El movimiento cannábico, que defiende una regulación del cannabis con justicia social y con perspectiva feminista y ecológica, tiene una trayectoria de más de tres décadas en el estado español. Su actividad ha tenido diferentes aspectos: desde la elaboración de estudios y propuestas al impulso de iniciativas prácticas como los clubes sociales de cannabis; desde concentraciones reivindicativas a mociones en parlamentos autonómicos.

Desde 2015, la ley Mordaza, que empeoraba la ley Corcuera promulgada en plena epidemia de heroína, supone cientos de miles de sanciones cada año por posesión de estupefacientes (176.604 en 2018, la gran mayiría por cannabis). Y hay más daños sociales: personas presas, sistema policial…

Mientras, hay concesiones para el cultivo, y el gran capital va tomado posiciones en lo que prevé que será un mercado muy rentable, como muestra la compra de Alcaliber por Linneo Health con capital del fondo británico GHO.

Actualmente la opinión pública es muy favorable a la regulación del uso medicinal (90 %) y bastante favorable al uso recreativo (más a favor que en contra).

En este contexto, el 10 de junio el Pleno del Congreso ha aprobado, a propuesta del PNV, la creación de una Subcomisión para estudiar la regulación del cannabis medicinal con unos objetivos muy alejados de las demandas del movimiento.

Para hablar de todo ello entrevistamos a Martín Barriuso, una persona clave en la defensa de una regulación con justicia social. Ha participado en el movimiento cannábico y antiprohibicionista desde hace casi treinta años. Ex-presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), actualmente CONFAC. Su activismo como impulsor del modelo de clubes sociales le ha costado estar imputado cuatro veces, acusado de tráfico de drogas y organización criminal, habiendo acabado siempre absuelto.

Martín Barriuso es también Coordinador del Grupo de Estudios de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA), e impulsor del libro Cannabis, de los márgenes a la normalidad, fundamental para tener una posición informada sobre políticas de cannabis en sus diferentes vertientes y aspectos: información sobre la realidad a nivel estatal e internacional, efectos en la salud de las diferentes políticas, aspectos de justicia/injusticia social, análisis de los diferentes modelos de regulación y de su aplicación, propuestas para la regulación…

¿Cuál es la situación actual respecto al cannabis en el Estado español? ¿Qué ha cambiado en los últimos años?

Ahora podríamos decir que estamos en un impasse. Habíamos conseguido bastantes avances, de facto, pero también de jure: precedentes judiciales; los clubes sociales -de consumo colectivo-; la expansión del autocultivo y las grow shop…, que de alguna manera ayudaban a normalizar la situación. Pero en los últimos años ha habido un retroceso muy fuerte, una escalada represiva que hace que estemos peor que hace veinte años.

La escalada represiva ha sido doble. Por una parte la ley mordaza. La atención sobre ella se centró en cómo afecta a la libertad de expresión, los derechos de manifestación…, pero pasó casi desapercibido que endureció muchísimo las sanciones relacionadas con el consumo de cannabis y otras sustancias ilegales.

Por otra parte, las sentencias del Tribunal Supremo sobre los clubes cannábicos, que han acabado con la zona gris en la que pudimos hacer cosas, y lo ha hecho mediante la interpretación más restrictiva de todas las cuestiones, de manera que es imposible hacer cosas que se hacían hace veinte años.

Parece contradictorio que mientras se produce la escalada represiva, la AEMPS está dando concesiones para el cultivo y hay movimientos de capital ¿Cómo se explica esto?

Porque lo que se reprime son las iniciativas de corte más social, para acabar con ellas y dejar el terreno despejado para una regulación de corte comercial.

Hay un movimiento internacional, sobre todo en el Hemisferio Occidental, hacia la normalización. Los fondos de inversión se han dado cuenta de que cada vez va a ir extendiéndose por más países. España estaba muy avanzada, y hay mucha gente consumidora, lo que supone un mercado potencial muy grande. Lo que hacen los tribunales y la policía es eliminar las iniciativas más sociales que hay ahora, como los clubes o el autocultivo, que podrían suponer una competencia para las empresas.

Ya se han dado concesiones para el cultivo. La primera fue a Alcaliber, que era la empresa líder mundial en producción de opiáceos, propiedad de un amigo del rey emérito, Juan Abelló, un tardofranquista. Lo que esperan es estar bien situados cuando llegue la regulación.

A pesar de ese contexto internacional favorable a la regulación, de los datos abrumadores y del trabajo del movimiento, no se ven avances. ¿Cuáles son los obstáculos para estos y qué sectores están detrás de ellos?

Por una parte hay sectores moralmente muy retrógrados, fundamentalmente de la derecha, que han estado siempre, y lo siguen estando, en contra de la normalización de cualquier droga que no sea el alcohol.

Y hay resistencias de la industria que hay detrás de la prohibición. La prohibición de las drogas no sirve para acabar con las drogas, pero sí sirve para restringir derechos individuales y colectivos sin que nadie levante la voz, para justificar la persecución de grupos minoritarios, etnias, grupos guerrilleros en todo el mundo. Y crea un industria de control que mueve muchísimo dinero.

Y mientras se regula, se siguen beneficiando farmacéuticas que tienen productos [como el Sativex] que con su precio desorbitado no resistirían la competición con el cannabis y que se benefician que esta no exista.

Por todo ello no se avanza: por razones morales, por intereses políticos espúreos y por intereses comerciales.

Y también por una enorme inercia. El PSOE ha sido tradicionalmente muy timorato en este terreno. Tiene la idea de que si regula le va a saltar al cuello la derecha, que le va a pasar factura electoral, no ve claro que le vaya a dar ningún rédito. Siempre ha hecho una retórica aperturista pero que nunca se acaba de concretar en nada. Y la prueba es la Subcomisión que se ha creado en el Congreso para hablar de la regulación del cannabis medicinal.

Precisamente esa es la única novedad ¿Qué valoración haces de ella?

A mí me parece una miseria. Que después de veinte años de debate en el Parlamento -porque hace ya veinte años que el movimiento cannábico comparecimos en la Comisión de Drogas del Congreso y el Senado- planteando una regulación integral que incluya el uso medicinal y recreativo, se cree una Subcomisión en el Congreso para hablar de una parte muy pequeña de lo que reclamamos significa que no hemos avanzado casi nada.

Tenemos una de las legislaciones más restrictivas del mundo en cuanto a uso medicinal. Lo que se plantea aquí es un debate que otros países han hecho hace años o décadas.

Y eso en el país en el que han surgido los clubes sociales de cannabis, lo que en los debates internacionales de políticas de drogas se llama el modelo español. Cuando en países como Uruguay o algunos estados de Estados Unidos, se ha ha implantado este modelo español, aquí está fuera del debate y se plantean algo mínimo. Es frustrante.

En el libro del GEPCA se analizan diferentes modelos de regulación. ¿Cuáles son los criterios fundamentales a tener en cuenta a la hora de valorarlos? ¿Qué modelo sería el mejor?

Deberíamos tener en cuenta sobre todo el respeto por las libertades y la reducción de riesgos para las personas que consumen y para su entorno.

En ese sentido, creemos que lo mejor es un modelo múltiple con tres vías: la individual -autocultivo-, la social -los clubes de consumo compartido-, y en tercer lugar, un circuito comercial.

El GEPCA pone el acento en que exista una economía social del cannabis, por eso estamos por las dos primeras vías. Pero aceptamos que no todas las personas que consumen pueden o quieren recurrir a ellas y por tanto que debe haber un circuito comercial.

¿Qué son los clubes y qué ventajas tienen frente a la vía comercial?

Los clubes sociales de cannabis son asociaciones formadas por personas mayores de edad, usuarias de cannabis, que producen en circuito cerrado, exclusivamente para sus miembros. Se hace una previsión del consumo que van hacer las personas socias en un año, de cosecha a cosecha, y el club cultiva lo necesario para cubrir ese consumo. Si son entidades sin ánimo de lucro, asamblearias, en las que la capacidad de decisión la tienen las personas usuarias… no habría razones para el intento de lucrarse, de extender el consumo, de ocultar información… que se da en otros modelos. Esto último se ha visto con el tabaco: la industria ocultaba información, ocultaba los estudios que demostraban que es nocivo. Si el tabaco lo hubieran distribuido grupos de consumo compartido, esto no habría pasado. Nadie tiene interés en ocultarse a sí mismo información sobre efectos nocivos de lo que está consumiendo.

Esto es también lo que muestran los estudios: que el modelo asociativo no lucrativo es el mejor para la prevención de riesgos, que tiene que ser la preocupación fundamental.

Detrás de la regulación del cannabis hay una cuestión de libertades, pero también hay un gran negocio que puede mover mucho dinero. Dependiendo de cómo se regule, el dinero va a ir a un sitio o a otro. Y hay quienes reclaman su parte del pastel.

Frente a eso, hay que establecer controles y evitar los oligopolios, la excesiva concentración de poder que pueda vaciar de contenido esos controles. Y sobre todo es importante que las vías social e individual sean fuertes y supongan un contrapeso: que los clubes puedan funcionar, que se pueda cultivar para consumo propio sin necesitar una licencia como para la producción comercial. De lo contrario se deja a las personas usuarias en manos de las empresas capitalistas, y ya sabemos cómo funcionan las dinámicas capitalistas mundiales.

Una de las pegas que se pone a las regulaciones es que en ellas una parte del consumo se sigue haciendo a través del mercado ilegal. ¿Qué habría que hacer para que esto no pase?

Si el mercado se regula y hay distintas posibilidades de conseguir cannabis de calidad y a un precio no muy superior al de coste, no tiene por qué existir un mercado ilegal, como no existe un mercado ilegal de tabaco, o del alcohol. Conforme el mercado legal se va regulando, el ilegal desaparece. En la medida en que pueda conseguirlo más barato y con control de calidad, nadie en su sano juicio se va a arriesgar a comprar en el mercado ilegal algo que no sabe cómo se ha producido, que le cuesta más caro… Pasaría como con el alcohol, existían destilerías clandestinas cuando había ley seca, ahora no hay una economía ilegal del alcohol, porque no tiene razón de ser.

El movimiento cannábico tiene una larga y activa trayectoria, pero es bastante desconocido. Háblanos de cómo es y cómo está.

Es un movimiento con una tasa de afiliación muy baja. Solo una parte muy pequeña de quienes consumen cannabis se unen a una asociación y participan activamente. Hay muchas razones para que sea así. Estamos hablando de una prohibición muy dura, pero muy difusa. Mucha gente decide que no le compensa dar la cara, salir del armario, porque van a pararla en un control, a denunciarle las plantas de la huerta… Más ahora que se han cerrado muchos clubes y confiscado todos sus bienes, tenemos mucha gente con procesos judiciales, embargos… Es un movimiento que ha sufrido muchos palos y que ahora está sobreviviendo.

Cuando teníamos más fuerza no conseguimos mover las palancas que hicieran posibles los cambios, y ahora estamos más arrinconados y con menos capacidad de influir en la toma de decisiones.

¿Cómo es la relación del movimiento cannábico con otros movimientos? ¿Participáis en luchas conjuntas? ¿Os apoyan? ¿Y con las y los profesionales, académicos…?

La CONFAC hemos participado en el movimiento contra la ley mordaza, participamos en iniciativas ecologistas, vecinales, y sin embargo por parte de los otros movimientos no se nos trata como un movimiento social transformador, liberador, sino como algo un tanto folclórico. Siento que no se ha sabido entender, porque hemos hecho una apuesta por la vinculación con el ecologismo, por hacer nuestras prácticas más sostenibles; por la participación de las mujeres, por la igualdad de género… pero a la inversa no percibimos lo mismo. No nos sentimos reconocidos. Hemos encontrado muchas dificultades para participar en movimientos como los Foros Sociales Europeos y Mundiales, incluso el 15M.

Creo que hay que poner en valor lo que ha hecho desde el movimiento, tanto a nivel práctico como teórico, que es poner en cuestión un sistema de prohibición que permite vulneraciones de derechos, que produce situaciones de represión, especialmente en algunas regiones del mundo. Desde la izquierda no se ha visto esto. Se ha visto como un movimiento pequeño burgués: “Estos quieren ir a lo suyo…”. No ven la relación que tiene con una lucha más amplia. Por eso la izquierda nunca se ha mojado en una defensa consecuente de lo que defendíamos. Nos ven con indiferencia o con una cierta simpatía, pero sin una apuesta por asumir y defender nuestras propuestas.

Pero hay que tratarlo como una parte más de la construcción de una sociedad más justa y más democrática. Algo que no puede darse si la sociedad se puede arrogar el derecho de decir a la gente: con esto te puedes drogar aunque te mate, siempre que me pagues los impuestos, como ocurre con el alcohol y el tabaco, y con esto que es menos peligroso no, porque así lo hemos decidido. Y es la excusa para reprimir. Que puedan entrar a casa de alguien porque tenga dos plantas; que se la puedan llevar detenida porque en el bolsillo tenga un canuto, es algo que afecta a las libertades de todas y todos. No se puede mirar para otro lado, como algo que solo afecta a los que consumen, que se lo han buscado, y por tanto que se apañen. Tenemos que ver que el derecho a usar drogas, las que sean, es un derecho humano. Los humanos hemos utilizado drogas desde antes de ser Homo sapiens. Es una cuestión de libertades de toda la sociedad.

En cambio, tenemos el reconocimiento y el apoyo de los sectores profesionales y académicos. La UNAD, que agrupa a las organizaciones de atención a las personas usuarias de drogas de España, ha llegado a la conclusión de que el modelo que más coincide con su objetivo de protección de la salud y frente a los daños sociales es el de los clubes cannábicos. También desde la universidad, cuando se hacen estudios desde el punto de vista de la salud, antropológico, social… siempre la conclusión es que la penalización es la peor de las opciones posibles.

Actualmente el debate sobre las políticas de drogas, como influyen las diferentes medidas en la salud pública, cómo quienes están peor son quienes más sufren las medidas represivas como multas, encarcelamientos… ha quedado restringido a ámbitos profesionales y científicos. En estos medios tenemos un apoyo general, muy plural en lo político y lo ideológico, pero este apoyo no se traduce en apoyo político o de los movimientos.

Para acabar, ¿qué destacarías de las perspectivas?

Tengo claro que la perspectiva global es que se vaya regulando. La cuestión es cómo se va a hacer.

Hay una transformación en marcha que se está dando ya, que se está haciendo a favor del capital, y que seguirá su marcha ante la inacción de la izquierda. Si queremos que esa regulación que, tarde o temprano, va a llegar sea progresista, equilibrada, y que ponga los intereses de la gente por encima del negocio, es imprescindible que los sectores progresistas se den cuenta de que esto también es importante. Si lo ignoran y no contribuyen a que vaya en un sentido social, están contribuyendo a que vaya a favor del capital. Pasaremos de un mercado ilegal a un mercado legal pero controlado por unos pocos y donde no se logrará la justicia social y la proteción de las personas más vulnerables. Si no hacemos nada no podemos decir luego: “¡Nos ha venido el capitalismo cannábico!”

Para eso, lo primero es hablar del tema, como hablamos de otros temas sociales. Hace falta informarse, formarse una opinión, tener datos, argumentos… El libro del GEPCA recoge todo lo fundamental, desde los datos a las propuestas.

Y defender que eso se convierta en ley, porque la cuestión no es si se va a regular, sino cómo se va a regular y en beneficio de quién, ¿de la sociedad y de las personas que consumen y su entorno, o del capital?

https://vientosur.info/si-la-izquierda-no-se-implica-la-regulacion-del-cannabis-se-hara-a-favor-del-capital/