Elecciones generales libres, plurales y transparentes en Nicaragua


 

 

Todo está prácticamente listo para que el próximo día 7 de noviembre se celebren elecciones
generales en la República de Nicaragua, cumpliendo escrupulosamente las fechas previstas en el
calendario electoral. Concurren seis partidos políticos que se enfrentarán para elegir al binomio
mixto de presidencia y vicepresidencia, 92 diputados y diputadas para la Asamblea Nacional y
otros 20 para el Parlamento Centroamericano.
Las formaciones en liza son el Partido Liberal Constitucionalista, principal partido de la oposición,
de donde han procedido dos presidentes de la historia reciente del país (Arnoldo Alemán y
Enrique Bolaños); el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente en el gobierno con el
72,44% de los votos emitidos; el Camino Cristiano Nicaragüense; la Alianza Liberal
Nicaragüense, principal partido opositor al FSLN tras las elecciones de 2006; la Alianza por la
República y el Partido Liberal Independiente.
Si algo llama poderosamente la atención de los procesos electorales de esta pequeña República
es el absoluto respeto a la igualdad de género y su reflejo paritario en las candidaturas. Nicaragua
tiene el honor de ser uno de los cinco países más igualitarios del mundo, especialmente tras la
reforma de la Constitución Política de 2014, impulsada por el FSLN, en la que se instituye por ley
que el 50 por ciento de mujeres y el 50 por ciento de hombres ocupen los puestos institucionales
más relevantes. Así lo recoge el Índice Global de la Brecha de Género de 2020, que mide la
paridad entre hombres y mujeres en las áreas de salud, educación, economía y política en todo el
mundo.
Pero también llama la atención el interés político y mediático que han despertado fuera del país y
los ímprobos esfuerzos que se están realizando para desacreditarlas y, a posteriori,
desconocerlas. Desde luego, contrasta con el clima de tranquilidad, normalidad y convivencia
que se vive en el país ante la celebración del inminente proceso electoral. Son como dos
realidades paralelas que discurren a cierta distancia de manera independiente. Un proceso
electoral reglado, normalizado, transparente que discurre paso a paso por donde le marcan las
leyes electorales, frente a una agenda externa prefijada, con guión y actores conocidos, que
tratan de enturbiar lo que acá suelen denominar como «fiesta de la democracia» que tendrá lugar
el 7 de noviembre.
Estudios demoscópicos proyectan que alrededor de 3/4 partes de la población tiene intención de
acudir a las urnas, lo que supone un porcentaje elevadísimo de aprobación del sistema electoral
en su conjunto. Sin embargo, lo que los medios internacionales repiten, es que la oposición no
participa en las elecciones y que gran parte de los votantes no tienen quién los represente. Desde
luego, considerar como funcionales al sandinismo a partidos profundamente liberales, que
gobernaron el país en varias ocasiones (coligados o en solitario), que pusieron en práctica
políticas privatizadoras y demoledoras del estado del bienestar y de derecho conseguidas por
Daniel Ortega y el FSLN es, lisa y llanamente, falso.
Es cierto que en Nicaragua hay una miríada de micropartidos que se crean, cambian de nombre,
entran en coaliciones y alianzas y desaparecen en cada contienda electoral pero, realmente,
ninguna formación significativa se ha caído del plantel electoral de las elecciones de 2016 o 2011.
Para ser precisos, únicamente falta el Partido Conservador de Nicaragua, fundado por el marido
de Violeta Barrios de Chamorro, 45ª presidenta de la República desde 1990 hasta 1997, pero en
las últimas elecciones democráticas obtuvo poco más del 2% de los sufragios y un solo y
testimonial escaño en el parlamento.
Sin embargo, para cualquier observador que se informe a través de las noticias de los medios de
comunicacion corporativos o escuche las declaraciones de los líderes occidentales (o sus
vasallos regionales) creerá que se ha impedido participar en las Elecciones Generales de 2021 a
la mayoría de partidos opositores con capacidad de hacerse con el favor popular. Nada más lejos
de la realidad, como es fácil comprobar.
Es en este mismo sentido —injerencista y neocolonial— donde hay que enmarcar los
movimientos recientes de la Organización de Estados Americanos que, en una resolución
promovida por EEUU y varios de sus socios, exige la liberación de los supuestos líderes
opositores detenidos que —afirman— no han podido presentarse a las elecciones, a los que
define como «precandidatos» (figura que no existe en la legislación electoral nicaragüense) y
anticipando que las generales de 2021 no van a ser ni libres ni justas. Obvian, o pretenden que
olvidemos, que los detenidos lo han sido en función de la legislación vigente del país,
especialmente la «Ley de Agentes Extranjeros» que trata de impedir que países como Estados
Unidos creen y manipulen chiringuitos políticos y mediáticos para desestabilizar Nicaragua y la
«Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y
Autodeterminación para la Paz», que criminaliza a quienes trabajan en coordinación con
enemigos externos del país para provocar sanciones económicas desvirtuando sus legítimas
instituciones.
Pedir que se desconozcan las leyes democráticas propias de un estado por motivos de no
afinidad política, dice muy poco en favor de la Organización de Estados Americanos, denostada
por una trayectoria al servicio de las políticas colonialistas norteamericanas, cuyo culmen reciente
fue la cooperación con el golpe de estado fascista perpetrado en Bolivia con ayuda
estadounidense y de la internacional liberal latinoamericana contra la victoria electoral de Evo
Morales que, a la postre, provocó decenas de muertos y miles de heridos y represaliados.
Las críticas de la Organización de Estados Americanos por impedírsele enviar una misión de
observación no están justificadas en absoluto. La OEA, el ministerio de colonias de Estados
Unidos, es parte de los instrumentos del imperio para impedir el ejercicio de la soberanía de los
pueblos de Nuestra América. La imparcialidad que deberían demostrar en el ejercicio de sus
funciones, hace mucho que se truncó en sumisión a los intereses estadounidenses. Su tiempo ya
ha pasado. La región demanda instituciones supranacionales realmente democráticas que
respeten la independencia de los estados y que arrojen definitivamente la doctrina Monroe y sus
secuelas al basurero de la historia. Muchos más países de la región deberían cerrar sus puertas a
la OEA para que se garantice, al fin, que los recursos, las capacidades y potencialidades de las
naciones de la región, se pongan exclusivamente al servicio de la mejora de la calidad de vida de
sus habitantes y no las de las oligarquías de su decadente vecino del norte.
Así pues, las elecciones de noviembre se van a celebrar con toda normalidad y con una
pluralidad política plenamente asegurada. Si Estados Unidos, la Unión Europea o la OEA
pretenden desconocer el resultado, no será por falta de democracia, sino porque anticipan un
resultado que no les va a satisfacer. Para ellos la democracia sólo es un buen instrumento cuando
responde a sus intereses. Si no es así, la consideran un estorbo. Así lo reconoció Vargas Llosa
recientemente cuando dijo que «lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino
votar bien». Y votar bien —para los liberales ultracapitalistas— es apoyar a la tropa de corruptos
como él, a sus lobbys y a sus fundaciones, que practican la injerencia en todos los procesos
electorales de América Latina para evitar un cambio que ya está en marcha y que no tiene
marcha atrás, donde Nicaragua es un pilar fundamental.
Pero no solo está garantizada la libertad y la diversidad política, también existen mecanismos
legales que certifican la transparencia y fiabilidad del resultado. Más de 80.000 personas a
propuesta de todos los partidos políticos en liza, integrarán las 13.459 mesas electorales,
conocidas como Juntas Receptoras de Votos, distribuidas en los más de tres mil Centros de
Votación repartidos por toda la geografía nicaragüense. Por otro lado, los partidos políticos
nombran directamente a un conjunto de fiscales que estarán presentes en todas las fases del
conteo, tanto en las Juntas Receptoras de Votos, como en los Consejos Electorales Municipales,
departamentales y regionales, en los Centros de Cómputo y en el Consejo Supremo Electoral. Es
prácticamente imposible que el resultado de estas Elecciones Generales no se corresponda
estrictamente con lo expresado libremente por la voluntad popular.
Velando por la tranquilidad y normalidad del proceso, el Ministerio de la Gobernación y el Consejo
Supremo Electoral han capacitado a 30.000 voluntarios y voluntarias para que presten sus
servicios como policías electorales que se desplegarán en cada Centro de Votación para
garantizar el pleno derecho al voto en libertad. Finalmente, un nutrido grupo de analistas
internacionales independientes, al amparo de la Ley Electoral vigente, ejercerán de
Acompañantes Electorales y darán cuenta de la limpieza de los comicios ante la opinión pública
mundial.
Todos los preparativos para el 7 de noviembre marchan a buen ritmo, según lo previsto en el
ordenamiento jurídico de Nicaragua y así lo reconoce cada día un pueblo comprometido con su
gobierno y su sistema político. También discurre rápidamente en el mundo de las fake news —y
es previsible que redoble su paso en fechas próximas— la realidad alternativa inventada por los
media y los gobiernos neoliberales enemigos. Pero si hay algo que augura esta descomunal
campaña desinformativa, es una nueva e incontestable victoria del sandinismo como, por otro
parte, vaticinan la práctica totalidad de las encuestas realizadas hasta la fecha en
correspondencia con los avances realizados en sanidad, educación, vivienda, vías de
comunicación, energía, soberanía alimentaria, igualdad de género, etc.
Boleta visada por todos los partidos políticos que se
presentan a las elecciones del 7 de noviembre

Juanlu González
Colaborador geopolítico de medios públicos internacionales de países del Eje del Mal y del Frente
de la Resistencia, así como de diversas webs de información alternativa en castellano del Estado
español, América Latina y Oriente Medio. Miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la
Humanidad. Autor del libro «El Gran Juego, claves para entender los conflictos internacionales de
nuestro tiempo.»

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