Foto de familia de todos los ministros en la escalinata del Palacio de la Moncloa, a 13 de julio de 2021, en Madrid -Eduardo Parra / Europa Press

Pienso que es difícil no estar de acuerdo con la idea de que es tarea de ciudadanos, estados, instituciones públicas e incluso empresas privadas, contribuir a la mejora de las condiciones de vida y a la solución de los problemas que provoca el éxodo constante y trágico de refugiados en numerosos puntos del planeta. Considero que se trata de una cuestión de justicia y derechos humanos que debería ir más allá de cualquier ideología política.

En el caso de España la cuestión de la responsabilidad se intensifica cuando ponemos la vista en los refugiados saharauis. Hay una población estimada de 150.000 refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia), así como varios cientos de miles de personas, también saharauis, que viven en el Sahara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos, y donde la inobservancia de los derechos humanos es un hecho constatado y demostrado.

Creo también que es necesario decir que la situación de estas personas es, en gran parte, responsabilidad de nuestro país, por no haber llevado a cabo un proceso de descolonización adecuado. Y que lo que resulta aún más vergonzoso es que sigan pasando los años y España siga sumida en el silencio; sobre todo teniendo en cuenta que es todavía la potencia administradora del Sáhara Occidental.

La oscuridad informativa respecto a este asunto es la prueba más clamorosa del silencio cómplice que nuestros sucesivos gobiernos y medios de comunicación mantienen respecto a esta cuestión. Se prefiere correr velos constantes sobre el tema y arrinconar cualquier discusión o exposición de la situación. Que no se hable de ello y que nadie sepa nada de lo que allí está ocurriendo parece ser la estrategia recurrente de todo el que llega al poder en nuestro país.

Hagan la prueba, salgan a la calle y pregunten, constatarán que la mayor parte de los ciudadanos desconoce el tema y no sabe, por ejemplo, que el Sáhara Occidental llegó a ser una provincia española en los últimos años del franquismo y que los saharauis eran considerados españoles de pleno derecho. Verán también que muy pocos estarán enterados de que actualmente tiene lugar un conflicto bélico entre el Frente Polisario y el reino de Marruecos, desde que en noviembre pasado en la brecha del Guergerat, frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, se produjera la ruptura del alto el fuego firmado entre Marruecos y el Frente Polisario; un alto el fuego suscrito hace treinta años y auspiciado por Naciones Unidas, en el que se contemplaba la celebración de un referéndum de autodeterminación que aún duerme el sueño de los justos y que Marruecos no tiene intención de consentir que se celebre. Sigan indagando y descubrirán que muy pocos saben que en el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, no se respetan los derechos humanos y la población saharaui vive bajo represión constante, sufriendo detenciones e incluso tortura por el hecho de participar en movimientos que reivindican la independencia del territorio.

Cuando en 1975 se produjo la salida de la zona del ejército español y tuvo lugar la tristemente famosa marcha verde, el Sáhara Occidental era una provincia española y los saharauis eran ciudadanos españoles. Este abandono a su suerte de la población saharaui es uno de los episodios históricos recientes más vergonzosos de nuestro país. Y apenas hablamos de ello. ¿Por qué?

No es, desde luego, un acontecimiento del que podamos sentirnos orgullosos y es, sin duda, por lo que se opta por mirar hacia otro lado. Se confía en que el paso del tiempo borre la responsabilidad, se pretende que el desconocimiento propicie el olvido y que los hechos desaparezcan de la memoria. Se evita asumir que los refugiados saharauis son refugiados provocados por la inacción y la falta de voluntad de España desde el año 1975.

En este momento, con un gobierno de coalición en el que Podemos podría haber jugado un papel importante a la hora de poner el tema sobre la mesa, nada ha cambiado, confirmándose una vez más que cuando se llega al Gobierno hay asuntos espinosos sobre los que se prefiere pasar de puntillas, olvidando viejas promesas y alineándose con aquellos que cambiaron de chaqueta.

En ese sentido, es difícil olvidar la visita de Felipe González a los campamentos de Tinduf el 14 de noviembre de 1976, así como sus promesas y compromiso con el pueblo saharaui; y cómo al llegar al poder fue transformando su postura hasta convertirse en uno de los simpatizantes de Marruecos —utilizando un término muy suave— que mejor defiende su ausencia de respeto por los derechos humanos.

Tras casi medio siglo, los sucesivos gobiernos españoles, tanto de izquierdas como de derechas, han estado haciendo dejación de sus responsabilidades históricas con el pueblo saharaui, por el miedo a Marruecos y a sus represalias.

Sin ir más lejos, recientemente hemos asistido a la respuesta del gobierno marroquí ante la acogida absolutamente legal de Brahim Gali en España, para ser tratado del COVID-19 y hemos visto cómo nuestro vecino aprovechó la situación para ponernos contra las cuerdas abriendo el grifo a la entrada de inmigrantes.

Somos muchos quienes esperábamos más de la presencia de Podemos en el Gobierno en lo que tiene que ver con este silencio. Resulta evidente que la observancia de una mínima coherencia con los principios defendidos cuando se está en la oposición, se diluye en el momento en el que se participa del poder.

El caso es que la población saharaui malvive en una situación insostenible, con sus derechos pisoteados, ninguneados por la comunidad internacional y criminalizados cuando pretenden hacer valer esos derechos; y el caso es también que nosotros seguimos soportando la bravuconería de nuestro vecino del sur, sin hacer prevalecer una apuesta decidida por los derechos de unos seres humanos que además hasta hace poco fueron compatriotas nuestros.

Esta situación de “empate infinito”, en palabras del ya mencionado Felipe González, es un extraño empate en el que siempre pierden los mismos.