La crisis económica de 2008 tuvo un impacto especialmente grave en el mercado de trabajo, que vio cómo las condiciones laborales previas se evaporaban de la noche a la mañana y aceleraban un proceso de precarización que venía imponiéndose a medida que la economía se resentía de los excesos especulativos. El Estado de Bienestar había fallado y era necesario readaptarlo a las condiciones socioeconómicas de la época, pero no era la primera vez que se reformulaba el papel del Estado dentro de la redistribución.

Moreno Fernández (2017) establece tres etapas diferenciadas en la evolución del Estado de Bienestar

La Edad de Oro desde 1945 hasta 1975, que se caracteriza por las altas tasas de actividad laboral masculina mientras las mujeres realizaban los trabajos reproductivos y por una asunción del Estado de políticas públicas dirigidas a cubrir las necesidades que el mercado era incapaz de satisfacer. Es decir, podemos entender al Estado como garante de políticas sociales mínimas. Sin embargo, la crisis del petróleo de 1973 profundizó la incapacidad fiscal de los Estados para mantener el sistema de bienestar y mostró las dificultades de las economías nacionales para seguir obteniendo beneficios dentro del desarrollismo capitalista.

Como consecuencia, se produce un giro radical derivando los esfuerzos a la contención y reducción de los programas de protección social: la Edad de Plata del Estado de Bienestar entre 1975 y 2007. El aumento de las personas beneficiarias, así como la influencia de los postulados del neoliberalismo en países como Estados Unidos, Reino Unido o Chile provocaron que el Estado pasase a tener un rol de facilitador donde los objetivos se dirigían a la optimización del capital humano buscando obtener posiciones de ventaja comparativa dentro del mercado global y favoreciendo la desregulación de sectores de la economía. De esta manera, la solidaridad fue sustituida por la responsabilidad individual, sembrando la semilla del discurso meritocrático y obviando la multiplicidad de factores que pueden intervenir en la exclusión social. Esta etapa histórica basada en la financiarización y deslocalización acabó finalmente siendo responsable del hundimiento de la economía en el año 2007.

A partir de 2008 se inicia la tercera etapa del Estado de Bienestar: la Edad de Bronce, que busca atajar los problemas asociados a los nuevos riesgos sociales (cambios de roles de las mujeres, transformación de las familias, precariedad, exclusión social y dificultad de acceso a las prestaciones sociales). Es en este contexto cuando se aprueba a nivel europeo la Iniciativa de Empleo Juvenil, desarrollada a partir del año 2013 en un momento en el que las tasas de paro juvenil alcanzan sus máximos y que después sentará las bases del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) en vigor desde 2014. Las líneas de actuación definidas fueron, en primer lugar, la flexibilidad y adaptación a las necesidades de las personas participantes en el programa y, en segundo lugar, la orientación hacia los colectivos de jóvenes en mayor riesgo de exclusión y con menor capacidad de acceder al mercado de trabajo. Lo que ocurre es que las condiciones de cada país son diferentes, por lo que aplicar una determinada política activa de empleo puede funcionar en algunas zonas, pero ser fútil en otras. Eso ocurrió en el caso del Estado español, donde, a pesar de la intención de ofrecer una atención dirigida a sectores específicos en riesgo, el conjunto de actuaciones llevadas a cabo dentro del marco de Garantía Juvenil fue excesivamente monolítico, rígido y generalista, ignorando las especificidades de la población objetivo: la juventud.

Garantía Juvenil Plus 2021-2027

El pasado 8 de junio se aprobó en Consejo de Ministros el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, donde el continuismo con el anterior Plan deja patente la clara ineficacia de las políticas activas de empleo destinadas a favorecer la integración laboral de colectivos y sectores en riesgo. En este sentido, el mercado de trabajo en España se caracteriza por tres aspectos clave: altas tasas de paro, alta temporalidad y parcialidad.  Generalmente, estas tres problemáticas no afectan de la misma manera a los distintos grupos sociales y tienden a agravarse para los perfiles de mujer, joven y no cualificada. Por lo tanto, sería interesante plantear un plan de integración laboral que tuviese en cuenta en mayor medida la perspectiva de género en el acceso al programa. En cuanto a la cualificación, el fracaso escolar dificulta la entrada en el mercado laboral, por lo que los objetivos marcados en el SNGJ podrían resultar interesantes para transformar esta dinámica.

Sin embargo, esto no es así. Por un lado, la rigidez de las medidas puestas en marcha hace imposible la adaptación a las situaciones personales de cada individuo, de forma que el carácter generalista del programa no permite profundizar en los condicionantes de riesgo individuales que son clave para avanzar hacia escenarios más optimistas. Por otro lado, en temas como la formación siempre va a existir un claro sesgo de clase. Autores como Bourdieu con la teoría del capital cultural inciden en esta brecha, explicando que ante resultados intermedios iguales aquellas personas originarias de las clases trabajadoras tenderán en mayor medida a abandonar los estudios en contraposición con quienes ocupan una más alta escala en la sociedad. En otras palabras, la vida educativa tiene un fin económico y obtener un título profesional es reflejo de estatus socioeconómico elevado, estableciéndose como factor diferenciador cuyo impacto debe ser atenuado por la intervención pública del Estado. Además, como explican Soler y Verd (2019) centrar estos programas en la formación para el empleo es una forma muy poco específica de atajar el problema, ya que no implican efectos inmediatos y abren múltiples retos, como puede ser la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención del abandono escolar o el fomento de la formación profesional dual.

El Plan de Garantía Juvenil fracasa en esta motivación. En primer lugar, porque perpetúa la segmentación del mercado laboral reforzando la existencia de una élite integrada a través del empleo con salarios altos, redes sociales estables y perspectivas de crecimiento en el ámbito laboral frente a grupos sociales en riesgo que deben conformarse con acceder a una formación mínima y empleos precarios. En segundo lugar, porque su orientación hacia el emprendimiento ignora las condiciones previas necesarias para poder emprender. Dicho de otro modo, aunque los beneficiarios sobre el papel sean los colectivos en riesgo, a la hora de plasmar las propuestas queda reflejado un claro sesgo aspiracional de ascenso social, por lo que es incapaz de ajustarse a las necesidades reales de quienes participan en el programa e ignora la falta de recursos económicos, sociales y culturales de los y las jóvenes en riesgo de exclusión.

La temporalidad y la parcialidad son otros dos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar programas activos de empleo. Desde el año 2005, más del 50% de los trabajadores temporales desconoce la duración de su contrato y la más común es inferior a los tres meses. La parcialidad, por su parte, tiene su origen en la crisis de 2008, llegando a sus máximos en el año 2013 con un 16,03%. Teniendo en cuenta que el primer plan de garantía juvenil se aprobó en 2013, parece evidente que se deberían haber tenido en cuenta todos estos aspectos o que al menos en 2021 el nuevo plan se haría eco de cómo revertir estas situaciones. Por el contrario, no hay en todo el programa una sola mención a la temporalidad o la parcialidad como problemas estructurales que se han agravado con las reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular en 2010 y 2012 respectivamente.

En definitiva, de lo que se trata es de poner parches a cuestiones ambiguas y poco concretas, sin profundizar en una reforma de la legislación vigente que impide avanzar en mejoras sustanciales para las clases populares a pesar del compromiso del “gobierno más progresista de la historia” para derogar la reforma laboral vigente. Por otra parte, la temporalidad se relaciona con un modelo productivo insostenible que tiene como epicentros de la contratación temporal a los sectores de la hostelería y de la construcción.

El Plan de Garantía Juvenil en ningún momento plantea la necesidad de llevar a cabo una transición ecosocial hacia economías más verdes, sino que mantiene el sistema productivo actual apostando por moldear la fuerza de trabajo para adaptarla a la economía y a las necesidades de las empresas empleadoras. En el proyecto se hace referencia a la importancia de transitar hacia una economía sostenible y eficiente, al mismo tiempo que se reafirma en la necesidad de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que hace referencia al trabajo decente y al crecimiento económico. Para ello se apuesta por la inversión en tecnología e investigación, así como en la denominada economía azul, centrada en mares y océanos. Evidentemente, crecimiento económico y sostenibilidad son incompatibles entre sí, por lo que una vez más la garantía juvenil no se ajusta a la realidad y se construye como un proceso aspiracional más que como una garantía tangible para entrar en el mercado laboral.

El Plan de Garantía Juvenil también apuesta por la “regeneración de espacios rurales y urbanos” como ventana de oportunidad para crear empleo juvenil. De nuevo, centran las medidas en el emprendimiento y la iniciativa creativa con fines sociales. Mantenemos la crítica elitista sobre los límites del emprendimiento como política activa de empleo, pero además es fundamental destacar uno de los supuestos logros que se alcanzarían gracias al programa. Defienden cómo la facilitación de oportunidades laborales en entornos rurales tendría un doble impacto positivo: “creación de empleo y responder a la demanda habitacional de personas vulnerables”.

No vamos a decir que las intenciones no sean buenas, pero también es cierto que pecan de ser ilusorias. Por supuesto que debemos poner esfuerzos en evitar la sangría demográfica rural en la España vaciada, pero para ello es necesario reforzar los servicios públicos y garantizar el acceso a una vivienda sin que debamos dejarnos la vida en pagar las rentas. Está muy bien tratar de dar respuesta a las necesidades habitacionales de la juventud, por eso es prioritario regular los precios del alquiler, poner límites a los fondos buitres que especulan con nuestras casas o prohibir los desahucios.

En esta línea, es completamente incongruente que se apueste por este tipo de políticas al mismo tiempo que se comparte gobierno con un Partido Socialista que se niega a legislar sobre los precios del alquiler, recurre la ley catalana que así lo hace y que se ha visto eficaz para combatir a especulación inmobiliaria y que a cambio promueve favorecer las desgravaciones fiscales para los propietarios bajo el argumento de que una regulación de este tipo promovería una disminución de la oferta. Por el contrario, esta bonificación fiscal apenas tendría impactos claros sobre los arrendatarios y simplemente favorecería que los arrendadores mantuviesen al alza sus tasas de beneficio a través de la financiación pública.

Así, si realmente existiese un interés honesto por resolver el problema de la vivienda para la juventud lo suyo sería legislar con una verdadera voluntad en beneficiar a las mayorías y no buscando el beneplácito de empresarios parasitarios que se enriquecen a costa de nuestro bienestar. Además, vuelven a incidir en programas de formación y empleo orientados al turismo rural, poniendo de relieve la dependencia económica hacia este sector.

Conclusiones

En definitiva, una vez analizado en líneas generales el Plan de actuación del gobierno es pertinente destacar una serie de reflexiones sobre el futuro del mercado de trabajo juvenil en el Estado Español. Durante la última década hemos visto cómo se ha producido una intensificación y radicalización de la flexibilidad y precariedad laboral gracias a las últimas reformas laborales. La crisis del factor trabajo como herramienta de integración social ha provocado que surjan con mayor asiduidad lo que se conoce como trabajadores pobres, sin protección social y con perspectivas nulas de estabilidad a medio/largo plazo, que aun contando con empleos a jornada completa no pueden hacer frente a los gastos mínimos mensuales.

En otras palabras, el trabajo ha desaparecido como fuente esencial de derechos y el programa de garantía juvenil no ofrece las respuestas necesarias y urgentes para resolver el problema. No se pueden implementar políticas activas de empleo sin tener en cuenta cuál es la idiosincrasia más básica de la población objetivo y, menos todavía, conceptualizando a ese mismo grupo con unas características típicas de grupos sociales cuya situación es negativa, pero que no se encuentran en riesgo de exclusión social. Pretenden aplicar tabula rasa y ofrecer las mismas alternativas de forma generalizada a todos los beneficiarios sin valorar la situación individual de cada uno, pese a que la orientación y el seguimiento es uno de los puntos centrales del programa. De esta manera, no se ataja la segmentación del mercado laboral, sino que se amplían las diferencias entre sectores y se ensanchan las desigualdades teniendo el impacto opuesto al que se busca.

Por último, ante la falta de respuesta de la esfera pública, la tendencia observada nos indica una sustitución de las estrategias colectivas que buscaban la integración sociolaboral por estrategias individuales y autónomas, que son mucho más débiles que la acción conjunta y que parecen defender una especie de sálvese quien pueda ante el colapso socioeconómico. En este sentido, es probable que uno de los mejores ejes de actuación frente al desempleo juvenil sea la derogación de la reforma laboral del Partido Popular enemiga de los trabajadores y que el “gobierno más progresista de la historia” sigue manteniendo intacta a pesar de hebr expresado la intención de desmantelarla poco a poco.

Así, destaca (pero no sorprende) la negativa de la patronal durante la última semana a las propuestas de remodelación que plantea el Ministerio de Trabajo para acabar con los contratos temporales. En el fondo, lo que demuestra esta oposición es la utilización abusiva de este tipo de contratos por parte de los empleadores, que obtienen ventajas al reducirse el precio de los despidos y, sobre todo, al disponer de plena libertad para ejecutar decisiones arbitrarias en el seno de la empresa.

Por otra parte, la temporalidad esconde una cara B: son muy comunes los contratos temporales que una vez vencidos continúan funcionando bajo la ilegalidad o la concatenación de contratos de corta duración limitando cualquier esperanza de estabilidad y visión de futuro. Para acabar con ello, una de las medidas puestas sobre la mesa de negociación por parte del Ministerio de Trabajo es la de declarar el despido nulo en el caso de que se demuestre la existencia de un abuso de la temporalidad. No cabe duda de que, de ser así, los márgenes de beneficio de la patronal se verán reducidos y la resistencia será amplia y dura.

Por lo tanto, para mejorar las condiciones laborales de las mayorías trabajadoras es prioritario que todo ello se vea acompañado de un proceso de movilizaciones sociales que, ante la desaparición de los sindicatos mayoritarios, devuelva el carácter colectivo a las luchas laborales y ponga el foco en la denuncia de la precariedad e insostenibilidad de un sistema que nos aboca a un futuro negro, que nos ahoga y empobrece a costa del beneficio de los empresarios. Mientras tanto, si se mantiene el continuismo y conservadurismo en las políticas activas de empleo que dictan desde la Unión Europea será imposible alcanzar ningún horizonte transformador.

17/06/2021

Diego Fernández es miembro del colectivo juvenil Abrir Brecha

Referencias

Manzanera-Román, S. et al (2016)“Crisis del factor trabajo como vía de integración social”,Cuaderno de Relaciones Laborales, 34 (1), 15-35.

Ministerio de Trabajo y Economía Social (2021)Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027.

Moreno Fernández, L. (2017)La Edad de Bronce del Estado de Bienestar en Europa. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC).

Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 24 de diciembre de 2016.

Rodríguez-Soler, J.,  Verd, J.M. (2018)“El diseño y despliegue del sistema de garantía juvenil en España: un análisis documental”, Revista Española de Sociología, 3, 395–412. Doi: http://dx.doi.org/10.22325/fes/res.2018.22

https://vientosur.info/precariedad-exclusion-social-y-mercado-de-trabajo/