El Vaticano y el Proceso de Burgos

El Juicio de Burgos, diciembre de 1970

 

No hay testimonios gráficos de aquel viaje porque, en plena dictadura, fue discreto y clandestino y en ningún momento apareció la delegación ante la prensa. Fue necesario que llegaran de vuelta a la muga para que se hiciera público aquel viaje y sus resultados. Quien suscribe fue testigo directo porque, entonces sacerdote exiliado en Donibane Lohizune,  me pidieron que les acompañara e hiciera de portavoz.

Pese a mi convicción de que era un viaje inútil, por experiencias anteriores, acepté ese acompañamiento. La delegación, en la que no pudieron estar los familiares de todos los procesados, estuvo compuesta por madres y hermana de tres de los que serían condenados a muerte (Jokin Gorostidi, Mario Onaindía y Teo Uriarte), la madre y hermana  de los dos sacerdotes procesados, Jon Etxabe y Julen Kaltzada, y familiares de varios presos políticos (Viar, Sarasketa y Arrizabalaga).

Una vez ya en la Secretaría de Estado del Vaticano, se nos recibió a dos de los familiares y a mí mismo, para decirnos que podríamos entregar el dossier que habíamos confeccionado; que el Papa Pablo VI estaba siguiendo el proceso; que estaba muy ocupado con su viaje a Asia; que ya intervendría, pero que no tenía tiempo para recibir a la delegación vasca. El dossier incluía una carta al Papa, un informe de las torturas sufridas por cada procesado, sus fotos, dibujos de las torturas, así como un informe sobre la represión en Euskal Herria y otro sobre la situación de los presos políticos vascos en las cárceles.

La Carta al Papa, que agradecía su gestión para que el juicio fuera a puerta abierta, señalaba claramente el objetivo del viaje: su intervención ante el monstruoso proceso en el que se pedían seis penas de muerte y entre 70 y 80 años de cárcel: «nuestros hijos corren riesgo de ser condenados a muerte y las pruebas que se poseen para esa posible sentencia están basadas en su mayoría en declaraciones conseguidas por las torturas. Nosotras somos testigos, puesto que hemos visto en las cárceles a nuestros hijos con las huellas de las mismas».

Cuando bajábamos desde la Secretaría de Estado, cabreados por el portazo papal, nos encontramos de frente con el ministro de asuntos exteriores ruso, Gromyko, para quien Pablo VI sí tuvo tiempo de recibirlo. Menos mal que por la tarde de ese mismo día, el General de los Jesuitas, Pedro Arrupe, recibió a toda la delegación vasca, se interesó por  nuestro dossier y se comprometió a hacerlo valer. Pocos días antes del juicio en Burgos, Arrupe se entrevistó en  Madrid con el dictador Franco y se lo entregó.

Este portavoz ofreció una rueda de prensa en el Centro Internacional de Roma y explicó los pasos dados por la delegación vasca destacando sus objetivos, la negativa del Papa a recibirla así como el rechazo de los rosarios bendecidos por Pablo VI; la entrevista con el P. Arrupe y con el poeta andaluz Rafael Alberti, miembro de la ejecutiva del PCE en el exilio y que nos abrió camino para internacionalizar el proceso de Burgos.

El Vaticano salió al paso para desmentir el objetivo de la visita que estaba descrita en la carta de la delegación al Papa. Por tanto mintió cuando en su nota señalaba que se reclamaba del Papa «una manifestación no tanto de carácter religioso cuanto político, cosa que la Santa Sede no podía hacer. Se quería en otros términos que el Papa se pronunciase sobre la situación política vasca y sobre los movimientos autonomistas que trabajan en la región». Pese a hacer este portavoz un desmentido al Vaticano, haciendo pública la carta al Papa, sus órganos de comunicación, L`Observatore Romano y Radio Vaticano, ni rectificaron ni quisieron recibirme.

El Papa podría haber constatado las huellas de la torturas a los presos políticos vascos no solo a través de sus familiares que no fueron recibidos, sino también  a través de la jerarquía de la Iglesia vasca, Monseñor Cirarda y Monseñor Argaya. Estos, que recibieron informes continuos de torturas, tuvieron la ocasión de haber podido comprobarlas.  Cirarda no quiso que, entre los cientos de torturados, uno de sus sacerdotes, Martin Orbe, se desnudara ante él para verificar esas huellas. Poco después en documento pastoral público ambos obispos vascos tuvieron la desfachatez de decir lo siguiente: «….Si  la tortura fuera cierta, entrañaría injustas violaciones por parte de algunos agentes de la autoridad. En la medida en que fuere infundado o exagerado supondría una injusta violencia en la propaganda contra la autoridad»…

Ellos, la Jerarquía de la Iglesia católica, que sabían que la tortura era habitual en comisarías y cuarteles, y que podían haberlo comprobado, se hicieron así cómplices del Régimen franquista. Defendieron en la práctica que las denuncias de torturas eran una «campaña contra el Régimen», lo que decían a diario el dictador Franco y sus portavoces. No era de recibo que luego Pablo VI reclamara «clemencia» en lugar de Justicia, como le pedían los familiares vascos, para un proceso basado en las declaraciones bajo tortura de los acusados que en cualquier sistema democrático hubiera sido suficiente para anularlo.

Por ello, los familiares de los procesados de Burgos rechazaron los rosarios bendecidos por el Papa, y volvieron a casa menos cabreados, incluso cantando el Eusko Gudariak, porque «podremos decir a nuestros hijos que no nos hemos dejado engañar por el Vaticano».

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