Reino de España: Ceuta y los consensos del 78


El pasado 17 de mayo y durante 24 horas, Marruecos dejó de “cumplir” con “su obligación” de controlar, junto con el reino de España, la frontera sur de la Unión Europea. El resultado: unas ocho mil personas, entre ellas, mil quinientos niños, entraron a Ceuta procedentes del reino alauí por los espigones del Tarajal y Benzú. La de Ceuta es una de las 20 fronteras más desiguales de todo el planeta.

No extraña que las derechas, empezando por Vox, pero siguiendo por el PP y C’s, aprovecharan la ocasión para hablar de “invasión”. Reforzaban con ello su discurso racista y xenófobo, y confundían muy conscientemente la obligación a la que se ven forzados millones de personas de buscar una vida mejor fuera de sus países con la entrada de fuerzas armadas de un país extranjero. Lo que llegó por los espigones fue gente que ejercía, de manera irregular desde un punto de vista administrativo, un derecho recogido por la Convención de los Derechos Humanos (art. 13). Ahora bien, en las playas sí había hombres armados, los del ejercito español, la policía, la guardia civil y hasta varias tanquetas. También estuvo presente personal de Cruz Roja. En otras palabras, las armas las ponía España, el hambre y la desesperación, las personas que llegaban. Inmediatamente, tal y como denunciaron las ongs que trabajan inmigración y asilo en el reino, se comenzó a devolver a Marruecos “en caliente” y sin respetar derecho alguno a quienes habían arribado. Poco importó si se trataba de menores no acompañados, posibles solicitantes de protección internacional o gente enferma. En 24 horas, la mitad de todos ellos ya se encontraban de nuevo al otro lado de la valla. El escándalo empezó a ser mayúsculo. El defensor del pueblo intervino y los menores pasaron de la devolución al internamiento en naves industriales a la espera de que se tramitase su futuro. A día de hoy, allí siguen, como siguen siendo enormes las colas de los que se han “salvado”, de momento, de la devolución y han iniciado su solicitud de protección internacional. En 30 días, deberán recibir una respuesta a su situación.

Las derechas, que el próximo domingo, 13 de junio, se reunirán en acto político contra los posibles indultos a los presos políticos catalanes en la Plaza de Colón de Madrid, calificaron, como dijimos, de invasión la crisis ceutí. Por su parte, el presidente del gobierno de coalición progresista Pedro Sánchez (PSOE) habló de “asalto” y de proteger las fronteras, pero no mencionó la expresión “crisis humanitaria y política”, sí usada por Ione Belarra, la otra parte del gobierno (Unidas Podemos). En ningún caso, se criticaron las devoluciones en caliente; incluso la prensa señaló que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y cabeza visible de UP en el gobierno, atemperó los ánimos del sector más duro de su grupo que se resistía a aceptar tales devoluciones.

El control del Sahara

Pasados ya los días más álgidos de esta última crisis en la frontera sur, parece un buen momento para lanzar algunas ideas a propósito de dicha frontera, de su significado y del papel político de las izquierdas ante su situación.

A nadie le cabe duda de que Marruecos, tras el último espaldarazo claro de Trump a sus aspiraciones sobre el Sahara, aprovechó los efectos hambreadores de la Covid-19 en su territorio para abrir la puerta y así presionar, tras la llegada de Biden a la Casa Blanca, a toda la UE, empezando por el reino de España. Tampoco cabe ya duda que el ingreso hospitalario por Covid-19 de Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, en el hospital de Logroño bridó la excusa perfecta. El fondo de todo el problema fue y sigue siendo el mandato de la NNUU sobre el Sahara. Un mandato que nunca encuentra el momento para poder aplicarse y terminar así el proceso de descolonización de ese territorio. Un asunto que implica de lleno a España, última potencia administradora del mismo.

Las llaves de la UE

Como hemos visto estos días, la inmigración representa otro elemento clave asociado a Ceuta y Melilla. La presión política que los Estados más poderosos del orbe realizan a favor de sus grandes corporaciones sobre continentes como el africano constituye un expolio, un dominio económico de las inversiones, recursos e intercambios que provoca junto a efectos sociales, humanos y medioambientales, un importante empobrecimiento de sus poblaciones. Es la posición de privilegio imperial la que a unos les da el beneficio, el control y la capacidad de comprar a ciertas élites y a otros, los obliga a la emigración. Se trata de un movimiento de millones de personas (258 millones de seres humanos viven ya en un lugar distinto del que nacieron) que en los últimos 30 años no ha dejado de crecer. Supone la prueba de una desigualdad puesta en evidencia cada día, como por ejemplo, ahora la tasa de contagio y vacunación a propósito del CoV-Sars-2 y el control de las patentes.

Leyes como la de extranjería o la forma en que se realiza el procedimiento de protección internacional en el reino de España y en el resto de la UE impiden a millones alcanzar la condición de ciudadanía y con ello, los derechos que eso apareja. Se considera que en Europa más de 5 millones de personas se hallan en situación irregular.

Ese control del flujo migratorio es regentado por la Unión Europea del mismo modo que hacía el antiguo imperio romano: comprando la paz en la frontera exterior. La UE tiene un paquete importante de acuerdos con el reino de Marruecos del que, precisamente, el reino de España es uno de sus principales auspiciadores. Gracias a ellos, Marruecos recibe una gran cantidad económica y muchas facilidades comerciales con la Unión. Resulta imposible conocer el detalle de todo ello, pero sólo para el control migratorio se sabe que implica no menos de 140 millones de euros.

Colonialismo, inmigración y reacción

La inmensa mayoría de la población del reino de España, como la propia de Ceuta y Melilla, no pone en duda, ni por un momento, la pertenencia de ambas ciudades a España, algo que Marruecos niega, reclamándolas como parte de su territorio. A la vez, las dos ciudades representan la frontera sur de un continente al que no pertenecen, pero del que su población no se quiere desprender, dado que, al igual que los habitantes del peñón de Gibraltar (enclave británico, en territorio español) obtiene importantes ventajas de ello.

En el caso de Ceuta, el 52,6% de su empleo es de carácter público. Dentro de él, 4.199 de las ocupaciones pertenecen a las fuerzas armadas y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otras 197, al Ministerio de Justicia. Dicho de otra manera, 4.400 personas y sus familias son dependientes directamente del presupuesto público. Si a estos números sumamos los 12.920 pensionistas, hablamos de 30 mil personas sobre una población de 85 mil habitantes.

Tal situación provoca en la propia ciudad diferencias sociales enormes (21 mil euros de renta en 5 km). Estas diferencias las padece en particular el 40% de la población autóctona, cuyo idioma nativo es el árabe en su variante local, y se pueden observar en aspectos como educación, vivienda, trabajo y oportunidades en general. A la par, Ceuta soporta en sus 19 kilómetros cuadrados la mayor concentración de fuerza armada y cuerpos represivos por habitante de todo el reino.

Sin miedo al error podemos afirmar que Ceuta como Melilla logran sacar de su zona de confort a las izquierdas. La razón es que ponen en cuestión problemas clave de los consensos que dieron lugar al régimen del 78 y del status quo general. Por ello y junto a todo lo anterior, representan uno de los talones de Aquiles de la política del reino. Durante esta crisis, se ha visto lo mucho que les cuesta a las izquierdas tomar aire de manera propia. Han cargado mucho más contra Marruecos y la limitación de derechos que bajo Mohamed VI sufre su ciudadanía, que contra el maltrato que nuestras autoridades consentían contra menores y gente indefensa, contra su devolución forzada por encima de toda la legalidad internacional de la que se supone que el reino de España hace bandera. Hasta el PCE en un tuit habló de que España debía “defender su soberanía nacional”.

Sánchez y su gobierno respondieron frente a gente indefensa desplegando soldados y policías. Para ello tuvieron que gravitar sobre la ley mordaza o la ley de extranjería, y reclamaron a la UE apoyo para la vulneración de derechos humanos a la vez que solicitaban presión sobre Marruecos. Dicho de otra manera, no buscaron democracia y legalidad internacional, sino fuerza y abuso.

Con el enfoque dado a esta crisis, no ganará nada la izquierda. Sí lo harán Vox, PP o C’s, aquellos que desde el principio defienden la segregación, la desigualdad o la xenofobia, las devoluciones en caliente y el no salvamento de quienes se lanzan a la mar en búsqueda de seguridad. Es ese sector reaccionario el que ve ahora reforzadas sus posiciones, así como el marco legal y territorial que las ha hecho posibles.

Si se quiere que seguridad, frontera o inmigración dejen de engordar a los enemigos de la igualdad, la fraternidad, los derechos y la democracia la política debe basarse en estos últimos, no en sus contrarios. Del mismo modo, ninguna política democrática puede pasar al margen de la política territorial. Sin negar la voluntad de quienes viven en Ceuta y Melilla ni sus derechos, sería bueno comenzar por reconocer la naturaleza de enclave colonial de ambas ciudades y desplegar una estrategia destinada a resolver democrática y pacíficamente esa situación.

Carlos Girbau, Es concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso.

Fuente: www.sinpermiso.info, 5 de junio 2021

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