Presentación en “el programa económico antisocial de la nueva derecha europea”

Autores: Àngel Ferrero / Ivan Gordillo


Comienzo protocolariamente, agradeciendo a Miguel Urbán y a su equipo, en particular a Marta Mateos, su confianza a la hora de encargarnos la redacción de este informe y su ayuda en el proceso de elaboración del mismo.

Este informe, que hemos titulado ‘El programa económico antisocial de la nueva derecha’, analiza los programas económicos de diez partidos representados en el Parlamento Europeo en el espectro de lo que, a falta de un término más exacto, hemos llamado aquí ‘nueva derecha’, aunque no rehusamos el debate terminológico. Son cinco partidos de Identidad y Democracia (ID) –Agrupación Nacional (RN), de Francia; la Liga, de Italia; Alternativa para Alemania (AfD); el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ); e Interés Flamenco (VB), de Bélgica–, cuatro del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) –Ley y Justicia (PiS), de Polonia; Vox, de España; Hermanos de Italia (FI); y Demócratas de Suecia (DI)–, y el húngaro Fidesz, que entonces se encontraba en el Partido Popular Europeo (PPE) y cuyos doce eurodiputados hoy forman el mayor grupo dentro de los no inscritos a la espera de su incorporación a otro grupo, probablemente el de los Conservadores y Reformistas Europeos, o la creación de un grupo nuevo que fusione a los dos anteriores.

Como Ivan Gordillo no ha podido estar hoy presente (o virtualmente) en la presentación de este informe por motivos familiares, y sería injusto que acaparase todo el tiempo de intervención, leeré unas palabras que ha redactado.

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En general, los programas económicos de las formaciones de extrema derecha se caracterizan por una mezcla contradictoria de medidas proteccionistas y medidas liberalizadoras. Esto obedece a la intención de plasmar en los programas económicos lo que persiguen sus estrategias electorales: atrapar tanto a votantes de las clases populares, como de las capas de pequeños propietarios y también de las grandes fortunas.

Obviamente, hacer coincidir intereses contrapuestos es imposible. Cuando observamos un poco de cerca los programas económicos, ubicando el paquete de propuestas de cada partido en su contexto nacional y considerando su trayectoria histórica, vemos que se trata de un modelo económico, mayoritariamente, favorable al capital nacional, es decir, a los propietarios (pequeños y grandes).

Por motivos de espacio destacaré las que a mi modo de ver son las tres contradicciones más flagrantes.

1) Las reformas fiscales que promueven la mayoría de los partidos consisten en reducciones radicales de impuestos (en algunos casos con el establecimiento de tipos únicos (flat tax) especialmente favorables a los contribuyentes de rentas altas y a las empresas. Acompañar estas medidas con promesas de aumento de las ayudas sociales o del mantenimiento del Estado de bienestar (educación, sanidad, etcétera) es una de las contradicciones más evidentes. Con una caída tan pronunciada de los ingresos del tesoro público, debida a las reducciones de impuestos anunciadas, cuesta ver cómo se podría seguir manteniendo el gasto público, incluso a los niveles actuales, con presupuestos recortados después de las medidas de austeridad de la última década posterior a la crisis de 2010.

Éste sería el mayor de los sinsentidos de los programas económicos de la extrema derecha, analizándolo des de un punto de vista contable. Si lo analizamos desde un punto de vista de clase, las reformas fiscales propuestas favorecen a las rentas altas y perjudican a la población con menores ingresos, ya sea porque verían aumentada su tributación al establecer un tipo superior a los tipos impositivos actuales o porque se reduciría el nivel de ingresos exento del impuesto sobre la renta. Además, el deterioro del Estado del bienestar impacta más negativamente en las personas de menores ingresos incapaces de acceder a servicios privados.

2) Por otro lado se prometen contenciones del gasto público con la limitación o directamente la prohibición del acceso a las ayudas públicas y el Estado del bienestar de la población inmigrante, es decir, reservando ciertos derechos únicamente a la población nacional. Dejando de lado las consideraciones sobre la vulneración del principio de universalidad y el componente discriminatorio (y racista) de este tipo de medidas, en términos meramente contables se trataría de un ahorro del gasto público muy menor. Pero lo más relevante aquí es que la realidad desmiente este tipo de discursos.

En general (aunque haría falta un análisis por países del que no es objeto este informe), la población inmigrante contribuye fiscalmente más de lo que gasta socialmente, entre otras cosas, por tratarse de una población joven en edad de trabajar. Sus cotizaciones y otros impuestos (IRPF, IVA, tributos, etcétera) generarían un superávit para las arcas públicas. Sin espacio aquí para entrar a hablar sobre el tipo de trabajos (de baja calificación, penosos, etcétera) y bajo qué condiciones laborales los ejercen (en muchos casos de forma irregular, explotados por las empresas más allá de la legalidad del estatuto del trabajo), o sobre el hecho de que si fuera al revés, es decir, si se tratara de una contribución deficitaria, este no sería un motivo relevante para limitar los derechos de esta población, ni su llegada, contraviniendo la legalidad internacional como estamos observando en los últimos años (y en los últimos días en Ceuta). Salvini (tal como prometió en campaña electoral) ni puede expulsar los 500.000 inmigrantes italianos (necesitaría de unos cambios legislativos muy profundos en materia migratoria y vulneraría tratados internacionales), ni quiere (porque son la mano de obra barata que está sosteniendo industrias tan importantes como la textil o la agricultura, y que tiene un peso importante en otros sectores, si se quiere menores en términos del PIB, aunque relevantes socialmente, como el de los cuidados a ancianos, limpieza doméstica y hostelería).

3) Para acabar, destacar la que posiblemente sea la tercera gran contradicción. El proteccionismo, aparentemente patriótico, consiste en defender unas empresas nacionales favoreciendo su producción respecto de empresas extranjeras importadoras. Ya de entrada, la propiedad de las grandes empresas puede ser difícil de determinar o puede ser muy difusa si recae en manos de grupos financieros inversores o grandes conglomerados bancarios, especialmente en el caso de empresas cotizando en mercados bursátiles.

En lo referente a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, con medidas sobre todo basadas en descuentos de las cotizaciones, éstas son limitadas o carecen de efecto “proteccionista” real. Sus primeras competidoras, en muchos sectores, especialmente industria y servicios, son las mismas grandes empresas nacionales. En lo referente a la competitividad internacional, aquí son más importantes los aspectos tecnológicos o la imposibilidad de competir con industrias de países con salarios muy inferiores y derechos laborales escasos. Por todo ello, las rebajas de las cotizaciones no pueden ser consideradas proteccionistas, en sentido estratégico, sino más bien favorables a los propietarios de las empresas, que ven reducirse los gastos en seguridad social. No se encuentran medidas “proteccionistas” del Estado del bienestar, ni un plan estratégico de transformación del modelo productivo hacia un modelo autocentrado, basado en la demanda interna y las necesidades sociales de la población. Por eso hablamos de patriotismo de postín, una pose meramente electoral y propagandística, que en el fondo esconde medidas favorables al capital y sus propietarios.

Para acabar, simplemente llamar la atención sobre la necesidad de analizar las medidas propuestas por estos partidos de forma pormenorizada y en su contexto, para desmontar las (pocas) propuestas falsamente favorables a las clases populares (por ejemplo, la introducción del salario mínimo por parte de AfD) y desmontar estos discursos que son ante todo un ataque a las clases trabajadoras.

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Ésta es la intervención del colega y a partir de aquí retomo el hilo para hablar de otras consideraciones.

La primera, que el objeto del informe –el programa económico– no es fruto del capricho de los autores, sino que responde a una necesidad. Cuando desde la izquierda se habla de luchar contra el ascenso electoral e influencia social de estos partidos, se opta las más de las veces por el campo de batalla de las llamadas guerras culturales, y las más de las veces pierde. Más allá del burdo, maniqueo y perjudicial intercambio de golpes –porque no puede llamárselo de ninguna de las maneras “debate”– entre quienes defienden lo supuestamente “cultural” y quienes defienden lo supuestamente “material”, ambos desde posiciones igualmente burdas, maniqueas y perjudiciales para el movimiento general, éste es un hecho que, creo, merece una mayor reflexión.

Pero la cuestión que aquí nos atañe es que esta derecha radical ha sido capaz de desprenderse de aquello que la estigmatizaba y demostrado a las claras saber explotar demagógicamente, con una retórica populista, cuando no pseudosocialista, las inseguridades y los temores de varios sectores de la población. Nos referimos, obviamente, a las transformaciones del mercado de trabajo o el avance de los derechos de las mujeres o las minorías. De este modo han conseguido crear una base electoral interclasista de la que es pieza clave las clases trabajadoras, cuyo voto –o su abstención– es decisivo a la hora de decantar unas elecciones. Lo resume bien la confesión que hizo el director de campaña electoral de Trump en 2016, Steve Bannon, al periodista Robert Kuttner de American Prospect: “Cuanto más hablen de políticas de identidad, más agarrados los tengo. Quiero que hablen todos los días de racismo: si la izquierda está centrada en cuestiones de raza e identidad y nosotros en el nacionalismo económico, aplastaremos a los Demócratas.”

Bannon ha caído hoy en desgracia –es suficiente con decir que ahora se dedica a vender a través de su página web pastillas de vitaminas para protegerse de la COVID-19 a un grupo de adeptos cada vez más reducido–, pero la frase sigue funcionando, sospecho, como advertencia. Estos partidos alimentan la división y el enfrentamiento social, particularmente sobre líneas de fractura culturales: se nutren y prosperan de ello. A pesar de algunos reveses y retrocesos, todas estas formaciones están afianzadas en los sistemas de partidos de sus respectivos países y retienen una capacidad nada desdeñable para influir en el debate público y condicionarlo. El impacto económico causado por la COVID-19 sobre un tejido social ya castigado por la anterior crisis, sumados a numerosos problemas acumulados, ofrece a estos partidos un terreno fértil para el crecimiento. Hablamos de problemas para los que no hay una respuesta política clara y que van desde la integración de las comunidades inmigrantes a una política de transición ecológica que no cargue los costes sobre las espaldas de los trabajadores y se termine convirtiendo, como ha señalado un comentarista alemán, en la ideología de una nueva fase de acumulación por desposesión. Presentarse como los representantes del “ciudadano de a pie” e incluso del “trabajador” –por supuesto, del “trabajador nacional”– frente a una izquierda en crisis les reporta, sin duda, beneficios, más aún si se tiene en cuenta la crisis que atraviesan la inmensa mayoría de partidos de la izquierda europea a escala estatal.

Nada más lejos de la realidad. Un estudio como éste de sus programas económicos revela su neoliberalismo duro. Por repetir algunos de los ejemplos que ha mencionado ya Ivan Gordillo, encontramos la misma demanda de aprobar un tipo fijo sobre la renta, en ocasiones más conocido por su expresión inglesa, flat tax, del 15% en los casos de los dos partidos italianos, la Liga y Hermanos de Italia, del 16% en el de Fidesz, y del 20% en el de Vox. También encontramos, por supuesto, rebajas fiscales a las empresas, defensas del libre mercado o apelaciones a la contención del gasto público.

Con todo, y aunque desde una determinada izquierda y los medios de comunicación se ha potenciado el uso de expresiones como “internacional de la ultraderecha” o “internacional nacionalista”, conviene aclarar que algunas de sus propuestas económicas no son sólo discrepantes, sino completamente opuestas, al menos sobre el papel. Por citar un ejemplo claro: mientras Agrupación Nacional se opone a los tratados de libre comercio, los Demócratas Suecos son partidarios de ellos, sobre todo con Reino Unido y Estados Unidos.

Llegados aquí, hay que decir que la mayoría de estos partidos se encuentra lejos de la rigidez ideológica que con frecuencia se les atribuye y que, dicho sea de paso, tampoco era un rasgo de los partidos fascistas del período de entreguerras, como tan bien explican Angelo Tasca en el caso italiano y Franz Neumann en el alemán. Consultando los programas nos sorprendió, por ejemplo, el detalle y el acento social del de Agrupación Nacional frente a otros partidos que tienen programas mucho más esquemáticos, un síntoma, también, de sus escasas propuestas en este ámbito que los distingan de otras formaciones de derechas, y de su evidente mayor interés en cultivar las “guerras culturales”, últimamente sobre todo en política migratoria, y también de cómo estos partidos modulan su discurso con vistas a captar un porcentaje de voto amplio, como apuntaba antes Ivan.

Voy acabando. La mayoría de los partidos aquí analizados presenta una ideología bastante elástica, no sólo en lo económico. Les facilita el trabajo un ecosistema mediático donde prima el sensacionalismo, la sobreabundancia de información y la inmediatez. Ya hemos visto con anterioridad a estos partidos dar un giro de 180 grados en sus posiciones. Han pasado del antisemitismo a presentarse como los más enardecidos defensores del Estado de Israel, y actualmente algunos de ellos están evolucionando en una dirección similar respecto a la Unión Europea después de haber sido durante años muy críticos con ella. Piénsese por un momento en el proceso de normalización en el que se encuentra la Liga en Italia, por ejemplo, que participa del gobierno de Mario Draghi y cuyo vicesecretario federal y ministro de Desarrollo Económico, Giancarlo Giorgetti, se reunió en diciembre con Marian Wendt, diputado de la CDU en el Bundestag alemán, para conciliar posiciones económicas. El economista alemán Wolfgang Münchau especulaba hace unos días con la posibilidad de que Draghi acabe sucediendo a Sergio Mattarella como presidente de la República en enero de 2022 y bien Matteo Salvini o bien la presidenta de Hermanos de Italia, Georgia Meloni, acaben en el puesto de primer ministro de Italia tras las elecciones de 2022.

Y para terminar, un pronóstico: en los próximos años posiblemente veamos a los conservadores a endurecer su discurso, a la ultraderecha moderarlo y a ambos encontrarse en algún punto del camino. O como decía el propio Münchau: “Algún día quizá nos demos cuenta de que todos pertenecen a una y la misma feliz familia”.

Muchas gracias.

Miembro del comité de redacción de Sin Permiso
Economista, miembro del Seminario de Economía Crítica Taifa y co-autor de “Sobiranies: una proposta contra el capitalisme”.

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