“Sus casas son nuestras”: crece la presión para que las viviendas de la Sareb pasen al parque público

Cientos de habitantes de las viviendas de la Sareb denuncian que el banco malo vulnera la ley de alquileres estatal para dar “seguridad jurídica” a los fondos de inversión y a las inmobiliarias frente al incierto futuro de esta sociedad semipública.


Especulación inmobiliaria

 

La junta de accionistas de la Sareb de este 26 de mayo viene rodeada de protestas y nubarrones sobre el futuro del ‘banco malo’, creado en 2012 para hacerse cargo de los activos inmobiliarios tóxicos de la banca tras la crisis de 2008.

Pese a las filtraciones sobre la salida de Santander, Caixabank y el resto de inversores privados de la Sareb, este tema no está incluido en el orden del día. Tampoco se hablará demasiado del anuncio que hizo Eurostat en marzo de que la deuda de este banco con un 55% de participación privada comenzará a ser contabilizada como deuda pública.

Sí figura en el orden del día una cuestión muy relacionada con estos dos temas: la revisión de las cuentas de 2020, que arrojaron un año más abultadas pérdidas, en concreto 1.073 millones de euros que se suman a los 35.000 millones de euros que tendrá que devolver el Estado si la decisión de la agencia de estadística europea es confirmada por las más altas instituciones europeas.

El futuro del banco malo —y de la deuda pública española— se decide en estos meses. También se juega el futuro de miles de familias que viven en los pisos de la Sareb y que llevan años denunciando las prácticas abusivas que comete esta entidad público-privada

El futuro del banco malo —y de la deuda pública española— se decide en estos meses. También se juega el futuro de miles de familias que viven en los pisos de la Sareb y que llevan años denunciando las prácticas abusivas que comete esta entidad público-privada. La campaña Plan Sareb, impulsada por afectados y plataformas y colectivos de vivienda, ha convocado una concentración a las 17h en la sede de la Sareb en Madrid para exigir que, pase lo que pase con el accionariado y la deuda de esta entidad, todos sus activos inmobiliarios pasen a formar parte del parque público de vivienda. La campaña también demanda que se archiven todos los procesos de desahucio iniciados por esta agencia y se abra una negociación colectiva con la supervisión pública del FROB para los 170 casos que han recogido en la Comunidad de Madrid y otros tantos que están comenzando a documentarse con grupos de la campaña en Catalunya, País Valencià, Aragón y País Vasco.

La ruina de este banco malo tiene mucho que ver con la opacidad y la falta de transparencia que han acompañado sus casi diez años de vida. Desde el Plan Sareb exigen un auditoría independiente de las cuentas de la Sareb para que se haga público cuántos recursos tiene actualmente, qué precio pagaron a los bancos para quedarse con sus activos tóxicos, a quiénes se los vendieron y por cuánto dinero. Igual de importante es para esta campaña saber cuáles son los acuerdos que han firmado con los fondos de inversión —quienes se han quedado con buena parte de su parque inmobiliario— y con los socios privados del Consejo de Administración, es decir, con todos los grandes bancos del país. “Año a año, la Sareb ha ido declarando pérdidas. Y ya han admitido que gran parte de esta deuda no se va a poder devolver. Si hay una salida de los accionistas privados, queremos saber qué va a pasar con esos recursos”, dice a El Salto Diego Sanz, portavoz de esta campaña y afectado.

Este activista no descarta que los bancos privados intenten llevarse “las joyas de la corona” y dejar para el Estado “un parque irrisorio de vivienda con las peores localizaciones y en el peor estado, para que luego el Gobierno saque titulares del tipo ‘conseguimos 10.000 viviendas de la Sareb’. Sí, pero en Mejorada del Campo la más cercana”.

A pesar de lo que dicen sus normas de Responsabilidad Social Corporativa y su “compromiso con el alquiler social”, el banco malo ha demostrado en la práctica todo lo contrario a lo que pregona, según denuncia el Plan Sareb

Como afectado —vive actualmente en un piso propiedad de la Sareb en proceso de desahucio— y después de conocer de primera mano cientos de casos de hogares afectados por los abusos del banco malo, Sanz habla de un banco semipúblico que en poco se diferencia en sus prácticas de las entidades privadas.

A pesar de lo que dicen sus normas de Responsabilidad Social Corporativa y su “compromiso con el alquiler social”, el banco malo ha demostrado en la práctica todo lo contrario a lo que pregona, según denuncia el Plan Sareb.

Para empezar, los criterios de selección que utiliza para acceder al alquiler social dejan fuera a la mayoría de las personas y los hogares que lo necesitan. El primer error, dice Sanz, es que no “tienen en cuenta que una familia trabajadora en Madrid se deja entre el 60% y el 70% de sus ingresos en el alquiler… a partir de ahí todas las situaciones son de vulnerabilidad”. Los criterios de la Sareb para el alquiler social dejan fuera, cuenta Sanz, a las personas sin ingresos probados, gente que trabaja en la economía informal o que no tiene ningún tipo de ingreso, algo que “desde el inicio de la pandemia, significa dejar fuera a muchísima gente”.  Familias trabajadoras con dos ingresos —aunque sus salarios no les permitan superar el umbral de la pobreza—, familias trabajadoras con un ingreso y algún tipo de ayuda como complemento, personas sin papeles, “pobres de solemnidad” que no tienen hijos a su cargo… la casuística que permite a la Sareb negar un alquiler social es enorme, cuenta este activista de Plan Sareb y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

“Mientras el Gobierno habla de la regulación de los alquileres, lo que estamos viendo es que una agencia como la Sareb, en la que el Estado tiene un 45% de las acciones y posiblemente el 100% de las acciones de aquí a algunos meses está incumpliendo la ley de alquileres”, señala Diego Sanz, del Plan Sareb

Los criterios de selección son solo el principio de una larga serie de prácticas abusivas. Según denuncia este portavoz de Plan Sareb, los contratos que impone el banco malo vulneran la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). “Todo el debate público en los últimos meses ha estado centrado en la regulación de los precios de los alquileres, el caballo de batalla de Unidas Podemos, y lo que estamos viendo es que una agencia como la Sareb, en la que el Estado tiene un 45% de las acciones y posiblemente el 100% de las acciones de aquí a algunos meses está incumpliendo la LAU”, señala Sanz.

Según la ley de alquileres estatal, reformada en 2019, este tipo de contratos deberían ser de siete años con una prórroga de tres años, pero la Sareb impone contratos anuales. “Es decir, después de toda la criba, te hacen firmar un contrato en el que dicen que cada año se te va a revisar el alquiler. Y de forma unilateral te pueden subir el alquiler si consideran que ha cambiado tu situación, algo que incumple la LAU porque no se te puede subir el alquiler en el periodo del contrato salvo el IPC”, dice.

En el contrato, además, relata Sanz, la Sareb incluye la llamada cláusula de enajenación por la que el inquilino acepta marcharse en el momento en que la agencia venda la vivienda, algo que también vulnera la ley de alquileres. “Esto realmente está diseñado para crear seguridad jurídica en todo este periodo en el que se está discutiendo el futuro de la Sareb. Ellos están blindando sus alquileres metiendo al fondo de inversión en el contrato. En teoría, los contratos deben de ser de siete años, pero tú estás firmando que si venden la casa tú te tienes que ir con una indemnización irrisoria”.

La Sareb obliga a firmar los contratos de alquiler social “el mismo día del desahucio, en medio de la mudanza, con la comisión judicial en la puerta, con todo lo que eso supone, sin poder leer el contrato”, denuncian desde el Plan Sareb

Entre las prácticas abusivas más extendidas, denuncia este activista de la PAH, la Sareb obliga a firmar los contratos de alquiler social “el mismo día del desahucio, en medio de la mudanza, con la comisión judicial en la puerta, con todo lo que eso supone, sin poder leer el contrato”. Muchas veces, en medio del desalojo, relata, te dan una carpeta con unas fotos de la vivienda a la que te derivan, en otro barrio, incluso en otra ciudad, “y para allá te vas, sin tener en cuenta el arraigo de la familia, si tienes niños escolarizados o si tienes familiares dependientes”.

Y las prácticas abusivas siguen, aunque hayas conseguido un alquiler social, en una especie de mobbing inmobiliario burocrático: “Cada año tienes que volver a presentar toda la documentación y ahí se dan múltiples malas prácticas, mala gestión, los mediadores de la Sareb te ponen criterios contradictorios. En un burofax te dicen que tienes que entregar una documentación y luego en una carta te dicen que tienes que entregar otra, continuamente se pierde el historial de lo que has aportado… Te dicen que les falta toda esta documentación por lo que no se te va a renovar el alquiler y quizá esa documentación la has entregado hace un mes”.

En su propio caso, la Sareb les envío una carta diciendo que debían siete meses de alquiler, algo que no era cierto, según cuenta Sanz. Meses después les notificaron que no les renovaban el alquiler, pero ya no mencionaban para nada los supuestos siete meses impagados.

Sanz habla de una problemática añadida: “Sareb está yendo a subastas de promociones que están en quiebra para quedárselas. Estas promociones tienen inquilinos y la Sareb lo que hace es no reconocer los contratos. Hay varios casos de esos en la campaña”.

Tras una fuerte presión y la ocupación de la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el pasado 17 de mayo los representantes de la campaña Plan Sareb se reunieron con la directiva del FROB. Pese a reconocer algunos casos de mala gestión en los conflictos con los habitantes de los pisos de la Sareb, se negaron a retirar las demandas judiciales y no mostraron especial interés por abrir una negociación colectiva con su supervisión, tal como exige la campaña.

Una vez más, desde el principio

Los bancos y las cajas quebradas habían acumulado cerca de medio millón de activos “tóxicos” a través de sus propias inmobiliarias, de los desahucios, las daciones en pago, las adjudicaciones o las quiebras de constructores. Según cuenta Manuel Gabarre, autor de Tocando fondo (Traficantes de Sueños, 2019), el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea (Suiza) impuso unas condiciones de solvencia a los bancos de los países periféricos que obligaba a deshacerse de todos esas viviendas, esas hipotecas, suelos o promociones que lastraban sus cuentas. Hubo quienes supieron ver ahí un gran negocio.

El diseño político acordado entre la UE y el Gobierno del PP, concretado en el memorando de entendimiento de 2012, relata Gabarre, creó las condiciones para resucitar la economía española con la creación de nuevas burbujas inmobiliarias, en esta ocasión en el mercado del alquiler. Para ello, la UE y el Gobierno del Partido Popular impulsaron “un nuevo modelo de vivienda” que pasaba por el impulso de las socimis —pista de aterrizaje para los grandes fondos de inversión internacionales— y por la reducción del plazo del alquiler de cinco a tres años para poder “subir los precios cada menos tiempo”.

Entre los mandatos del memorando de entendimiento, figuraba la creación de un banco malo, la Sareb, que rescataría a los bancos y cajas con la compra de todos sus inmuebles tóxicos. ¿De dónde salió el dinero para ello? De un préstamo de la Unión Europea avalado por el Estado español. En la cabeza del ministro Luis de Guindos, todo cuadraba. Rescataría a los bancos y cajas con 50.000 millones de euros pagados por Bruselas y, para cerrar el círculo virtuoso, ese dinero no contaría como deuda pública. Para ello y a pesar de haber avalado la totalidad del préstamo, el Gobierno decidió quedarse con el 45% de la Sareb a través del FROB con la aportación de 2.200 millones de euros. Y permitió que los principales bancos españoles se quedaran con el 55% aportando solo 2.600 millones, sin ninguna responsabilidad sobre la gigantesca deuda comprometida con Europa. Con esta jugada, De Guindos consiguió que la Sareb no fuera consideraba una empresa pública y que esta sociedad no esté sujeta a las normas de transparencia de las empresas públicas. Al mismo tiempo conseguía, al menos hasta ahora, que aquellos 35.000 millones de euros, no estropearan las cifras de deuda pública española.

El plan del Gobierno del PP funcionaba sobre el papel: la Sareb compraría los activos tóxicos para luego revenderlos y con ese dinero devolver el préstamo a Bruselas. Pero la jugada no pudo salir peor, al menos para el Estado

El plan del Gobierno del PP funcionaba sobre el papel: la Sareb compraría los activos tóxicos para luego revenderlos y con ese dinero devolver el préstamo a Bruselas. Pero la jugada no pudo salir peor, al menos para el Estado. A falta de que el banco malo abra sus expedientes y se conozcan los detalles de sus operaciones, la ruina de esta entidad apunta a una doble causa: compró muy caro los activos tóxicos a los bancos y cajas y los malvendió —cuando encontró comprador— estos activos a fondos de inversión y otras inmobiliarias. Todo ello, tal como se está confirmando ahora, con dinero público.

Algo puede tener que ver el hecho de que las entidades encargadas de vender los activos de la Sareb fueran en muchas ocasiones las mismas entidades que los compraban. En 2013, cuenta Gabarre a El Salto, la Sareb eligió a cuatro intermediarios para que vendan su patrimonio, cobrando por ello “jugosas comisiones”. Tres de ellos eran los principales accionistas privados de la Sareb: Santander, La Caixa y el Banco Sabadell. Y el cuarto, encargado de uno de los mayores paquetes de la Sareb, se adjudicó a la filial española del fondo de inversión Cerberus, dirigida entonces por Juan Hoyos Martínez de Irujo, el íntimo amigo de José María Aznar desde tiempos de El Pilar. Como consultor de esta filial de este fondo buitre trabajó también el hijo del ex presidente, José María Aznar Botella. Apenas un ejemplo, señala Gabarre, de “todo el tráfico de influencias” que se daba entorno a la Sareb y el PP.

“Muchos de esos bienes de la Sareb, que son pisos, son hoteles, son terrenos, terminaron en fondos de inversión como Blackstone. Y lo que han hecho con esos bienes es alquilarlos o revenderlos, pero no sabemos con exactitud el número, porque la Sareb es todo ocultismo”, dice Gabarre.

Frente a una historia de opacidad y lo que Gabarre califica como “estafa” de los intereses inmobiliarios a costa del Estado, desde el Plan Sareb reclaman que todo el patrimonio del banco malo pase al parque público de vivienda, porque tal como remarca el lema de la campaña “sus casas son nuestras”.

https://www.elsaltodiario.com/especulacion-inmobiliaria/casas-son-nuestras-crece-presion-viviendas-sareb-parque-publico-banco-malo

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