El Gobierno del Principado obstruye la convocatoria de concursos de méritos

El control político de la alta burocracia, clave para la utilización partidista de la Administración Pública, explica en ambos casos esta contumacia en el incumplimiento de la legalidad

 

El Gobierno del Principado acaba de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo n.º 1 de Oviedo dictada el pasado 2 de marzo, que le obliga a sacar a concurso público de méritos, al menos, 79 puestos de trabajo de jefatura de servicio, coordinadores y asesores, ocupados de forma ilegal en comisión de servicios.

 

Al igual que hacía el Gobierno de Areces con la sentencias que anulaban el uso abusivo de los nombramientos por libre designación, el Gobierno de Javier Fernández huye también hacia adelante recurriendo las resoluciones judiciales con el único fin de ganar tiempo, a sabiendas de que será condenado en segunda instancia. El control político de la alta burocracia, clave para la utilización partidista de la Administración Pública, explica en ambos casos esta contumacia en el incumplimiento de la legalidad.

 

Recordamos que el Gobierno de Javier Fernández comenzó su andadura en el año 2012 utilizando masivamente la libre designación, siguiendo la línea de sus predecesores, hasta que fue frenado en seco por el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 8 de enero de 2013, que suspendió cautelarmente este uso abusivo de las designaciones a dedo. Desde esa fecha, el Principado acude al nombramiento en comisión de servicios, un sucedáneo de la libre designación previsto en la ley solo y exclusivamente para casos de extraordinaria y urgente necesidad, para eludir la convocatoria de concursos de méritos.

 

Tras más de cinco años utilizando de forma ordinaria un procedimiento de nombramientos que es excepcional y extraordinario, el Defensor del Pueblo reprendió al Gobierno de Javier Fernández el pasado mes de noviembre y le instó a corregir, de forma inmediata, este comportamiento continuado manifiestamente irregular. Poco después, el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo n.º 1 de Oviedo vino a confirmar la gravedad de los hechos en su sentencia de 2 de marzo de 2018.

 

El Gobierno de Javier Fernández esgrime como coartada para evitar algo tan obvio en un Estado de Derecho como el cumplimiento de la legalidad, que está tramitando un Decreto de clasificación de los puestos de trabajo en sectores y subsectores que resultaría necesario para la convocatoria de los concurso de méritos. Un Decreto que comenzó a tramitarse en febrero del año 2016 y que cuenta con informe favorable del Consejo Consultivo de 28 de septiembre de 2017, por lo que siendo este el último paso antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno, lleva parado ya más de seis meses  sin justificación legal alguna para ello.

 

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que el Gobierno de Javier Fernández ha decido trasladar a la siguiente legislatura el “espinoso” tema de la provisión de los puestos de altos funcionarios por concurso de méritos, pasando la patata caliente al Gobierno que surja de las próximas elecciones autonómicas. En esta estrategia ha contado con la colaboración imprescindible de unos sindicatos atrapados, por su propia incapacidad, en la tela de araña urdida desde la Dirección General de la Función Pública, que los ha convertido en colaboradores necesarios de este flagrante juego de trileros.

 

Si la Junta General pretende destituir al Síndico Mayor por utilizar procedimientos de provisión de los puestos de trabajo sin motivación legal suficiente, ¿qué habría que hacer con un Gobierno como el del Principado, que viene haciendo lo mismo, multiplicado por veinte, con los puestos de la Administración asturiana?
 
 

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