El 18 de septiembre de 2001, una semana después de los hechos del 11 de Septiembre, ‎el Congreso de Estados Unidos aprobaba, gracias al voto conjunto de republicanos y demócratas, la ‎Ley Pública 107-40, donde se estipula:‎

‎«El Presidente está autorizado a utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra las ‎naciones, organizaciones y personas que él considere que planificaron, autorizaron, ‎cometieron o ayudaron en los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, o ‎que hayan dado refugio a esas organizaciones o personas, con el objetivo de prevenir ‎todo futuro acto de terrorismo internacional contra Estados Unidos de parte de esas ‎naciones, organización o personas.»

Esa ley, que confirió al presidente republicano George W. Bush plenos poderes de guerra, había ‎sido redactada por el senador demócrata Joe Biden, entonces presidente de la Comisión de ‎Relaciones Exteriores. ‎

El presidente George W. Bush se veía así autorizado por el Congreso, en nombre de la «guerra ‎contra el terrorismo», a utilizar la fuerza militar no sólo contra organizaciones o personas sino ‎incluso contra naciones enteras, cuya culpabilidad sería simplemente decretada por él mismo, ‎investido de la autoridad para emitir una sentencia sin juicio e inapelable, y ordenaba la inmediata ‎ejecución de los “culpables” mediante una guerra. ‎

Sólo dos senadores han venido solicitando desde hace tiempo la anulación de esa ley: ‎el demócrata Tim Kaine y el republicano Todd Young.

Pero no han tenido éxito. La ley del 18 ‎de septiembre de 2001 sigue vigente y, después del presidente republicano George W. Bush, la ‎han utilizado sucesivamente el presidente demócrata Barack Obama, el republicano Donald Trump y, ahora, ‎el demócrata Joe Biden, quien antes fue vicepresidente en la administración Obama. Se calcula ‎que esa ley ya ha sido utilizada para “legitimar”, durante los últimos 20 años, operaciones ‎militares efectuadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos –por orden presidencial– en ‎al menos 19 países, como Afganistán, Irak, Libia, Yemen, Túnez, Kenya, Mali, Nigeria, Somalia, ‎Camerún y Níger. ‎

Tres semanas después de la adopción de esa ley, el presidente George W. Bush ordenaba atacar ‎e invadir Afganistán, oficialmente para capturar a Osama ben Laden, protegido por los talibanes. ‎Tres meses después ordenaba la apertura de la prisión de Guantánamo, donde llegaban ‎deportados y eran torturados presuntos terroristas de diferentes partes del mundo. Año y medio ‎más tarde, en respuesta a una solicitud de 77 senadores republicanos y demócratas –‎encabezados por Joe Biden– George W. Bush ordenaba atacar e invadir Irak, acusando a ese país ‎de poseer armas de destrucción masiva, acusación que posteriormente resultó ser falsa. También ‎ordenó aplastar la resistencia con mano de hierro, lo cual quedó confirmado por las imágenes de ‎las torturas aplicadas en la cárcel de Abu Ghraib –reveladas en 2004. ‎

También basándose en la ley de 2001, que lo autorizaba a «utilizar toda la fuerza necesaria y ‎apropiada», el presidente Barack Obama autorizaba la CIA –diez años después– a realizar ‎operaciones secretas en Libia para preparar la guerra de la OTAN, que destruiría el Estado libio. ‎

Utilizando el mismo procedimiento “legal”, según documentaba el New York Times el 29 de ‎mayo de 2012, se instituyó bajo la administración Obama la llamada «kill list», actualizada ‎semanalmente, en la que se enumeran las personas de todo el mundo secretamente condenadas ‎a muerte bajo la acusación de terrorismo, personas que –previa aprobación del presidente de ‎Estados Unidos– son físicamente eliminadas, generalmente recurriendo al uso de drones ‎asesinos. Ese fue el procedimiento utilizado en enero de 2020 por el presidente Donald Trump, ‎al ordenar el asesinato del general iraní Qassem Suleimani, alcanzado por un drone ‎estadounidense en el aeropuerto de Bagdad. Ataques similares con drones estadounidenses ‎también han sido “legalmente” autorizados en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia, Siria ‎y Yemen. ‎

El ataque más reciente de un drone asesino fue realizado, con autorización del presidente Joe ‎Biden, el 29 de agosto pasado, en Kabul, contra un vehículo que supuestamente transportaba ‎explosivos para Daesh. Una investigación publicada el 10 de septiembre en el New York Times ‎reveló que el vehículo –que el operador del drone había seguido por mucho tiempo, a miles de ‎kilómetros de distancia– no transportaba explosivos sino depósitos de agua. Pero el vehículo ‎fue volado –en medio de un barrio densamente poblado– por un misil estadounidense Hellfire ‎‎(literalmente, “Fuego del Infierno”), que mató 10 civiles, entre ellos 7 niños. ‎

Fuente
Il Manifesto (Italia)