A la representacion asturiana en el Congreso y en el Senaado


 

 

CARTA ABIERTA A LA REPRESENTACION ASTURIANA EN EL CONGRESO Y EL SENADO.

 

Recientemente el Gobierno de España ha enviado al Parlamento el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, y serán ambas cámaras las que deban decidir su contenido final. Por lo tanto es el momento para que quienes han sido elegidos/as en cada circunscripción electoral recojan las opiniones en sus distintos territorios para poder afrontar en correctas condiciones dicho debate y para poder votar habiendo escuchado a la gente que les ha llevado a estar allí ejercitando la representación política. Por lo menos desde quienes nos reclamamos de los valores republicanos entendemos que no hay democracia plena si no se da participación a la gente. Es por lo anterior que hemos querido lanzar esta carta abierta a quienes representan a Asturies en dichas cámaras, con el objeto que escuchen lo que desde el movimiento memorialista consecuente llevamos años reclamando. Valoramos positivamente algunos aspectos que dicho proyecto tiene, que son un avance con respecto a la ley vigente de 2007, muy en particular todo aquello que tiene que ver con honores y distinciones, simbología y callejero, así como régimen sancionador. pero dicho proyecto sigue sin entrar en lo que, a nuestro juicio, es el núcleo central del debate, que es superar el modelo español de impunidad. Como se ha demostrado en Argentina y Chile es imposible avanzar en cotas de democratización de una sociedad si previamente no se articulan medidas efectivas que superen la impunidad de los crímenes del régimen anterior, sobre los cuales en España se ha asentado la legitimidad del orden político vigente, desde la Monarquía a múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana. Hoy en día casi nadie cuestiona que las políticas de memoria deben asentarse en las premisas de VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION, pero de momento poco se avanza en el proyecto actual en medidas concretas que lo lleven a cabo. Desde Asturies queremos que nuestra representación en el parlamento sea de nuevo vanguardia en políticas públicas ya no solo de memoria democrática, sino sobre todo de democratización social y política, y por eso queremos que nuestros representantes defiendan una ley que recoja cuando menos las siguientes medidas: 1º- Una condena mas contundente del golpe de Estado y de la dictadura, que debería fundamentarse en las resoluciones de condena aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946, que equiparaban a la dictadura franquista con el nazismo y el fascismo. Debería superarse la falacia del concepto de guerra civil o guerra entre hermanos, y abandonar de una vez por todas cualquier tentación de equiparación de responsabilidades entre ambos bandos. Igual que no es de recibo en ningún país de Europa la equiparación entre nazis y judíos, aquí no podemos seguir tolerando la equiparación entre victimas y verdugos. 2º La declaración de la nulidad de Ley de Amnistía de 1977, en todo aquello que viene siendo utilizado como ley de punto final. Como sociedad democrática, no podemos renunciar a ejercer la justicia penal sobre los torturadores y criminales franquistas que aún viven, y sería un grave error que la futura Ley de Memoria, optase por continuar cerrando el acceso de las víctimas del Franquismo a la Justicia. 3º- La futura ley debe recoger el reconocimiento jurídico de las víctimas del Franquismo, en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia política para los que el Estado español ha reconocido y legislado convenientemente. No hay ningún motivo justificado para que no sea así. 4º- Debe declararse ilegal al franquismo. Seguimos padeciendo la herencia de una transición que se hizo “de la Ley a la Ley”, sobre un Estado de Derecho que trata a las leyes e instituciones del franquismo como si fuese lo mismo una dictadura que una democracia. Deben declararse el carácter ilegal de todos los consejos de guerra y tribunales represivos de la dictadura, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos que no respetaban unas mínimas garantías procesales dignas de tal nombre. Seguir reconociendo actualmente la legalidad de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica naturalizar y asumir una clara violación de los derechos humanos. A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en los juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente responsables de esos supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los que les condenaron. No podemos conformarnos con definir las sentencias como “ilegítimas”, tal y como hace el Proyecto de Ley, porque esa definición no tiene validez jurídica, sino moral: o son legales o son ilegales. Es el momento de que todas las sentencias, los tribunales y la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos, como hizo en su momento la República Federal Alemana con las sentencias nacionalsocialistas. Deben anularse todas, en bloque, y de manera automática sin pasar por un proceso de revisión individual. La democracia no puede volver a juzgar a las víctimas del franquismo. 6º- Es imprescindible el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y civil del estado, de particulares e instituciones, beneficiarios del expolio y el trabajo esclavo. 7º- Miles de personas siguen tirados en las cunetas, siendo todas ellas victimas de delitos execrables de lesa humanidad, lo cual exige terminar con la deplorable práctica de las exhumaciones privadas, debiendo ser encomendada dicha tarea a jueces y tribunales, dentro de las garantías del debido proceso, como en el caso de cualquier victima de delito violento. 8º- Es hora de terminar con las limitaciones al acceso a todos los archivos de la represión, terminando con el secretismo cómplice actual, para que pueda saberse la verdad de lo que ocurrió y depurarse debidamente las responsabilidades a que hubiera lugar. 9º- La guerrilla antifranquista debe ser honrada y tratada en igual forma que al ejercito regular, para que se permita un reconocimiento análogo al que tiene la resistencia francesa en dicho país. 10º- Se necesita introducir la memoria democrática en los itinerarios educativos, porque solo con una formación de las futuras generaciones en lo que significo el Franquismo podremos vacunarnos para que no se vuelvan a repetir situaciones como las que se padecieron durante 40 años. Esperamos que, dada la pluralidad del Parlamento, y la necesidad de acuerdos para sacar adelante la ley, durante su tramitación se incorporen enmiendas que modifiquen sustancialmente el Proyecto, en la línea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado español con respecto a los derechos humanos. No estamos dispuestos a asumir renuncias en esta última oportunidad: no podemos esperar otros catorce años a una nueva Ley que satisfaga los derechos irrenunciables de las víctimas. Ni las víctimas del franquismo que aún viven, ni sus familias, ni el conjunto de la sociedad y la democracia pueden permitírselo. En esa línea Asturies, también a través de su representación en el Congreso y Senado, debe ser de nuevo una luz capaz de impulsar una nueva norma para hacer efectivas las reclamaciones antes indicadas, como forma además de profundizar en la calidad democrática de nuestra sociedad, que no puede ser plenamente libre y democrática sino supera las limitaciones heredadas del Franquismo que aun padecemos.

 

POR LA FEDERACION ASTURIANA MEMORIA Y REPUBLICA (FAMYR) RAFAEL VELASCO RODRIGUEZ. POR LA COMUNA D’ASTURIES-CEAQUA. CARME PRADO ÁLVAREZ

 

 

    1 comentario

    1. José Pérez Miranda
      12 octubre 2021 - 10:48

      Naturalmente. Es algo al que debe sumarse todo dios. Gracias.

      Reply

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *