Nicaragua: campaña de acuso y derribo preelectoral contra el Sandinismo


 

PASCUAL SERRANO, PERIODISTA ESPAÑOL

El 7 de noviembre los nicaragüenses están convocados a las urnas. Elegirán al nuevo presidente del país, 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Las elecciones tendrán lugar en un momento de gran tensión internacional contra el actual gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega.

A día de hoy, entre los líderes políticos occidentales y los medios de comunicación parece haber un curioso consenso para acusar al Gobierno nicaragüense de persecución y encarcelamiento de la oposición, y preparar las condiciones para un fraude masivo de cara a las elecciones.

Sin embargo, las dos nuevas reformas electorales sobre las que pivotan las denuncias no parece que contengan nada inapropiado, concretamente establecen que ningún partido político pueda recibir financiación externa por parte de gobiernos extranjeros u ONGs, y por otro que las candidaturas deben ser paritarias, es decir 50% hombres y 50% mujeres.

Es necesario que nos acerquemos a Nicaragua para ver qué se oculta detrás de esa campaña, quiénes son los opositores, qué hay de verdad en las acusaciones de persecución contra ellos, cómo son los métodos de intervención extranjera en el país y cuál es el balance del Gobierno de Daniel Ortega durante estos años. Pero comencemos con algo de historia.

La Familia Somoza.

Nicaragua vivió la dictadura militar de la familia Somoza desde 1937 hasta 1979, primero con el padre y después con el hijo. Durante ese periodo, la pobreza, las desigualdades, la corrupción y la represión fueron constantes. Los Somoza, que llegaron al poder mediante un golpe de Estado, tuvieron el apoyo incondicional de Estados Unidos y lograron amasar una de las mayores fortunas del continente. Se calcula que cuando dejaron el poder el patrimonio de la familia rondaba los 500 millones de dólares de la época.

El pueblo nicaragüense se agrupó en torno al levantamiento armado del Frente Sandinista de Liberación Nacional y las columnas guerrilleras entraron en Managua el 19 de julio de 1979 en medio del clamor popular derrocando así la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

Se instauró una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985) con carácter transitorio con representantes de diferentes sectores sociales, políticos, comunitarios y religiosos, que ideológicamente se movían en un espectro que iba desde la socialdemocracia al marxismo, pasando por la teología de la liberación.

En 1984 se realizaron las primeras elecciones conforme a la nueva ley electoral, y la junta transitoria se disolvió y entregó el poder a aquel que había ganado las elecciones: el nuevo presidente, el sandinista Daniel Ortega Saavedra.

Desde el momento en que se derroca la dictadura y llega al poder el Frente Sandinista, el Gobierno de Estados Unidos pone en marcha una oposición armada que arrastra al país a una guerra civil. Honduras será la base de los grupos armados de derecha financiados por Estados Unidos, la denominada Contra. Esta agresión fue reconocida incluso por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que condenó a Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua por la injerencia y daños causados.

Elecciones con chantaje

En febrero de 1990, los nicaragüenses se enfrentan a unas elecciones en las que saben que si ganan los sandinistas, la guerra continuará e hipotecará el desarrollo económico del país, los jóvenes deberán incorporarse al ejército para enfrentar a la Contra financiada por Estados Unidos y muchos de ellos morirán, los bloqueos y sanciones económicas de Estados Unidos seguirán al máximo. Incluso el propio presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos denuncia la financiación y manipulación de su país a favor de la candidata de la derecha Violeta Chamorro para derrocar a los sandinistas.

Agotados por la guerra civil contra los grupos armados de la derecha, los nicaragüenses le dan la victoria a Violeta Chamorro sabedores que al día siguiente la guerra civil terminará, los cultivos dejarán de ser arrasados y sus hijos podrán abandonar el frente de guerra y volver a casa. El Frente Sandinista acata los resultados y cede la presidencia a Chamorro.

Comienza entonces en Nicaragua una nueva era neoliberal que tiene como objetivo revertir todos los logros sociales del sandinismo: se privatiza la banca, el transporte, las minas, la salud y la educación, que deja de ser universal y gratuita. La nueva presidenta le perdona a Estados Unidos la indemnización que el Tribunal de la Haya le impuso por sus actos terroristas contra Nicaragua.

Se siguen sucediendo los gobiernos de derechas con sus políticas privatizadoras y sofocando las numerosas protestas populares. La sociedad nicaragüense llega a las elecciones de 2006 harta de las políticas neoliberales y aunque Estados Unidos vuelve a chantajearles diciendo que bloquearía el envío de remesas de los emigrantes nicaragüenses a su país si ganaba el sandinismo, el FSLN gana las elecciones y Daniel Ortega recupera la presidencia de Nicaragua.
Intento de desestabilización en 2018

Y vuelven de nuevo los planes y campañas para derrocar al sandinismo. La más destacable fue en 2018 con motivo de la reforma de la Seguridad Social que afectaba a pensionistas y cotizaciones. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se encontraba al borde del colapso y sus reservas podían agotarse en 2019 si no se tomaban medidas.

El FMI propuso retrasar la edad de jubilación, algo que el Gobierno sandinista rechazó y optó por aumentar las cotizaciones. Ese aumento tenía un claro perfil social porque sería un incremento del 0,75% por parte de los empleados y un 2% por parte de los empresarios, que aumentaría otro 1,5% hasta 2020. A ello se añadiría una deducción del 5% de las pensiones.

Los sindicatos apoyaron la propuesta del Gobierno como la mejor opción para garantizar la viabilidad del sistema. Sin embargo, la patronal rechazó ese aumento del porcentaje de su cotización y anunció movilizaciones y protestas. En los medios occidentales se presentaron esas protestas como la reacción ante una reforma de las pensiones por parte del Gobierno sandinista que era impopular y dañina para las clases más humildes.

Pero la realidad fue otra. Fueron unos días de violencia con los que la oposición intentó derribar al legítimo Gobierno de Nicaragua. Exigían la dimisión de Daniel Ortega porque discrepaban de un proyecto de ley de la Seguridad Social y le siguieron exigiendo la dimisión incluso después de que el Gobierno retirara el proyecto. El saldo fue de al menos 250 muertos, entre ellos 22 policías y 48 sandinistas, según la Comisión de la Verdad del Gobierno.

El periodista francés de Le Monde Diplomatique Maurice Lemoine explica su experiencia vivida en primera persona durante aquellos acontecimientos:

«Hubo un intento extraconstitucional de derrocar al presidente elegido. Lo que generalmente se ha descrito como manifestaciones pacíficas tenía todas las características de una rebelión antidemocrática llevada a cabo mediante la violencia insurreccional. A ella se opusieron, de manera igualmente rugosa, el Gobierno y su base social sandinista, un movimiento de masas organizado, endurecido por una larga historia de agresiones, y ampliamente subestimado tanto por la oposición como por el cártel de observadores que le son afines».

Una vez más, la prensa occidental presentó aquellos acontecimientos como la violencia y la represión de Daniel Ortega y su Gobierno dictatorial, ignorando, no solo que es el presidente legítimo, sino también el apoyo masivo de la ciudadanía al Gobierno sandinista y la financiación y manipulación que había detrás de las protestas pilotadas por la derecha.

El sandinismo aguantó la embestida pero se logró acuñar la imagen de un gobierno despótico y represor en gran parte de la opinión pública internacional, incluso en algunos sectores de la izquierda.

Sanciones de Trump

Esta situación la aprovechó Donald Trump para imponer duras sanciones económicas y políticas a la administración sandinista mediante la ley Nicaraguan Investment and Conditionality Act, conocida como NICA Act. Una ley que no solo penaliza a funcionarios del Gobierno sandinista, sino que condiciona los préstamos ante organismos multilaterales para Nicaragua, algo que supone un duro golpe al plan de inversión pública de este país.

Previamente, y casi como si de una advertencia de cara al futuro se tratara, el asesor de seguridad John Bolton, catalogó a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela como la «troika de la tiranía de Latinoamérica».

Pero, Estados Unidos ha ido aún más lejos y, a principios de 2021, presentó otro proyecto de ley de sanciones, denominado «Reforzar la adhesión de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral» (Ley RENACER). El proyecto de ley tiene como objetivo duplicar las sanciones actuales para garantizar, según dice, «elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua y reafirmar el compromiso de Estados Unidos de proteger las libertades fundamentales y derechos humanos del pueblo de Nicaragua».

En realidad es continuar esa política de chantaje que le dio la victoria en su día a Violeta Chamorro pero que, en cambio, no sirvió en 2006. Al mismo tiempo se dispara el dinero estadounidense para financiar la desestabilización y la oposición en Nicaragua. Los principales actores de esta guerra no convencional Made in USA son: la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); la Fundación para la Nueva Democracia (NED), creada en 1983 por Reagan para sustituir a la CIA en la organización de acciones no armadas; el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Instituto Republicano Internacional (IRI), dependientes del Congreso estadounidense; Freedom House, la Open Society de George Soros; y algunos comparsas menos conocidos.

El objetivo declarado es infiltrarse, crear, financiar, formar, controlar e instrumentalizar las instituciones de la mítica «sociedad civil»: sindicatos, partidos políticos, instituciones académicas o profesionales y, especialmente, la prensa y las ONG.

Millones para la oposición

Maurice Lemoine lo ha contabilizado con precisión en el portal francés Mémoire de luttes. Entre 2010 y 2020, la USAID planeó transferir 68,4 millones de dólares a la derecha nicaragüense para ayudarla a desacreditar al Gobierno (internamente y en el extranjero) mientras entrenaba a nuevos líderes y creaba una masa crítica de opositores. Dos años antes del levantamiento espontáneo de 2018, añadió otros 8 millones a su contribución, con lo que su ayuda económica total ascendió a 76,4 millones.

En el centro de la trama, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, que sirvió de centro para la redistribución de una parte sustancial del río de dinero estadounidense. La Fundación ha estado alimentando los canales de televisión 10, 11 y 12, Vos TV, Radio Corporación, Radio Show Café con Voz, así como las plataformas digitales 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, Bacanal y Despacho 505… junto a una pléyade de periodistas independientes.

Pero no solamente ha sido EEUU. La radio La Primerísima denunció que desde las agencias de cooperación de España y de Bélgica diferentes ONG’s lideradas por opositores, incluida la Fundación Chamorro, habían recibido importantes subvenciones de estos países. Lemoine señala que «el número y la diversidad de las conexiones establecidas para librar esta guerra no convencional son impresionantes. Además de los medios de comunicación, la oposición cuenta con el ejército de ONG de todo tipo que, desde el final de los conflictos armados de los años 80, han caído sobre Centroamérica».

Leyes sandinistas para la soberanía

Lógicamente ni el Frente Sandinista ni Daniel Ortega iban a permanecer impasibles ante esa ofensiva de intervención, ataque a la soberanía e intento de dirigir el resultado electoral. El 15 de octubre de 2020, el Parlamento aprobó la Ley 1040, conocida como la «Ley de Regulación de Agentes Extranjeros». Aunque no las prohíbe, la ley exige a las ONG que informen sobre toda la financiación extranjera, especificando la identidad de sus donantes, el importe de los fondos recibidos, la finalidad de las donaciones y una descripción de cómo se ha gastado el dinero, información que debe coincidir con sus estados contables y financieros.

El 27 de octubre del mismo año se aprueba la Ley Especial sobre Ciberdelitos (nº 1042)que permite perseguir y castigar la difamación, las amenazas, los atentados contra la integridad física de niños o mujeres, la usurpación de identidad, la piratería informática o el espionaje informático, así como a quienes difundan «información falsa».

Finalmente, el 21 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1055 en «Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz». Esta ley establece que «cualquier persona que exija, apoye y acoja la imposición de sanciones al Estado de Nicaragua» no podrá presentarse a las elecciones generales. También queda excluido quien fomente o financie un golpe de Estado, socave el orden constitucional, incite a la injerencia extranjera o participe, con financiación externa, en actos de terrorismo y desestabilización.

La oposición se escandaliza contra esa legislación pero, en realidad está inspirada en Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, Ley Nº 192 aprobada el 1 de febrero de 1995, firmada por la entonces presidenta del gobierno de la derecha, Violeta Chamorro: «No podrán ser candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República (…) los que encabecen, o financien un golpe de Estado, los que alteren el orden constitucional y como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura del Gobierno y Ministerios o Viceministerios, o Magistraturas en otros Poderes del Estado».

Llegan las detenciones

Pues bien, estas legislaciones son las que explican que las autoridades judiciales hayan ordenado citaciones judiciales, arrestos domiciliarios o detenciones de varios activistas de la oposición, algunos de los cuales salieron raudos a inscribirse como candidatos políticos para poder presentarse ante la opinión pública internacional como perseguidos por el Gobierno de Nicaragua por sus ideas políticas.

El caso más destacado es el de Cristiana Chamorro, hija de aquella presidenta que votaron los nicaragüenses cuando tenían que elegir entre ella o la guerra financiada por Estados Unidos, y actualmente al frente de la anteriormente citada Fundación Chamorro.

Según la fiscalía nicaragüense, el análisis de los estados financieros de la Fundación en el periodo 2015-2019, revela claros indicios de «blanqueo de capitales». Entre otros, 7 millones de dólares que constaban en el saldo acreedor de la Fundación cuando se cerró y que después aparecieron en tres de las cuentas bancarias personales de Cristiana Chamorro.

Cuando es citada para aclarar este baile de cifras, se niega a responder a las preguntas de los investigadores sobre el uso de fondos recibidos de una potencia extranjera y los movimientos financieros sospechosos.

Viendo el desarrollo de los acontecimientos, Chamorro, pocos días después, anuncia su intención de presentarse a la presidencia de la República y ahí tenemos a una candidata competidora de Daniel Ortega «perseguida y acosada por el Gobierno nicaragüense». Y no ha sido la única que se declaró candidata al descubrir a la fiscalía detrás de sus cuentas.

Y aquí es donde se despierta la indignación de medios y políticos de occidente. Nicaragua, el ‘gulag’ centroamericano, titulaba el diario El País el 21 de junio. Pero, como señalan los periodistas Jorge Capelán y Stephen Sefton, «esta gente está siendo investigada porque estuvieron públicamente pidiendo medidas coercitivas contra la economía de Nicaragua, por haber conspirado por cometer actos terroristas, y por establecer una estructura fraudulenta de ONG para el multimillonario lavado de dinero con los fondos enviados desde el exterior, los cuales constituyeron una intervención política en el país para provocar una catastrófica desestabilización».

El Foro de Sao Paulo emitió un comunicado respaldando al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Esta agrupación latinoamericana, compuesta por grupos políticos de izquierda, dijo, en referencia a los arrestos de opositores, que «las personas involucradas son investigadas por crímenes contra la patria» y que las medidas judiciales están basadas «en una ley de octubre del 2020 aprobada por un Poder Legislativo legítimamente electo, que busca defender la soberanía del país contra los avances de fuerzas externas e imperialistas».

Ante las reclamaciones de liberación desde el Gobierno de Estados Unidos, Daniel Ortega ironizó en un acto público diciendo: «Hay más de 400 norteamericanos procesados de entre los que fueron al Congreso porque decían que las elecciones eran fraudulentas. Aquí son 20. Allá son más de 400 procesados. Vamos a decirles: suelten ustedes a todos los presos políticos que tienen en EEUU por haber ido a protestar en el Congreso».

Logros sandinistas

Pero este análisis no sería útil si no investigamos cómo ha evolucionado en los últimos años Nicaragua bajo el Gobierno sandinista. Según el Informe de Desarrollo Humano del año 2020 elaborado por las Naciones Unidas, en los últimos nueve años de Gobierno sandinista, desde 2010 a 2019, el Índice de Desarrollo Humano de Nicaragua aumentó de 0,622 a 0,660 y la esperanza de vida ha pasado de 72,4 años a 74,5.

Los años promedio de escolaridad en ese mismo periodo han aumentado de 6 a 6,9. El Ingreso Nacional Bruto per cápita sube de 4.487 dólares a 5.284 dólares. El Gobierno ha aprobado un 57,1% del presupuesto de 2021 para gasto social, es decir para los sectores de educación, salud, viviendas y servicios comunitarios, entre otros. Un porcentaje impensable con los anteriores gobiernos neoliberales.

También según el PNUD, en Nicaragua, el 44.6% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y el 48.5% de las mujeres adultas ha alcanzado al menos un año de educación secundaria, frente al 46.8% de los hombres adultos. Una de las reformas electorales que entran en vigor en las próximas elecciones establece que cada sexo debe tener el 50% de representación en cada candidatura

Nicaragua ha pasado de producir y consumir solo el 25% de energía renovable al 77,3% en marzo de 2021. Esta «Revolución verde» ha sido elogiada incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Según recordó el embajador de Nicaragua en España, Carlos Midence, durante un acto con motivo de la fiesta nacional nicaragüense en Barcelona el 20 de julio, Nicaragua produce el 92% de los alimentos que consume. También señaló que, en 2007, el Gobierno de Daniel Ortega decretó la sanidad gratuita, ha construido hospitales a un ritmo de dos cada año (de los 228 hospitales que hay en Centroamérica, 77 están en Nicaragua) y ha pasado de tener 21.000 trabajadores de la salud a tener 36.000.

En 2007 el país vivía con una media de diez o doce horas de apagones diarios y hoy el 99,2% de la población tiene acceso a la energía.

El diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Wálmaro Gutiérrez, quien también es presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, recordaba en declaraciones a Sputnik el 15 de julio que el sandinismo recibió un presupuesto en educación de aproximadamente 3.000 millones de córdobas y también de una cantidad similar de 3.000 millones para salud y lo han disparado a 19.800 millones de córdobas. Gutiérrez mostró su convencimiento de que podrán cerrar 2021 con un crecimiento económico de «entre el 2,5 y el 3,5%», unas «cifras sumamente alentadoras» teniendo en cuenta las consecuencias de la intentona golpista, así como «una pandemia, y, por otro lado, los efectos devastadores que tuvieron los huracanes Eta e Iota».

Encuestas electorales

Sobre el próximo plebiscito, las encuestas electorales han dado en todo momento al Frente Sandinista y a Daniel Ortega como candidatos preferidos para lograr la presidencia. La última encuesta preelectoral, de este mes de julio, por la única firma nicaragüense de estudios de opinión, M&R Consultores, mostraba una previsión de voto de 60,2% para el FSLN, un 13,7% para la oposición y un 26,2% de indecisos. Al consultar por la aprobación del Gobierno nacional en comparación a todos los otros gobiernos de los últimos 50 años, la administración de Daniel Ortega aparece en primer lugar con el 28,2% de las preferencias.

Es por eso, que ante esta probable victoria sandinista, Estados Unidos ya tiene previsto su escenario de subversión que pasa, como no podría ser de otra manera, por no reconocer el resultado electoral. Un patrón ya utilizado en Venezuela y en Bolivia.

El periodista Maurice Lemoine revela que el plan estadounidense para después de las elecciones se denomina Responsive Assistance in Nicaragua (RAIN). Este programa prevé, desde el 11 de agosto de 2020 hasta el 10 de febrero de 2022, la asignación de 2 millones de dólares para lograr «una transición ordenada» del gobierno de Ortega hacia «un gobierno comprometido con el estado de derecho, las libertades civiles y una sociedad civil libre».

Sin siquiera tratar de ocultar su estrategia, el documento utiliza cien veces la expresión «régimen de transición» y prevé de antemano una purga dentro del ejército y la policía sandinistas. Es decir, el derrocamiento del Gobierno sandinista aunque gane legítimamente las elecciones de noviembre. Tampoco es para sorprenderse, es lo que lleva haciendo, o intentando hacer durante décadas, Estados Unidos en América Latina.

Sin duda el sandinismo a lo largo de la historia y el Frente actual de Daniel Ortega, habrán tenido errores y deficiencias. Quizás hasta abusos de poder asociados a tantos años en el gobierno, aunque no tantos como Helmut Kohl o Angela Merkel en Alemania o Jordi Pujol en Cataluña.

Lo que sí debe saber cualquier persona honesta y respetuosa con la soberanía de América Latina es que ninguna alternativa promovida por Estados Unidos, ninguna opción de gobierno crecida con los dólares de sus empresas, ningún partido o líder diseñado en sus despachos, ni ninguno de los sistemas de cambio de poder que se traman en sus agencias de inteligencia tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida ni de los nicaragüenses ni de de ningún otro pueblo de América.


    Fuente(s):
  • https://observatoriocrisis.com/2021/07/23/nicaragua-campana-de-acuso-y-derribo-preelectoral-contra-el-sandinismo/

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