En uno de los puntos del acuerdo de gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos se establecía el compromiso de fijar la cuantía del SMI en el 60% del salario medio en el 2023. Aunque no imposible, no es evidente que ese compromiso se vaya a cumplir. Sobre todo, si en el tiempo que queda se produce algún avería económica (tan frecuentes en el último período) que se pueda utilizar como pretexto.

Tras, el importante aumento (22,3 %,) del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el 2019, supuso alcanzar la cifra de 900 € mensuales, y del 5,4 % en el 2020 para llegar a los 950 €, el incremento ha estado bloqueado en el 2021, hasta el acuerdo entre gobierno y CC OO y UGT. Además, el impacto de esos incrementos es limitado en virtud de la sentencia 71/2019 de 24 de mayo  de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (si bien pendiente de resolución  de un recurso planteado ante el Tribunal Supremo por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT), que tal como se va aplicar va a suponer la absorción en el SMI de la generalidad de los complementos salariales –no los extrasalariales, que correspondan a un gasto, por ejemplo los pluses de distancia y transporte– ya que están englobados en el SMI.

Cuando se hizo pública la intención del gobierno de aumentar el SMI, el Banco de España, que no cumple sus obligaciones de controlar a los bancos, asumió una vez más su histórico papel de emitir opiniones reaccionarias y advirtió que el aumento del SMI en 2019 provocó una supuesta reducción del empleo. Los partidos de la derecha política siguieron la estela del Banco de España. Según el PP el aumento del SMI, además de poco prioritario, es un parche que enmascara otros problemas como el aumento del precio de la electricidad, que según su secretario general se debe resolver sin tocar a los beneficios en alza de las grandes empresas energéticas.  Vox ha reclamado que el aumento del SMI vaya acompañado de la reducción de las cotizaciones sociales y de los impuestos a la actividad económica. Ciudadanos ha criticado que se haya realizado sin contar con la oposición política y la patronal.

Tras un acuerdo suscrito por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con Comisiones Obreras y la UGT, el 28 de septiembre el gobierno español aprobó el Decreto 817/2021 que fija el SMI en 965 € mensuales por 14 pagas a partir del 1 de septiembre, lo que equivale a 1.125,8 € en 12 pagas. La fijación horaria –7,55 euros–, del salario de las trabajadoras del hogar que trabajen por horas, incluye la parte proporcional de las vacaciones, lo que es gravemente discriminatorio, al eliminar la sustantividad del derecho a las mismas. Al no existir un convenio colectivo que fije una jornada inferior, la percepción mínima de 965 euros mensuales por 14 pagas, exige que se trabaje una jornada de 40 horas semanales. Por otra parte, la ausencia de control mínimamente eficaz de la jornada efectivamente trabajada de las mismas, supone que ni de lejos se cumple esa retribución mínima. Según las estadísticas de la ATH-ELE (Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia), el 43,77 % de las trabajadoras externas no cobraba en el 2020 el SMI horario. Entre las internas, el 96,73 % no cobraban el SMI correspondientes a sus horas el trabajo. El 73,85 % de quienes no tenían papeles y el 36,91 % de quienes estaban en situación regular percibieron un salario inferior al mínimo establecido para las 40 horas semanales.

El nuevo SMI supone un aumento del 1,579 % sobre el anterior, pero equivale a un poco menos del 0,4 % de aumento sobre el salario anual para quienes trabajen durante todo el 2021, ya que desde enero a septiembre se mantiene en vigor la cuantía del SMI de 2020. El aumento del SMI es similar al 1,6 % de los convenios colectivos para el 2021, pero en éstos sus efectos son para todo el año. Hubiera sido menor aún si se hubiera impuesto la posición de la Vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, quien tras haberse opuesto –con el acuerdo de Pedro Sánchez- a cualquier aumento para el 2021 con el pretexto de consolidar la recuperación, pretendía retrasar al 1 de octubre su fecha de efectos. Esa posición era tributaria del sometimiento a un pensamiento conservador para el que la inexorabilidad de las leyes económicas impediría adoptar medidas, por necesarias que fuesen socialmente, para mejorar el estatus de los trabajadores y trabajadoras empobrecidos.

El segundo elemento de la oposición a la implantación de salarios mínimos se ha basado en el desarrollo creciente de la econometría para justificar los efectos perjudiciales que tendría el salario mínimo sobre el empleo[1]. Sin embargo, la experiencia internacional no avala que por el aumento del salario mínimo se produzcan impactos significativos en el empleo[2]. En cambio, lo que sí es evidente es su relación con la disminución de la pobreza laboral. Como se puede observar en el gráfico de abajo, en el Estado español solo cuando tuvo lugar el aumento del 2019, los trabajadores y trabajadoras que perciben el SMI sobrepasaron el umbral de pobreza que fija el INE y ello tanto para las personas que viven solas como para los hogares de dos adultos y dos personas menores de edad.

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Fuente: Eduardo Bayona, en base al INE y el Ministerio de Trabajo.

En los primeros movimientos sociales de finales del siglo XIX, en un contexto de bajos salarios, largas jornadas de trabajo y malas condiciones sociales (vivienda, sanidad…), el objetivo de un salario decente (living wage) desempeñó un papel clave que ha renacido en los últimos decenios, especialmente asociado a la carestía de la vivienda en las grandes ciudades metropolitanas. En este tema, la posición del gobierno, contraria hasta la fecha a fijar límites al precio de los alquileres, contribuye al empobrecimiento de determinados sectores de trabajadores y trabajadoras, especialmente en las grandes ciudades. Más allá de sus diferencias ideológicas, los primeros promotores de un salario decente compartían un mismo objetivo: proteger a las y los trabajadores contra salarios inferiores al nivel de subsistencia y permitirles alcanzar un nivel de vida digno.

Según la Agencia Europea Eurofound, el SMI debe tener la función de ser: “Una medida del ingreso que garantice a un asalariado un nivel de vida básico pero socialmente aceptable, calculado a partir de una cesta de bienes y servicios”. El mismo informe precisa que donde se realizan los correspondientes cálculos se constata que un salario digno es “sistemáticamente más alto que el salario mínimo legal”[3]. Veintiún Estados de la Unión Europea cuentan con salarios mínimos legales y en seis Estados miembros (Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia), la protección del salario mínimo está garantizada exclusivamente por medio de convenios colectivos. Sin embargo, la Comisión Europea, en una propuesta de Directiva de octubre de 2020, reconoce, que “En la mayoría de los Estados miembros con un salario mínimo legal nacional, este es demasiado bajo para proporcionar una vida digna…”, que “Los salarios mínimos legales son inferiores al 60% de la mediana del salario bruto o al 50% del salario medio bruto en caso todos los Estados miembros…”, que “En 2018, en nueve Estados miembros el salario mínimo legal no proporcionó a sus perceptores para alcanzar el umbral del riesgo de pobreza”, que “…determinados grupos de trabajadores están excluidos de la protección del salario mínimo legal nacional” y que “…en aquellos Estados miembros que dependen exclusivamente de la negociación colectiva, algunos trabajadores no tienen acceso a la protección de la negociación colectiva”[4].

La implantación de un salario mínimo tiene apoyo en tratados internacionales y europeos, y particularmente en la Carta Social Europea revisada (CSEr), que en su artículo 4.1 proclama que los Estados firmantes se comprometen a fijar “una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”.  En la década de 1970, el Comité de Expertos de la CSE, antecedente del Comité Europeo de Derechos Sociales (CESD), proponía que, para cumplir con la CSE, el salario mínimo debía alcanzar una cuantía del 68% del salario medio bruto. El criterio del salario medio también se mantenía en el informe del Parlamento Europeo de 24 de septiembre de 2008 (“Sobre la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea”), que en su apartado 15  “Pide al Consejo que acuerde un objetivo de salario mínimo (por ley o convenios colectivos a escala nacional, regional o sectorial) para fijar una remuneración de por lo menos el 60 % del respectivo salario medio (nacional, sectorial, etc.), junto con los plazos para que todos los Estados miembros alcancen dicho objetivo”.

A pesar del compromiso de legislatura de fijar una cuantía del salario mínimo equivalente al 60% del salario medio, que se reitera en el citado Decreto de 28 de septiembre, cumpliendo así el mandato de la CSEr, el gobierno español, a través de la Ministra y Vicepresidenta 1ª, con el apoyo del Banco de España, se ha opuesto durante meses al aumento del salario mínimo para el 2021 en base al argumento de la prioridad del empleo en el contexto de la pandemia de la Covid 19 y de la necesidad de que se confirme la recuperación económica.

En las negociaciones previas en el diálogo social, cuando el gobierno rechazaba el incremento para el 2021, Comisiones y UGT amenazaron con romper todas las mesas de negociaciones, no con movilizaciones y huelgas. Por su parte, las organizaciones patronales, CEOE y CEPYME se opusieron frontalmente a cualquier aumento del SMI para el 2021, especialmente en las pequeñas empresas, en nombre de la defensa del empleo en el contexto de la crisis derivada de la pandemia, lo que choca con la importante recuperación e incluso aumento de los beneficios empresariales en sectores como el bancario y el eléctrico.

En realidad lo que defienden es el mantenimiento y aumento de los beneficios empresariales en todos los sectores productivos. Beneficios que muy a menudo no se destinan a la creación de empleo, sino que se reparten en forma de dividendos, stock options y planes de pensiones millonarios para el personal directivo. Por otra parte, se obvia que muchas pequeñas empresas trabajan como subcontratas de las grandes empresas y los bajos salarios en ellas tienen la función de aumentar el valor para los accionistas de éstas.

La experiencia internacional no avala que se produzcan impactos significativos en el empleo por el aumento del salario mínimo[5], mientras que lo que sí es evidente es su relación con la disminución de la pobreza laboral y la desigualdad. Por otra parte, al afectar a personas de bajos ingresos que tienen que dedicar los mismos de forma completa a la adquisición de productos esenciales (la alta intensidad de la demanda, en los términos de la economía convencional), el aumento del SMI contribuye a estimular la actividad económica, sobre todo en sectores con relativa alta intensidad de empleo, elemento que el Banco de España omite en sus análisis de esta medida.

Este informe del comité de expertos encargado por el gobierno para estudiar las cuantías de los aumentos necesarios del salario mínimo para lograr el citado objetivo, propone aumentos de entre 61 y 99 euros para el 2023, que supondría situar el SMI en cantidades comprendidas entre 1.012 y 1.047 euros por 14 pagas. La racanería del aumento del 2021 ha sido reconocida por el secretario general de la UGT, quien a pesar de haberla firmado la ha calificado de “una mierda” y contrasta con una tasa de inflación que ha alcanzado el 4% en el último año,  superior al 3% del salario mínimo en el 2021, que va a dar lugar a una reducción del poder adquisitivo.

El retrasar hasta el 2023 el cumplimiento del objetivo del 60% no es inocuo: durante todo el tiempo transcurrido hasta ese año se está incumpliendo, en perjuicio de las trabajadores más pobres, un objetivo fijado en un tratado internacional como es la CSEr (1996), más aún cuando los aumentos no abarcan todo el año o los más importantes se dejan para el final. En la medida en que la redacción del Decreto sobre el SMI para 2020 sobre los complementos salariales es idéntica a la que se contiene en el Decreto 231/2020,  que fijaba el SMI de 2020, no se ha evitado la absorción de los complementos salariales que permite la citada sentencia de la Audiencia Nacional.

Por otra parte, el objetivo del 60% del salario medio estatal para fijar el SMI no tiene virtualidad en las Comunidades Autónomas, que por tener salarios más elevados, se encuentran muy alejados de ese 60%. Según un estudio del grupo Adecco ese es el caso de Madrid (47%). el País Vasco (47,1%), Navarra (50,3%), Catalunya (52,7%) y Asturias (55%). Alcanzar ese objetivo en las mismas exigiría imponerlo a través de convenios colectivos interprofesionales que están contemplados en el Estatuto de los Trabajadores. En el País Vasco, Navarra y Catalunya, esa posibilidad está relacionada con una posición extendida que reclama marcos propios de relaciones laborales en el contexto de reivindicaciones de soberanía política.

El SMI cubre a los trabajadores/as no cubiertos por la negociación colectiva. Aunque según el Ministerio de Trabajo el SMI afecta a millón y medio de trabajadoras y trabajadores, según otras estimaciones la cifra llegaría hasta 2,3 millones, de las que las tres cuartas partes serían mujeres[6]. Según la estadística de la Agencia Tributaria de 2019 (“Mercado y Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias 2019”), casi cuatro millones de personas percibió ese año retribuciones anuales inferiores a la mitad del SMI y más de tres millones doscientas mil percibieron entre la mitad y  el 100% del, sea por haber accedido a una pensión, por no haber trabajado durante parte del año (en muchos casos sin percibir prestaciones de desempleo) o por haber trabajado a tiempo parcial de escasa jornada y menor salario, frecuentemente realizado por mujeres. Los aumentos del SMI repercuten también en la negociación colectiva de las trabajadoras con salarios próximos al SMI. En el 2019 cerca de cuatro millones de personas percibieron salarios anuales de entre el 100% y el 150% del SMI. Este salario también repercute en algunas prestaciones sociales que lo toman como referencia, tanto para fijar las condiciones de acceso a la prestación como la cuantía de la misma. Sin embargo, justamente para evitar la repercusión de los aumentos del SMI en la generalidad de las prestaciones sociales, en 2004 se adoptó como referencia de las mismas el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de cuantía netamente inferior al SMI, ya que a lo largo del tiempo el IPREM ha aumentado en menor cuantía que el SMI, habiendo incluso estado congelado entre el 2017 y el 2020.

El muy bajo incremento del SMI en el 2021 continúa el proceso descendente que tras el aumento del 22,3% en el 2019 se redujo al 5,4% en el 2020. Mientras que en el 2019 la cuantía de 900 euros/mes se fijó unilateralmente por el Gobierno, la del 2020 resultó del diálogo social. En el 2021, aunque la patronal no ha suscrito el acuerdo, el diálogo social ha producido sus efectos, al autolimitar las posiciones no solo del Gobierno, sino también de los sindicatos, que han aceptado un aumento muy bajo sin obtener además un compromiso concreto y cifrado de la cuantía para el 2022, sino sólo la del objetivo del 60% para el 2023. Como ya se ha dicho no solo importa el final sino también el trayecto. Las reticencias mostradas por la mayoría del Gobierno y la oposición de las organizaciones patronales permiten prever que a la vista de las dificultades y limitaciones detalladas en el informe del comité de expertos, y de las estadísticas existentes para determinar cuál es la cuantía del salario medio de cada año sobre el que se aplique el 60% para fijar el SMI, va a haber fuertes presiones empresariales y políticas para lograr que, incluso en el 2023, el SMI sea lo más bajo posible. Eso no se podrá impedir mediante un diálogo social con un gobierno cuya mayoría se pliega a las exigencias de la Unión Europea y con una patronal que nunca considera que es el momento de la dignificación salarial. Sólo será posible con las movilizaciones sociales.

Mikel de la Fuente, de la redacción de viento sur

Notas:

[1] Para un análisis de los debates históricos y actuales sobre el salario mínimo y sus efectos en los diferentes Estados, así como sobre el desarrollo de las luchas sociales para ese objetivo, véase el análisis de Michel Husson, “Salaire mínimum et emploi: histoire d’un débat”, Revue de l’IRES, nº 100, 2020/1.

[2] Véanse referencias sobre el empleo y la pobreza laboral relacionadas con el aumento del salario mínimo en Francia, Alemania, países de la OCDE y Estados Unidos en Michel Husson (2018) “Atención sobre el salario mínimo: argumentos falsificados”.

[3 Hurley, John; Vacas‑Soriano, Carlos; Muraille, Marcel y Lantto, Eero, Concept and practice of a living wage, 2018.

[4] Comisión Europea, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, 28/10/2020, {SEC (2020) 362 final}-{SWD (2020) final}-SWD (2020) 246 final}

[5] Véase Michel Husson, “Atención sobre el salario mínimo: argumentos falsificados”, viento sur, 2018.

[6] Eduardo Bayona, “¿El salario mínimo es bruto o neto?: todo lo que tienes que saber sobre la subida del SMI”, Público, 27/08/2021.