El pasado 28 de junio, en la llamada “Mesa de Diálogo Social”, las organizaciones sindicales CCOO y UGT, las empresariales CEOE y CEPYME, y el Ministerio de Seguridad Social, han alcanzado un principio de acuerdo respecto a la reforma del Sistema Público de Pensiones. Hacemos una valoración de las cuestiones más relevantes:

  1. En primer lugar, queremos dejar constancia de nuestro rechazo a la marginación que se ha sometido al movimiento de pensionistas de todo el Estado, que reclama interlocución directa en la elaboración de los Planes que vayan a afectar a las Pensiones Públicas, por ser parte directamente interesada en el asunto. Por lo tanto, manifestamos que los llamados “agentes sociales” carecen de la legitimidad para negociar y acordar, con carácter general, lo que a todas luces supone un nuevo paquete de recortes y otros proyectos de privatización de las pensiones públicas. El acuerdo firmado introduce nuevas medidas de recorte de las pensiones, que se aplicarán de manera gradual como estrategia para acallar y dividir la oposición del movimiento pensionista.
  2. Respecto al contenido del acuerdo todo parece indicar que por fin se deroga la Reforma de las pensiones del año 2013, incluyendo el “famoso” 0,25%, estableciéndose ahora una nueva fórmula de revalorización de las pensiones ligada al IPC. Pero esto no es un mérito de los firmantes, como lo presentan, sino que es fruto de la movilización del movimiento pensionista. También han firmado que negociaran la sustitución del Factor de Sostenibilidad, es decir, la herramienta creada por el Ejecutivo de Rajoy que vinculaba las pensiones con la esperanza de vida por otro mecanismo similar al que ahora llaman factor de equidad intergeneracional. Este nuevo mecanismo operara a partir de 2027 aunque la formula se empieza a negociar ya, de manera que pueda incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre de 2021, y al que también nos opondremos cuando pretendan concretarlo. Al respecto, el ministro Escrivá deslizó el día 1 de julio “que la generación baby boom, la más numerosa y la que descuadra el sistema de pensiones, que conforman 9 millones de trabajadores deberá asumir algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un período concreto de tiempo” Planteando que podrán “elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más”. Ante el revuelo que levantó estas declaraciones al día siguiente se desdijo argumentando “que se trata de lago aún por definir”. 

Se trata de dos reivindicaciones fundamentales que venimos reclamando desde el movimiento de pensionistas durante más de tres años, y nos congratulamos de que por fin se nos haya hecho caso. Ha merecido la pena nuestro esfuerzo.

  1. Es importante, y positivo, la inclusión del compromiso del Estado como garante del Sistema Público de Pensiones tal como veníamos demandando, por lo que a partir de este acuerdo se incluirá en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula para transferir todos los años una cuantía del entorno al 2% del PIB, unos 21.000 millones a través de los Presupuestos Generales del Estado para sostener las Pensiones Públicas. Es una buena noticia, ya que así se podrán garantizar. 

Debe quedar claro que esa transferencia de recursos no es una dádiva, ni debe figurar como préstamo, sino una compensación por los llamados “gastos impropios”, que no deben ser cargados a las cuentas de la Seguridad Social. Además, esa transferencia no debe ocultar lo ya recogido en el artículo 109 de la Ley de Seguridad Social que obliga a transferencias (no préstamos) a la SS siempre que sus ingresos no sean suficientes.

Ahora bien, no se debe «desnudar a un santo para vestir a otro», y esos recursos no pueden ir a cargo del bienestar social, (sanidad, enseñanza, dependencia, etc.), sino que deben salir de nuevos impuestos a los sectores sociales privilegiados.