ortiz, 2017, p. 243). Además, las entidades financieras locales eran las primeras compradoras de deuda a corto plazo del Gobierno, por lo tanto, su solvencia también ponía en duda la de la totalidad del Estado griego y sus instituciones políticas.

A partir del 4 de febrero del 2015, el BCE decidió cortar la vía típica para obtener liquidez a los bancos griegos, no aceptando más deuda pública griega como colateral en sus operaciones de liquidez. Pero, ofrecía a los bancos griegos su último salvavidas antes de quedarse sin liquidez, acudir a la llamada liquidez de emergencia o ELA. La cantidad que el banco central griego podía ofrecer a sus bancos privados era decidida cada semana por el Consejo de Gobierno del BCE, que en marzo decidió reducir la cantidad semanal de los 900 millones de euros a los 400 millones.

Así, el BCE fue un actor que jugó un papel político durante los cinco meses de negociaciones entre el Gobierno de Tsipras y los acreedores. Un actor que tenía el poder de disuadir al Gobierno griego de tomar cualquier acción unilateral. A partir de esa fecha, las instituciones de la Troika solamente tuvieron que esperar la capitulación final de los gobernantes de Syriza. Ante la negativa de estos a implantar controles de capitales, crear un plan efectivo para salir del euro o tomar el control del banco central griego, la única liquidez quedaba supeditada a la ofrecida por las instituciones de la Troika, que optaron por la vía de la austeridad y la de no reestructurar la deuda griega. Así lo firmaron el Eurogrupo y Syriza en el acuerdo del 20 de febrero de 2015:

Las autoridades griegas se comprometen a abstenerse de cualquier retroceso de las medidas y cambios unilaterales en las políticas y reformas estructurales que impactarían negativamente en los objetivos fiscales, la recuperación económica o la estabilidad financiera, según la evaluación de las instituciones […] Así mismo, reiteran su compromiso inequívoco de cumplir con sus obligaciones financieras con todos sus acreedores de manera plena y puntual (Eurogrupo,2015).

A un mes de llegar al poder institucional, Syriza rechazaba de facto cumplir con su programa político. A partir de este acuerdo, el siguiente rechazo a lo votado en el referéndum de julio no fue más que el transcurso necesario de unas negociaciones truncadas desde el principio.

6. Conclusiones

En este artículo no tenemos espacio para tratar las políticas que Syriza debería haber implementado para no terminar aceptando el tercer plan de rescate griego. Sin embargo, se pueden extraer varias conclusiones de carácter sistémico que afectan al paradigma político de la actual UE en crisis por la pandemia de la Covid-19.

Las políticas de austeridad comprometidas en los tres planes de rescate griegos, aplicadas por los gobiernos socialdemócrata y conservador primero, pero después por Syriza, no hicieron más que cronificar el problema de la deuda en Grecia a costa de una devaluación constante del Estado social. Con la austeridad se ha querido conseguir cierto modelo de Estado, reduciendo el gasto social ampliamente y la participación pública en sectores económicos clave.

Un traspasé de activos y riqueza publicas a las manos de las grandes corporaciones financieras internacionales. Sin embargo, la deuda pública no se ha reducido, su problema sigue cronificado. Según los últimos datos anuales ofrecidos por Eurostat, al cierre de 2019, la deuda seguía en el elevado nivel del 176,1% del PIB, y se prevé que supere el 200% para finales del 2020 a causa de la crisis de la Covid-19.

El acuerdo alcanzado por el Gobierno de Tsipras y las instituciones europeas en 2015, era simplemente un nuevo refinanciamiento de su deuda e intereses. Un plan para que Grecia pudiese hacer frente a los vencimientos de pago más inmediatos con sus acreedores, pero no para reducir de manera sostenible el saldo real de la deuda. Grecia se encuentra hoy día en el esquema planteado por el economista keynesiano Minsky de endeudamiento a lo “Ponzi” (por el nombre de un famoso especulador). Es decir, solo puede hacer frente a su deuda y al pago de los intereses mientras el Estado sea fuertemente refinanciado en los mercados de deuda internacionales.

Grecia puede financiarse en los mercados internacionales, gracias a que el BCE lleva desde el 2015 comprando una gran parte de deuda de los países periféricos en los mercados secundarios e inyectando grandes cantidades de dinero a las entidades financieras privadas, mediante los conocidos programas de expansión cuantitativa. Este esquema tenía una base frágil y quedaba expuesto a cualquier evento o crisis que pudiera producirse en el ámbito internacional.

La crisis mencionada ya ha hecho su aparición en escena, la pandemia de la Covid-19 va a suponer un incremento del endeudamiento por parte de todos los Estados de la eurozona. Sin embargo, la base económica de Estados como el griego sigue siendo la misma, y van a tener serias dificultades para financiar el gasto social al que tendrán que hacer frente. Esta realidad augura que, ante cualquier reducción de la política de expansión cuantitativa del BCE, la deuda griega, y de la llamada periferia europea, volverá a ser insostenible y enfrentarán un nuevo episodio como el de los años de la crisis de la eurozona. Sin la liquidez del BCE, las tasas de interés de la deuda tenderán a subir, dificultando su constante refinanciamiento en los mercados internacionales.

Las políticas de expansión cuantitativa adoptadas por el BCE se han convertido en el auténtico mecanismo de gobernanza en la eurozona, ya que marcan qué se financia, qué empresas sobreviven y si un Estado (sobre todo los de escasa base productiva) son competitivos o se hunden en los mercados de deuda internacionales. Un modo de gobernanza de facto totalmente alejado del control parlamentario y las regulaciones políticas propias de la democracia liberal clásica.

Definitivamente, la experiencia política de Syriza manifiesta los límites históricos de la política socialdemócrata en el contexto de la actual Unión Europea. Pero no solamente, ya que el Estado del bienestar era mucho más que unas bases materiales, era todo un anclaje ideológico sobre el que se construyó el capitalismo europeo tras la segunda posguerra. Desde un principio, la integración europea fue construida discursivamente como el relato de acceso a ciertos beneficios de prosperidad material y social para amplias capas de la población. Queda por dilucidar cuál será el futuro de la Unión si no es posible mantener los estándares de integración social prometidos desde el inicio por el proyecto político europeo.

Referencias bibliográficas

Astarita, R. y Tapia, J. A. (2011) La Gran Recesión y el capitalismo del siglo XXI. Madrid: Catarata.

Eurogrupo (2015) Eurogroup statement on Greece. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/02/20/eurogroup-statement-greece/

Guerrero, D. (2018) “Las crisis económicas y la incompatibilidad entre capitalismo y democracia”. En: Guerrero, D. y Nieto, M. (2018) Qué enseña la economía marxista: 200 años de Marx. Barcelona: El Viejo Topo.

Marx, K. (1973) El Capital. Crítica de la economía política. Tomo I. 2ª ed. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Ministry of Finance of the Hellenic Republic (2017) Borrowing and debt: annual report 2017. Atenas: Public Debt Management Agency. Disponible en: http://www.pdma.gr/attachments/article/1551/Annual_Debt_Report_2017_English.pdf

Moghadam, R. (2015) “Halve Greek debt and keep the eurozone together”, Financial Times, 26 de enero. Disponible en: https://www.ft.com/content/4cdc1898-9c1c-11e4-a6b6-00144feabdc0

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2013) Reglamento (UE) Nº 472/2013 sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades. Luxemburgo: Diario Oficial de la Unión Europea. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0001:0010:ES:PDF

Parlamento Europeo (2014) Report: on the enquiry on the role and operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with regard to the euro area programme countries (2013/2277(INI)). Bruselas: Parlamento Europeo. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0149+0+DOC+PDF+V0//EN

Rodríguez Ortiz, F. (2017) Gobernanza económica de la zona euro: entre profundización y desintegración. Sevilla: Athenaica Ediciones Universitarias.

Truth Committee on the Greek Public Debt (2015) Evolution of the Greek public debt during 2010-2015. Atenas: Parlamento Heleno. Disponible en: https://www.cadtm.org/Preliminary-Report-of-the-Truth

Varoufakis, Y. (2017) Comportarse como adultos. Mi batalla contra el establishment europeo. Barcelona: Ediciones Deusto.

Notas

1/ Toda la información sobre los planes de compras de activos públicos o privados por parte del BCE y sus diferentes planes de expansión cuantitativa se pueden consultar en su sitio web en esta dirección: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html

Foto. Syriza. Plaza Syntagma, 24/5/2019. Foto: George E. Koronaios

https://vientosur.info/lecciones-y-aprendizajes-politicos-en-una-europa-en-crisis/

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