Mañana hace nueve años de la entrada en vigor de la ley de la Reforma Laboral de 2012 (RDL 3/2012, de 10 de febrero, posterior Ley 3/2012 de 6 de julio) una norma que tenía como objetivos principales fomentar la creación de empleo, favorecer la contratación indefinida y reducir la dualidad laboral así como favorecer la flexibilidad interna de las empresas como alternativa a la destrucción de empleo o mejorar la empleabilidad de los trabajadores, pero los datos confirman que la reforma fue un fracaso rotundo ya que no consiguió ninguno de estos objetivos, en la mayoría de los casos los empeoró.

La realidad es que la reforma laboral del 2012 sólo consiguió agravar los problemas estructurales del mercado laboral español y generar mayor desempleo, precariedad, temporalidad y fomentar los bajos salarios y las irregularidades en la contratación.

Fue y es un instrumento para debilitar los derechos de los trabajadores, desequilibrando a favor del empresario la estructura de la negociación colectiva y la posibilidad de articular la relación laboral. Derivado de ello, se retrasó, una vez finalizada la crisis, la posibilidad de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y se precarizó aún más el mercado laboral.

La extrema debilidad de ese mercado de trabajo obligó a la regulación de los ERTE realizada de manera urgente en el marco del diálogo social para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y evitar la debacle social de una masiva destrucción de empleo.

Facilitar el despido tuvo consecuencias. Más despidos