Una empresa de energía pública al servicio de la ciudadanía


Santiago González Vallejo, Economista
Revista Política, julio 2021, nº 76, Izquierda Republicana
Fortalecer la capacidad productiva de lo público es complicado con las normas de competencia que rigen en la Unión Europea que considera que las empresas públicas deben estar en el ‘mercado’ sin ayudas del Estado y sujetas a la competencia. La creación de nuevas empresas públicas está sujeta a que se evalúen como un servicio de interés general y caso a caso. Los Tratados Europeos permiten la empresa pública, pero sus apartados facilitan la privatización de las mismas y no su creación y capitalización con recursos públicos.
Dicho esto, hay en el caso energético, tras la privatización ideológica que hizo el gobierno Aznar de Endesa y la pérdida de control indirecto de Gas Natural por parte de Repsol, una vía de desarrollo de una empresa pública volcada en la energía y que puede ser una fuente de ingresos y de industrialización del país.
Nos referimos a que, en estos años, desde hace poco y en los próximos años, se cumple la finalización de las concesiones a múltiples centrales hidroeléctricas, setenta y cinco años, con lo que tras ser explotadas por diversas empresas que están engordando sus dividendos de forma abusiva, tienen que revertir al Estado.
Ese engorde de beneficios viene por el sistema de fijación de precios de la electricidad en España, que es perversa. Actualmente, día a día se fija el precio de la luz a través del mercado mayorista de producción eléctrico, que determina la cantidad de producción y las unidades de generación de electricidad, estando el precio final de la electricidad en función del coste mayor de la última central eléctrica necesaria para cubrir la demanda, generalmente térmica de ciclo combinado a gas, con emisión de CO2, que depende de los precios internacionales del petróleo, después de que se pongan en ese pool productivo los Kilovatios producidos por medio de instalaciones de energías renovables (hidroeléctrica, eólica y solar), nuclear y otras menores como las de cogeneración. Con eso, se paga toda la electricidad generada al mayor precio, al del jamón de pata negra, aunque la mayor parte del condumio sea ensaladilla rusa y bocatines de tortilla, en afortunada metáfora. Y esta forma de proceder ha ocasionado de vez en cuando multas a las empresas eléctricas, en colusión, por alterar la puesta en marcha de centrales con menores costes para encarecer aún más el precio. Los productores de esa electricidad con menores costes se benefician extraordinariamente. Hay otras fórmulas de retribución, un porcentaje de remuneración al capital invertido, que ponderase más el coste medio que el marginal, etc.
En todo caso, el gobierno ha establecido dos medidas para paliar la carestía del precio libre de la luz, una temporal, la reducción del tipo de IVA al consumidor del 21 al 10 por ciento y dejar a cero el tipo del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el tercer trimestre; y una modificación del precio de la potencia y franjas horarias que no tiene como objetivo principal la factura de la luz, sino aplanar la gestión de la curva de demanda eléctrica y, como consecuencia, mejorar la eficiencia del conjunto de las instalaciones eléctricas, reducir los picos y valles de la demanda eléctrica y reducir la necesidad de esa generación eléctrica e inversiones en aumentar la potencia instalada (y no utilizada en muchas jornadas) mucho más cara.
Pero, volviendo a la cuestión de reversión al Estado de las instalaciones y producción de centrales hidroeléctricas, que se tiene que hacer a los 75 años de la concesión administrativa, estos años contemplaremos una paulatina finalización de concesiones, todas las otorgadas antes de 1946 y las que están a punto de vencer, desde la primera que ya se hizo, la Central de El Pueyo, de la Confederación del Ebro. Según datos públicos han vencido las concesiones de hasta 30 centrales hidroeléctricas hasta el año 2020 y hasta el año 2024, vencerán otras 19 centrales hidroeléctricas.
La energía hidroeléctrica es renovable y no emite CO2. El agua acumulada es un almacenamiento energético dispuesto para su uso cuando se necesite. Por supuesto hay que garantizar un caudal ecológico y unas vías de transferencias para que los ríos mantengan en lo posible su curso natural. Pero también, existe la posibilidad de mejorar la capacidad de las centrales hidroeléctricas, sobre todo las contiguas para lograr centrales reversibles que, en los periodos valle, con energía eólica no aprovechada, bombeen agua a la central hidroeléctrica en el curso superior del rio para que ésta, en los periodos picos, vuelva a soltar agua que genere nueva electricidad.
La creación de esta empresa pública facilitaría unos ingresos para una transición energética pública y privada más rápida, instalación de paneles solares y hasta fábrica de paneles. También para incidir en el mercado de la energía y en el precio de la luz.
Hay millones de metros cuadrados de tejados de edificios públicos que podrían ser aprovechados. Habría que empezar por las instalaciones públicas de los municipios donde se encuentran estas centrales hidroeléctricas para compensar a estos municipios por el uso del terreno y la anegación de parte de su término municipal, ayudando a su desarrollo.
Pero hace falta un impulso político que no estamos viendo en el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Prueba de ello es que no controla el número y el cuándo vencen las concesiones de centrales hidroeléctricas, ni las que han vencido y siguen sus concesionarios antiguos aprovechándose del agua caída del cielo. Sólo ha propuesto una reducción de la remuneración a los generadores (sin conocer si deberían haber sido revertidas al sector público las centrales explotadas o dejadas de usar). De ahí a no tener un plan industrial, ceder a las confederaciones hidrográficas el posible concurso de renovación a los actuales concesionarios, no desarrollar una política de ahorro y generación energética renovable desde el sector público, es lo que estamos viendo.
El gobierno debe tomar decisiones colectivas y ampararse en una mayoría parlamentaria que, formalmente, está a favor de esta propuesta. ¿Para cuándo su realización?

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